Hay una paradoja que recorre el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura como un bajo continuo imposible de ignorar: nunca en la historia de la humanidad se ha publicado tanto conocimiento científico de libre acceso, y nunca la distancia entre quienes lo producen y quienes apenas pueden consumirlo ha sido tan mensurable, tan documentada y tan difícil de justificar. El informe 2026 sobre ciencia abierta, presentado esta semana en la sede parisina de la UNESCO, establece que más del cuarenta por ciento de las publicaciones científicas a escala mundial son ya de acceso abierto —un hito sin precedentes—, pero advierte con una sobriedad que roza la severidad que esa cifra enmascara una distribución radicalmente desigual de la capacidad investigadora entre el norte y el sur global.

El documento, de más de trescientas páginas y elaborado con datos de ciento noventa y tres Estados miembros, constituye el seguimiento más exhaustivo de la Recomendación sobre Ciencia Abierta adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en noviembre de 2021, el primer instrumento normativo internacional en la materia. Aquella recomendación, aprobada por unanimidad, aspiraba a transformar la ciencia en un bien común genuino: no solo accesible en su lectura, sino abierto en sus datos, sus métodos, sus infraestructuras y su gobernanza. Cinco años después, el informe reconoce avances sustanciales en el primer objetivo —la apertura de las publicaciones— y un progreso considerablemente más lento, cuando no estancado, en los restantes.

Las cifras merecen un examen detenido. En 2015, apenas el veintiséis por ciento de los artículos científicos indexados en las grandes bases de datos internacionales —Scopus, Web of Science, OpenAlex— estaban disponibles en acceso abierto. Para 2020, esa proporción había ascendido al treinta y uno por ciento, impulsada por mandatos de financiadores europeos como el Plan S, por la expansión de repositorios institucionales y por el crecimiento de revistas de acceso abierto nativas. La barrera del cuarenta por ciento, superada según el informe en el transcurso de 2025, representa una aceleración notable. La UNESCO atribuye este impulso a la confluencia de políticas públicas —más de setenta países han adoptado estrategias nacionales de ciencia abierta—, a la presión de organismos de financiación y al efecto multiplicador de plataformas preprint como arXiv, bioRxiv y medRxiv, que durante y después de la pandemia de COVID-19 demostraron la viabilidad y la urgencia de la difusión inmediata de resultados.

Pero es en el capítulo dedicado a las asimetrías donde el informe adquiere su tono más admonitorio. Los países de ingreso alto —esencialmente América del Norte, Europa Occidental, Japón, Corea del Sur y Australia— concentran aproximadamente el ochenta por ciento del gasto mundial en investigación y desarrollo, una proporción que, lejos de reducirse, se ha mantenido estable o incluso se ha incrementado ligeramente en la última década. En el otro extremo, el continente africano, con mil cuatrocientos millones de habitantes, representa menos del uno por ciento de ese gasto global. América Latina, pese a contar con una tradición robusta de acceso abierto —la región fue pionera con iniciativas como SciELO y Redalyc—, destina en promedio apenas el 0,6 por ciento de su producto interior bruto a investigación y desarrollo, muy por debajo del promedio de la OCDE, que supera el 2,7 por ciento.

La consecuencia de esta disparidad es doble y perversa. Por un lado, los investigadores del sur global pueden ahora leer más ciencia que nunca, pero carecen de los recursos para producirla en condiciones comparables: laboratorios infradotados, salarios académicos insuficientes, sistemas de evaluación que penalizan la publicación en idiomas distintos del inglés, tasas de procesamiento de artículos —los llamados APC, por sus siglas en inglés— que pueden superar los tres mil dólares por publicación en revistas de alto impacto. Por otro lado, la propia lógica del acceso abierto, tal como se ha implementado mayoritariamente a través del modelo de pago por publicación, transfiere el coste de la difusión del lector al autor, lo que favorece estructuralmente a quienes disponen de financiación para sufragar esos cargos.

Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO, señaló durante la presentación del informe que la ciencia abierta no puede ser un privilegio de quienes ya poseen los medios para investigar. «El acceso abierto a la lectura es una condición necesaria pero radicalmente insuficiente», declaró. «Si no equilibramos la capacidad de producir conocimiento, corremos el riesgo de consolidar un modelo en el que el sur global es consumidor perpetuo de una ciencia diseñada, financiada y gobernada desde el norte.» La advertencia no es retórica: el informe documenta que, en las diez revistas científicas de mayor factor de impacto, la representación de autores afiliados a instituciones del África subsahariana, el sudeste asiático y América Central sigue siendo inferior al cinco por ciento.

El documento formula una serie de recomendaciones que, por su ambición, constituyen un programa político tanto como científico. Insta a los Estados miembros a incrementar la inversión pública en investigación, particularmente en los países de ingreso bajo y medio. Propone la creación de un fondo multilateral de compensación para sufragar las tasas de publicación de investigadores de países con menor capacidad financiera. Reclama el fortalecimiento de infraestructuras científicas abiertas —repositorios, plataformas de datos, sistemas de evaluación alternativos— que no dependan de editoriales comerciales con sede en el norte. Y subraya la necesidad de reconocer y valorar la producción científica en lenguas distintas del inglés, un punto que resuena con particular fuerza en la comunidad hispanohablante y francófona.

No es ocioso recordar que la ciencia abierta nació como un ideal ilustrado: el conocimiento como patrimonio de la humanidad, no como mercancía sujeta a muros de pago y acuerdos de licencia. Las grandes revistas científicas —Nature, Science, The Lancet, Cell— han operado durante décadas bajo un modelo en el que las universidades financian la investigación, los científicos escriben y revisan los artículos sin remuneración, y las editoriales venden el producto resultante a las mismas universidades que lo generaron, a precios que han crecido sistemáticamente por encima de la inflación. La transición al acceso abierto pretendía romper ese circuito. El informe de la UNESCO sugiere que, en su forma actual, lo ha reformulado más que desmantelado.

El panorama no es, sin embargo, enteramente sombrío. El informe destaca experiencias que demuestran que otro modelo es posible. La iniciativa latinoamericana AmeliCA, que promueve la publicación cooperativa sin fines de lucro; el African Open Science Platform, que aspira a construir una infraestructura continental de datos abiertos; la Diamond Open Access Alliance, que agrupa a revistas que no cobran ni a lectores ni a autores: todos estos proyectos prefiguran un ecosistema en el que la apertura no reproduce las jerarquías existentes, sino que las desafía.

Lo que el informe 2026 de la UNESCO pone de manifiesto, con una claridad que debería incomodar a legisladores, rectores y agencias de financiación por igual, es que la ciencia abierta no es un problema técnico resuelto por un cambio de modelo de negocio editorial. Es una cuestión de justicia epistémica: quién tiene derecho no solo a leer el conocimiento, sino a producirlo, a revisarlo, a gobernarlo y a beneficiarse de sus aplicaciones. Mientras esa pregunta no obtenga una respuesta que vaya más allá del cuarenta por ciento de artículos disponibles en una pantalla, el ideal de la ciencia como bien común seguirá siendo, en buena medida, una promesa incumplida.