Dos acciones del poder ejecutivo de los Estados Unidos, ejecutadas con cinco días de diferencia y dirigidas contra el mismo nexo de financiación federal y política racial en las instituciones del país, han reconfigurado el terreno jurídico sobre el que operan las universidades y las grandes corporaciones que mantienen contratos con el gobierno de la república. El 26 de marzo, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva titulada «Addressing DEI Discrimination by Federal Contractors», la tercera de su segundo mandato orientada a desmantelar los programas de diversidad, equidad e inclusión. Al día siguiente, la Universidad de Harvard presentó ante el tribunal federal del Distrito de Massachusetts un escrito de siete páginas en el que argumenta que la demanda civil interpuesta por el Departamento de Justicia el 20 de marzo constituye una reiteración de las mismas acusaciones ya desestimadas por una jueza federal en septiembre de 2025.

La orden ejecutiva, según la hoja informativa publicada simultáneamente por la Casa Blanca, exige que todos los contratos federales sujetos a la Ley de Propiedad Federal y Servicios Administrativos incluyan una cláusula que prohíba a contratistas y subcontratistas participar en lo que el texto denomina «actividades DEI racialmente discriminatorias». La definición adoptada por el documento presidencial es específica: según el texto de la propia orden, dichas actividades constituyen «trato desigual basado en raza o etnia en el reclutamiento, empleo (por ejemplo, contratación, ascensos), contratación (por ejemplo, acuerdos con proveedores), participación en programas, o asignación o despliegue de los recursos de una entidad». La orden define además «participación en programas» como la membresía, el acceso o la admisión a programas de capacitación, mentoría, desarrollo de liderazgo, oportunidades educativas, clubes, asociaciones y oportunidades similares patrocinadas por el contratista.

Las agencias federales disponen de treinta días —es decir, hasta el 25 de abril de 2026, según el análisis publicado por Morgan Lewis— para incorporar la cláusula en los contratos vigentes y futuros. Los contratistas que firmen la cláusula se comprometen, según el texto de la orden, a proporcionar al gobierno «toda la información e informes, incluyendo acceso a libros, registros y cuentas» con el fin de verificar el cumplimiento. El incumplimiento puede resultar en la cancelación, terminación o suspensión del contrato, así como en la inhabilitación del contratista para futuros acuerdos gubernamentales, según establece la propia orden publicada en el sitio oficial de la Casa Blanca.

La dimensión punitiva de la directiva es considerable. Según informó Government Executive, la orden autoriza al Fiscal General a priorizar demandas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act) contra contratistas que violen los términos contractuales, lo que abre una segunda vía de responsabilidad legal más allá de la pérdida del contrato. Gibson Dunn señaló en su análisis que la vinculación explícita entre cumplimiento y la Ley de Reclamaciones Falsas, dada la posibilidad de daños triples, multas y daño reputacional, representa una «significativa área de exposición potencial» para los contratistas.

Es la tercera orden ejecutiva del presidente Trump dirigida contra las iniciativas de diversidad. Según Legal Insurrection, las dos primeras —«Ending Illegal Discrimination and Restoring Merit-Based Opportunity» y «Ending Radical and Wasteful Government DEI Programs and Preferencing»— fueron emitidas en enero de 2025 y recientemente confirmadas por la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito, que el 6 de febrero de 2026 anuló la medida cautelar a nivel nacional dictada por un juez federal de Maryland, según informó Bloomberg Law. No obstante, la nueva orden se distingue de sus predecesoras en aspectos sustanciales. Mientras que la orden EO 14173 no definía el término «DEI» y se limitaba a programas que violaran las leyes federales antidiscriminación, la nueva directiva ofrece una definición propia y más amplia, e incluye por primera vez a los subcontratistas bajo su ámbito de aplicación.

La repercusión para el sector educativo es directa e inmediata. Según el análisis del bufete Pillsbury, las universidades —un sector que «ya ha sido frecuentemente objeto de las acciones de aplicación de derechos civiles de la administración Trump»— podrían encontrar especialmente prudente consultar con asesores legales, dado que la orden instruye a los directores de las agencias federales a compilar una lista de «sectores económicos que plantean un riesgo particular» de incurrir en actividades consideradas como DEI racialmente discriminatorio. Las universidades públicas que mantienen contratos federales de investigación quedan, por tanto, directamente afectadas. Julia Judish, asesora especial del bufete Pillsbury, advirtió en declaraciones recogidas por Government Executive que la inclusión del «reclutamiento» en la definición constituye un «giro de ciento ochenta grados» para los contratistas federales, y planteó la incógnita de si la participación de un contratista gubernamental en una feria de empleo en una universidad históricamente negra podría considerarse una asignación racialmente discriminatoria de recursos.

En paralelo, el frente judicial entre Harvard y la administración Trump ha escalado con una nueva maniobra procesal de la universidad. El Departamento de Justicia presentó el 20 de marzo una demanda civil ante el Tribunal Federal del Distrito de Massachusetts acusando a Harvard de haber violado el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, alegando que la institución fue «deliberadamente indiferente» al antisemitismo en su campus tras los ataques del 7 de octubre de 2023, según informaron Higher Ed Dive y The Harvard Crimson. La demanda solicita que un tribunal declare a Harvard en violación del Título VI y la condene a devolver casi mil millones de dólares en subvenciones federales, según reportó The Harvard Crimson. El gobierno también solicita la designación de un monitor independiente, aprobado por el Fiscal General Adjunto para Derechos Civiles, para supervisar el cumplimiento de la universidad.

La respuesta de Harvard, presentada el 27 de marzo en un escrito de siete páginas, ataca la estrategia procesal del gobierno. Los abogados de la universidad sostienen que el Departamento de Justicia «busca una repetición», reviviendo «las mismas afirmaciones desacreditadas» que ya fueron examinadas en los tribunales, según el texto del escrito citado por The Harvard Crimson. Harvard argumenta que la demanda del gobierno omitió el precedente más relevante: el litigio anterior de la propia universidad contra la administración Trump, resuelto en septiembre de 2025 por la jueza de distrito Allison D. Burroughs.

En aquel caso, la jueza Burroughs determinó que la congelación y terminación de miles de millones de dólares en subvenciones federales por parte de la administración era ilegal, y describió la justificación del gobierno basada en el antisemitismo como «una cortina de humo para un asalto dirigido e ideológicamente motivado», según el fallo citado tanto por The Harvard Crimson como por Reason. Burroughs prohibió al gobierno retener fondos o imponer condiciones como las exigidas. Harvard sostiene ahora que la nueva demanda del DOJ busca alcanzar fines comparables por la vía del litigio: terminar la financiación federal de Harvard, recuperar fondos ya desembolsados e imponer una serie de reformas estructurales, incluyendo nuevas políticas disciplinarias, controles más estrictos sobre las protestas y cooperación con las fuerzas del orden, según informó The Harvard Crimson.

La disputa procesal se centra en la asignación del caso. El Departamento de Justicia vinculó su demanda a dos litigios privados anteriores presentados en 2024, incluido uno interpuesto por Alexander «Shabbos» Kestenbaum, graduado de la Escuela de Divinidad de Harvard, que fueron conocidos por el juez de distrito Richard G. Stearns, según The Harvard Crimson. Harvard contrarió esa designación, argumentando que esos casos involucraban demandantes diferentes y reclamaciones más limitadas, y que el caso genuinamente relacionado es el resuelto por la jueza Burroughs. Si el tribunal acepta la petición de Harvard, el caso sería transferido de Stearns a Burroughs, cuyo fallo favorable a la universidad el pasado otoño restauró las subvenciones. El propio juez Stearns expresó escepticismo sobre la designación de caso relacionado realizada por el gobierno, ordenando al DOJ que explicara la conexión, según informó The Harvard Crimson.

El contexto institucional es significativo. La confrontación entre la administración Trump y Harvard se ha prolongado durante más de un año. La administración congeló previamente más de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones en contratos a la universidad, según informó Reason citando cifras del gobierno. Harvard ganó la batalla judicial en septiembre de 2025 y vio restaurados sus fondos. La administración apeló la decisión en diciembre. Columbia University, por su parte, alcanzó un acuerdo el año pasado pagando 200 millones de dólares para restaurar la mayor parte de sus 400 millones en financiación federal cancelada, según Reason y Higher Ed Dive.

Expertos legales consultados por The Harvard Crimson manifestaron dudas sobre la solidez de la nueva demanda del DOJ. Beth Gellman-Beer, abogada con casi dos décadas de experiencia en la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación, sostuvo que el caso del DOJ podría ser retrospectivo: sólido en 2023 o 2024, cuando Harvard enfrentaba dificultades para responder a las protestas pro-palestinas, pero mucho más débil ahora que la universidad ha adoptado medidas contra el antisemitismo. El juez Stearns, por su parte, ya tiene precedente relevante: el año pasado desestimó una demanda similar de un estudiante de la Escuela de Negocios de Harvard, determinando que el demandante no podía «transformar el sentimiento anti-Israel de sus agresores en antisemitismo basándose en el uso de cierta retórica», según The Harvard Crimson.

Para los Estados Unidos, la confluencia de ambas acciones —la orden ejecutiva y la demanda contra Harvard— constituye un momento definitorio en el esfuerzo de la administración por recalibrar las condiciones bajo las cuales el dinero del contribuyente estadounidense fluye hacia las instituciones que lo reciben. El principio articulado es el de la meritocracia contractual: que los miles de millones de dólares que el gobierno federal distribuye anualmente a través de contratos y subvenciones deben estar sujetos a la exigencia de que ningún ciudadano sea tratado de manera diferente por su raza o etnia. Que ese principio se aplique con la precisión que la ley exige, y no como instrumento de presión política, es la cuestión que los tribunales federales tendrán que resolver en los meses venideros.