Hay guerras que el mundo contempla y guerras que el mundo ignora, y Sudán lleva casi dos años instalado en la segunda categoría con una tenacidad que constituye, en sí misma, un escándalo moral de proporciones históricas. La escalada de los combates entre las Fuerzas Armadas Sudanesas del general Abdelfatah al Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido del teniente general Mohamed Hamdan Dagalo —conocido como Hemedti— ha empujado a más de veinticinco millones de personas al borde de la catástrofe humanitaria, según las estimaciones más recientes de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas. La cifra, que equivale a más de la mitad de la población del país, no es una proyección retórica: es un cómputo sobrio de seres humanos que necesitan alimento, agua, refugio o atención médica que no llega y que, con cada semana de combates renovados, tiene menores probabilidades de llegar.

El conflicto, que estalló en abril de 2023 como una disputa por el poder entre las dos facciones militares que habían derrocado conjuntamente al gobierno de transición civil, se ha transformado en una guerra total que ha redibujado la geografía humana de Sudán. Jartum, otrora una metrópoli de más de cinco millones de habitantes en la confluencia de los Nilos Blanco y Azul, es hoy un campo de batalla urbano donde barrios enteros han sido reducidos a escombros por la artillería y los combates casa por casa. En Darfur, la región occidental cuyo nombre quedó grabado en la conciencia internacional durante el genocidio de principios de siglo, las Fuerzas de Apoyo Rápido —herederas directas de las milicias Yanyauid— han perpetrado masacres documentadas contra comunidades masalit en El Geneina, Nyala y otras ciudades, según informes de Human Rights Watch y de la misión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

El desplazamiento forzoso alcanza magnitudes que desafían toda comparación contemporánea. Más de once millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el inicio de las hostilidades, lo que convierte a Sudán en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del mundo. De esa cifra, aproximadamente tres millones han cruzado fronteras internacionales hacia Chad, Sudán del Sur, Egipto y Etiopía, países cuyas propias fragilidades económicas y políticas hacen del acogimiento un acto de generosidad llevado al límite de lo sostenible. Chad, uno de los países más pobres del planeta, alberga a cientos de miles de refugiados sudaneses en campamentos a lo largo de su frontera oriental donde las agencias humanitarias operan con presupuestos recortados y cadenas de suministro precarias.

La cuestión del acceso humanitario constituye el nudo gordiano de esta crisis. Ambas partes beligerantes han empleado el hambre como arma de guerra, restringiendo de manera sistemática la entrada de convoyes de ayuda a las zonas bajo control enemigo. Las Fuerzas Armadas Sudanesas han exigido que toda la asistencia internacional se canalice a través de Port Sudán, el único puerto operativo del país, sometiendo cada cargamento a un laberinto burocrático que puede demorar semanas lo que debería resolverse en horas. Las Fuerzas de Apoyo Rápido, por su parte, han saqueado almacenes de ayuda, desviado suministros y atacado a trabajadores humanitarios en zonas que nominalmente controlan. El Programa Mundial de Alimentos ha denunciado en múltiples ocasiones que sus operaciones en Darfur y en el corredor de Jartum funcionan a una fracción de la capacidad necesaria.

La hambruna, declarada formalmente por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria en el campamento de Zamzam, en Darfur del Norte, durante el segundo semestre de 2024, se ha extendido a otras localidades. Los equipos de Médicos Sin Fronteras que operan en las zonas accesibles han reportado tasas de malnutrición aguda grave entre niños menores de cinco años que superan con creces los umbrales de emergencia. En el estado de Jezira, el granero agrícola de Sudán, la ocupación por parte de las RSF ha destruido ciclos de siembra completos, amenazando no solo el presente sino la capacidad productiva futura del país.

La dimensión geopolítica del conflicto añade capas de complejidad que la comunidad internacional ha sido incapaz —o reticente— de abordar con la firmeza requerida. Emiratos Árabes Unidos ha sido señalado reiteradamente por investigadores de la ONU y por medios internacionales como proveedor de armas y apoyo logístico a las Fuerzas de Apoyo Rápido, acusaciones que Abu Dabi niega. Egipto, por su parte, mantiene vínculos estratégicos con el ejército de Al Burhan, vinculados a sus intereses en torno a la Gran Presa del Renacimiento Etíope y a la estabilidad de su frontera meridional. Rusia, a través del grupo Wagner y sus entidades sucesoras, ha mantenido una presencia en Sudán ligada a concesiones mineras de oro y a la aspiración, nunca del todo consumada, de establecer una base naval en el Mar Rojo. Esta constelación de intereses cruzados ha paralizado al Consejo de Seguridad, donde las resoluciones sustantivas sobre Sudán encuentran obstáculos diplomáticos que reproducen, con deprimente fidelidad, los patrones de inacción que precedieron a las peores atrocidades del siglo XXI.

Los esfuerzos diplomáticos no han estado del todo ausentes, pero su eficacia ha sido inversamente proporcional a la gravedad de la situación. Las conversaciones de Yida, mediadas por Arabia Saudí y Estados Unidos en 2023 y 2024, produjeron acuerdos de alto el fuego que ninguna de las partes respetó más allá de horas. La Unión Africana, cuya Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo debería haber ejercido un papel rector, ha oscilado entre la mediación nominal y la irrelevancia operativa. El enviado especial de la ONU para Sudán ha carecido de los instrumentos coercitivos necesarios para alterar el cálculo de actores que perciben mayores beneficios en la continuación de la guerra que en su terminación.

Lo que está en juego trasciende las fronteras de Sudán. Un Estado de cuarenta y ocho millones de habitantes en proceso de fragmentación territorial y colapso institucional representa una amenaza directa para la estabilidad de toda la franja saheliana y del Cuerno de África. Los flujos de armas, combatientes y refugiados que emanan del conflicto sudanés alimentan dinámicas de desestabilización en Chad, en la República Centroafricana, en Libia y en Sudán del Sur. La posibilidad de que Darfur se consolide como un territorio gobernado por señores de la guerra con vínculos transnacionales evoca los peores escenarios de la Somalia de los años noventa, pero a una escala geográfica y demográfica considerablemente mayor.

En marzo de 2026, con el conflicto entrando en su tercer año, la pregunta que pende sobre la comunidad internacional no es si Sudán constituye una catástrofe —ese diagnóstico está establecido más allá de toda duda razonable—, sino cuánto sufrimiento adicional será necesario antes de que esa catástrofe reciba una respuesta proporcional a su magnitud. Veinticinco millones de personas esperan una respuesta que, hasta la fecha, no ha llegado. La historia juzgará esta espera con la severidad que merece.