Durante más de dos años, el mercado laboral estadounidense fue la fortaleza que sostuvo la narrativa de excepcionalismo económico de la posguerra pandémica: tasas de desempleo históricamente bajas, creación de empleo robusta y una demanda de trabajadores que superaba con creces la oferta disponible. Esa fortaleza ha comenzado a resquebrajarse. El informe semanal publicado por el Departamento de Trabajo el jueves pasado reveló que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo ascendieron a 280.000, una cifra que, si bien no alcanza los umbrales de alarma recesiva, representa el nivel más elevado en más de dos años y consolida una tendencia ascendente que lleva acumulándose desde el último trimestre de 2025. Las solicitudes continuas — aquellas presentadas por personas que siguen recibiendo prestaciones tras la primera semana — superaron los 1,9 millones, un indicador inequívoco de que quienes pierden su empleo tardan cada vez más en encontrar uno nuevo.

Las causas de este enfriamiento no son misteriosas ni susceptibles de debate semántico. Dos fuerzas convergentes, ambas originadas en decisiones de política ejecutiva, están comprimiendo simultáneamente la oferta y la demanda de trabajo. La primera es el programa de reducción del gobierno federal ejecutado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental — conocido por su acrónimo DOGE —, el organismo creado por decreto presidencial a comienzos de 2025 y dirigido por Elon Musk con el mandato explícito de recortar lo que la administración Trump denomina «grasa burocrática». La segunda es la escalada arancelaria global iniciada en abril de 2025, cuyos efectos acumulativos han alcanzado ya la masa crítica necesaria para alterar las decisiones de contratación del sector privado.

Los números del desmantelamiento federal hablan con elocuencia propia. Según estimaciones compiladas por la Oficina de Gestión de Personal y reportadas por medios como The Washington Post y Reuters, entre febrero de 2025 y marzo de 2026 se han eliminado o dejado vacantes más de 200.000 posiciones en la administración federal civil, cifra que incluye despidos directos, programas de jubilación anticipada incentivada, y la no renovación de contratos temporales. Agencias como la Agencia de Protección Ambiental, el Departamento de Educación, la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional han sufrido reducciones que oscilan entre el quince y el cuarenta por ciento de sus plantillas. DOGE ha presentado estos recortes como una victoria fiscal, citando ahorros proyectados de decenas de miles de millones de dólares anuales. Lo que las hojas de cálculo de eficiencia no capturan es el efecto multiplicador regional: cada empleo federal eliminado en ciudades como Washington, Atlanta, Denver o San Antonio arrastra consigo actividad económica en servicios, comercio minorista y vivienda que dependen del gasto de esos trabajadores.

Los datos de solicitudes de desempleo del Distrito de Columbia, Maryland y Virginia — el corredor metropolitano que alberga la mayor concentración de empleados federales del país — muestran incrementos particularmente pronunciados, con alzas interanuales que en algunos condados superan el treinta por ciento. Pero el fenómeno no se circunscribe a la geografía del gobierno. Estados con bases industriales significativas, como Ohio, Michigan, Carolina del Norte y Georgia, también registran aumentos notables, un patrón que los economistas laborales vinculan directamente con el segundo vector de presión: los aranceles.

La arquitectura arancelaria construida por la administración Trump desde abril de 2025 ha transformado el paisaje del comercio internacional estadounidense con una radicalidad sin precedentes desde la Ley Smoot-Hawley de 1930. Aranceles del veinticinco por ciento sobre importaciones de acero y aluminio, gravámenes adicionales sobre automóviles y autopartes, y tasas punitivas sobre productos chinos que en algunos casos alcanzan el ciento cuarenta y cinco por ciento han generado un entorno de incertidumbre que paraliza la inversión. La Federación Nacional de Empresas Independientes reportó en su encuesta de febrero de 2026 que el índice de incertidumbre entre pequeños empresarios alcanzó su segundo nivel más alto en los cuarenta y nueve años de historia de la medición. Cuando un fabricante de componentes electrónicos en Carolina del Norte no sabe cuál será el coste de sus insumos importados dentro de noventa días, la respuesta racional no es contratar: es congelar.

Las consecuencias se manifiestan ya en los datos duros del empleo. El informe de situación laboral de febrero de 2026, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales a principios de mes, mostró una creación de empleo no agrícola de apenas 120.000 puestos, por debajo de las expectativas del consenso y significativamente inferior al promedio mensual de 2024. La tasa de desempleo subió una décima hasta el 4,2 por ciento, un movimiento modesto en apariencia pero revelador en contexto: es el nivel más alto desde noviembre de 2021. El sector manufacturero perdió empleo neto por quinto mes consecutivo, y el sector de servicios profesionales y empresariales — tradicionalmente un indicador adelantado de la salud corporativa — mostró una desaceleración notable.

La Reserva Federal, reunida la semana pasada, mantuvo la tasa de fondos federales sin cambios en el rango de 4,25 a 4,50 por ciento, pero alteró sutilmente su lenguaje prospectivo para reconocer lo que el presidente Jerome Powell describió en su conferencia de prensa como «señales emergentes de moderación en las condiciones del mercado laboral». Powell fue deliberadamente cauto al evitar atribuir la desaceleración a causas específicas de política, pero la propia proyección mediana actualizada del Comité Federal de Mercado Abierto revisó al alza su estimación de desempleo para finales de 2026, situándola en el 4,4 por ciento frente al 4,1 previsto en diciembre.

Los mercados financieros, por su parte, han comenzado a descontar un escenario menos benigno. El índice S&P 500 acumula una caída superior al ocho por ciento desde su máximo de febrero, arrastrado por las valoraciones de empresas industriales y de consumo discrecional especialmente expuestas al comercio internacional. Los diferenciales de crédito en el segmento de bonos corporativos de alta rentabilidad se han ampliado, señal de que los inversores perciben un deterioro en la capacidad de repago de las empresas más vulnerables. Goldman Sachs elevó la semana pasada su probabilidad estimada de recesión en los próximos doce meses al treinta y cinco por ciento, desde el veinte por ciento de su estimación anterior.

Lo que convierte este momento en particularmente peligroso es la naturaleza autoinfligida de ambas presiones. Los recortes de DOGE no son el producto de una contracción cíclica sino de una decisión política deliberada, ejecutada a velocidad industrial y sin los mecanismos de absorción — programas de recualificación, paquetes de transición ampliados, inversión compensatoria en infraestructura — que podrían haber mitigado su impacto sobre el empleo. Los aranceles, igualmente, no responden a fuerzas exógenas sino a una estrategia negociadora cuyas consecuencias económicas domésticas fueron explícitamente subordinadas a objetivos geopolíticos. La combinación de ambas políticas crea un efecto de pinza que comprime el mercado laboral desde el sector público y desde el sector privado simultáneamente, eliminando el mecanismo compensatorio que históricamente ha amortiguado las transiciones en una u otra dirección.

En los pasillos de los centros de empleo de Maryland y Virginia, donde miles de exempleados federales presentan solicitudes de subsidio mientras actualizan currículos que durante décadas no necesitaron actualizar, la retórica de la eficiencia gubernamental suena hueca. En las plantas de manufactura de Ohio donde las líneas de producción operan a turnos reducidos porque los costes de materiales importados han devorado los márgenes, las promesas de renacimiento industrial suenan distantes. El mercado laboral estadounidense no se ha desplomado. Pero ha comenzado a ceder, y las grietas llevan la firma inconfundible de quien las provocó.