El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ha anunciado los contornos de una reestructuración de gran calado en la disposición de fuerzas estadounidenses desplegadas en Europa y el Pacífico occidental, un movimiento tectónico en la arquitectura de seguridad de posguerra que, de consumarse, alteraría compromisos de alianza mantenidos sin interrupción sustancial durante más de siete décadas. La revisión, ordenada por el secretario de Defensa Pete Hegseth poco después de su confirmación por el Senado en enero de 2025, ha madurado durante más de un año bajo la denominación interna de Global Force Posture Review y alcanza ahora la fase de recomendaciones ejecutivas al presidente Trump, según funcionarios del Pentágono que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizados a divulgar los pormenores del documento.

En el centro de la controversia se encuentra la posibilidad — calificada por fuentes del Departamento de Defensa como «una de varias opciones sobre la mesa» — de reducir significativamente los aproximadamente 35.000 efectivos estacionados actualmente en Alemania, la mayor concentración de tropas estadounidenses en suelo europeo. La revisión plantea asimismo una renegociación integral de los acuerdos de reparto de costos vigentes con los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, mecanismo mediante el cual las naciones anfitrionas sufragan una proporción de los gastos asociados al estacionamiento de fuerzas aliadas en su territorio. El argumento esgrimido por el liderazgo civil del Pentágono es que varios aliados europeos, pese a haber incrementado sus presupuestos de defensa tras la cumbre de Gales de 2014 y especialmente desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, siguen sin asumir una carga que Hegseth ha calificado públicamente de «proporcionalmente justa».

La dimensión pacífica de la reestructuración no resulta menos significativa. Según el esquema filtrado, el Pentágono estudia redistribuir activos navales y aéreos desde instalaciones consolidadas en Japón y Corea del Sur hacia posiciones más dispersas en Guam, Palaos, Filipinas y el norte de Australia, en línea con la doctrina de «fuerza distribuida» que los planificadores militares consideran más resiliente ante la creciente capacidad de misiles de precisión de largo alcance del Ejército Popular de Liberación de China. Esta reconfiguración, sin embargo, exigiría inversiones multimillonarias en infraestructura de base en territorios insulares del Pacífico, un coste que los críticos del plan consideran incompatible con la retórica simultánea de austeridad fiscal.

La reacción en el Congreso ha sido inmediata, vehemente y notablemente bipartidista. El senador Roger Wicker, republicano de Misisipi y presidente del Comité de Fuerzas Armadas del Senado, emitió un comunicado en el que, sin cuestionar directamente la autoridad del secretario para iniciar la revisión, advirtió de que «cualquier reducción material de la presencia adelantada en Europa requiere consulta previa con el Congreso y no puede ejecutarse por decreto administrativo». En la Cámara de Representantes, el congresista demócrata Adam Smith, de Washington, miembro de alto rango del comité homólogo, fue más contundente: calificó la iniciativa de «estratégicamente negligente en un momento en que Rusia mantiene una guerra de agresión activa contra Ucrania y China intensifica sus provocaciones en el Estrecho de Taiwán».

El malestar no se circunscribe a las tribunas legislativas. Varios oficiales generales en activo y retirados, hablando con diversos medios bajo distintos grados de anonimato, han expresado reservas profundas sobre la premisa de que la presencia adelantada pueda sustituirse adecuadamente por capacidad de despliegue rápido desde territorio continental estadounidense. El general retirado Ben Hodges, que comandó el Ejército de los Estados Unidos en Europa entre 2014 y 2017, ha argumentado reiteradamente que la disuasión descansa no en la promesa abstracta de refuerzo, sino en la presencia física e inequívoca de fuerzas capaces de combatir desde el primer momento de una crisis. La base de Ramstein, en Renania-Palatinado, y el complejo de Grafenwöhr, en Baviera, no son meros campamentos: constituyen nodos logísticos de los que depende la capacidad de proyección de poder de los Estados Unidos hacia Europa oriental, Oriente Medio y África.

El gobierno alemán, bajo la cancillería de Friedrich Merz, ha respondido con una cautela diplomática que apenas disimula la alarma. En una comparecencia ante el Bundestag, el ministro de Defensa Boris Pistorius —retenido en el cargo por Merz pese al cambio de coalición— declaró que Berlín «toma nota de las deliberaciones internas de su principal aliado» y reiteró que Alemania ha elevado su gasto en defensa por encima del umbral del dos por ciento del producto interior bruto exigido por la OTAN, situándolo en el 2,1 por ciento en el ejercicio corriente. No obstante, fuentes cercanas al gobierno federal alemán han reconocido que la posibilidad de una reducción sustancial de tropas estadounidenses constituye un factor determinante en la aceleración de los programas de rearme europeo y en las conversaciones franco-alemanas sobre un pilar de defensa continental autónomo.

En el frente jurídico-legislativo, la batalla se anticipa prolongada y técnicamente compleja. La Ley de Autorización de Defensa Nacional para el año fiscal 2025, aprobada con apoyo bipartidista, incluyó una disposición — la sección 1232 — que exige al secretario de Defensa notificar al Congreso con un mínimo de 180 días de antelación cualquier reducción que sitúe la presencia militar en un país aliado de la OTAN por debajo de los niveles de septiembre de 2024. Legisladores de ambos partidos han señalado que esta cláusula funciona como un freno de emergencia institucional. La administración Trump, por su parte, ha insinuado a través de declaraciones del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional que el presidente posee autoridad constitucional como comandante en jefe para reposicionar fuerzas según su criterio estratégico, un argumento que, de formalizarse, podría desembocar en un enfrentamiento entre poderes ante los tribunales federales.

Lo que emerge del conjunto de estas maniobras es algo más que una disputa presupuestaria o una negociación transaccional con aliados. Se trata de una revisión de primer orden del papel que los Estados Unidos han desempeñado como garante de la seguridad colectiva en dos teatros simultáneos desde 1945. La doctrina implícita en la revisión de Hegseth — que la presencia adelantada es un coste, no una inversión; una concesión, no una palanca — representa una ruptura filosófica con el consenso estratégico que animó tanto la administración Eisenhower como la administración Obama, tanto el Concepto Estratégico de la OTAN de 2022 como el pivote hacia Asia de la era Clinton.

Los próximos meses determinarán si esta reestructuración se materializa o si, como ocurrió con iniciativas análogas en administraciones anteriores, la inercia institucional, la resistencia legislativa y las realidades geopolíticas la convierten en una declaración de intenciones que el aparato de defensa absorbe y diluye. Lo que no admite duda es que el anuncio ya ha producido efectos: los aliados recalculan, los adversarios observan, y en los pasillos del Capitolio la pregunta ya no es si la arquitectura de seguridad estadounidense cambiará, sino cuánto control conservará el Congreso sobre la dirección y la velocidad de ese cambio.