Editor’s Note: This article was published as part of the inaugural edition of The Commonwealth Times and reflects events as reported at the time of the referenced news coverage.

Existe en la tradición legislativa estadounidense un género de ambición desmesurada: el proyecto de ley ómnibus que aspira a transformar, de un solo trazo parlamentario, la relación entre el ciudadano y su gobierno. El denominado «One Big Beautiful Bill» — nombre que el expresidente Donald Trump acuñó con su característica predilección por el superlativo — pertenece a esa estirpe. Pero lo que ahora se debate en los pasillos del Capitolio no es mera política presupuestaria: es una disputa civilizacional sobre quién merece la protección del Estado, quién carga con el peso de la austeridad y a quién se conceden los dividendos de la prosperidad.

El proyecto de reconciliación presupuestaria que los republicanos impulsan a través de ambas cámaras del Congreso constituye, en su estructura, una operación de ingeniería fiscal sin precedentes recientes. Su columna vertebral descansa sobre tres pilares: la extensión permanente de los recortes tributarios aprobados en la Tax Cuts and Jobs Act de 2017 — cuyas disposiciones individuales expirarían a finales de 2025 —, un incremento sustancial del gasto en defensa que llevaría el presupuesto del Pentágono más allá de los novecientos mil millones de dólares anuales, y una serie de recortes profundos a programas de la red de seguridad social, con Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) como blancos principales.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), árbitro apartidista cuyas estimaciones constituyen la vara de medir de la disciplina fiscal en Washington, ha emitido advertencias que deberían perturbar el sueño de cualquier legislador con pretensiones de responsabilidad fiduciaria. Según las proyecciones más recientes, el paquete legislativo añadiría entre tres y cuatro billones de dólares al déficit federal durante la próxima década, cifra que sitúa la deuda nacional en una trayectoria que economistas de diversa filiación califican de insostenible. La deuda pública federal, que ya supera los treinta y seis billones de dólares, se encaminaría hacia umbrales que ninguna economía desarrollada ha alcanzado jamás en tiempos de paz.

Los defensores del proyecto esgrimen un argumento de ortodoxia económica que, si bien ha sido disputado empíricamente, conserva una fuerza retórica considerable: los recortes fiscales, sostienen, estimularán el crecimiento económico con tal vigor que los ingresos tributarios compensarán con creces la reducción de las tasas impositivas. Es la vieja promesa de la curva de Laffer, resucitada con nuevos ropajes. El presidente de la Cámara de Representantes ha calificado el proyecto como «la legislación más importante de nuestra generación», arguyendo que liberará a familias y empresas del yugo de una fiscalidad asfixiante. Los proponentes señalan, además, que el fortalecimiento del gasto militar responde a imperativos estratégicos ineludibles frente a la competencia con China, la guerra en Ucrania y la inestabilidad crónica de Oriente Medio.

Pero es en el capítulo de los recortes sociales donde el proyecto revela su naturaleza más descarnada y donde las fisuras dentro de la propia coalición republicana amenazan con convertirse en fracturas tectónicas. Los recortes propuestos a Medicaid — el programa de seguro médico que cubre a más de ochenta millones de estadounidenses de bajos ingresos, personas con discapacidad, ancianos en residencias y niños — no son ajustes marginales. Se contemplan reducciones que, según el Center on Budget and Policy Priorities, podrían dejar sin cobertura sanitaria a entre quince y veinte millones de personas. Las medidas incluyen la imposición de requisitos de empleo para beneficiarios adultos sin dependientes, la reducción de la participación federal en la expansión de Medicaid que aprobó la Affordable Care Act y la introducción de límites más estrictos de elegibilidad.

El SNAP, que alimenta a aproximadamente cuarenta y dos millones de estadounidenses — una cifra que incluye a millones de niños y veteranos —, enfrenta restricciones análogas: endurecimiento de los requisitos laborales, reducción de los períodos de elegibilidad y limitaciones a las excepciones por las que los estados pueden ampliar la cobertura. Los proponentes argumentan que estas medidas devuelven la dignidad del trabajo a quienes se han acomodado en la dependencia estatal. Los críticos responden que tal retórica ignora la realidad empírica de quiénes son los beneficiarios: personas que ya trabajan en empleos precarios, ancianos con pensiones insuficientes, familias monoparentales atrapadas entre el coste astronómico de la vivienda y salarios que no alcanzan.

Lo verdaderamente revelador del debate es la disidencia interna. Un grupo de republicanos moderados, predominantemente de distritos suburbanos y estados que aceptaron la expansión de Medicaid bajo el Obamacare, ha expresado reservas que van más allá del mero cálculo electoral. Legisladores como los representantes de Nueva York, California y Ohio — estados donde la expansión de Medicaid benefició a millones de electores que no se identifican como demócratas — han advertido que no votarán a favor de un proyecto que despoje de cobertura sanitaria a sus propios constituyentes. Con una mayoría republicana ajustada en la Cámara, basta un puñado de deserciones para hundir la iniciativa.

En el Senado, la aritmética es igualmente implacable. Senadores de estados rurales — donde Medicaid y SNAP constituyen el tejido conjuntivo que mantiene funcionando hospitales, clínicas y economías locales — han señalado que los recortes propuestos devastarían comunidades que votaron abrumadoramente por Trump. La paradoja es brutal: las poblaciones más beneficiadas por los programas que se pretende recortar son, en proporción considerable, las mismas que conforman la base electoral del partido que impulsa los recortes. Los hospitales rurales, muchos de los cuales dependen de Medicaid para más de la mitad de sus ingresos, cerrarían en número alarmante, según proyecciones de la American Hospital Association.

Conviene situar este debate en su contexto histórico. La reconciliación presupuestaria — mecanismo parlamentario que permite aprobar legislación fiscal con mayoría simple en el Senado, evitando el filibusterismo — ha sido utilizada por ambos partidos para impulsar legislación transformadora: los demócratas la emplearon para aprobar la Affordable Care Act en 2010 y el American Rescue Plan en 2021; los republicanos la usaron para la reforma fiscal de 2017. Pero el alcance del paquete actual supera a todos sus predecesores en ambición y en la magnitud de sus consecuencias redistributivas. Se trata, en esencia, de transferir recursos desde la base de la pirámide socioeconómica hacia su vértice, financiando esa transferencia con deuda que pagarán generaciones futuras.

La pregunta que subyace a todo el debate es de una simplicidad casi cruel: ¿para quién existe el gobierno federal? Si los recortes fiscales benefician desproporcionadamente a los hogares con ingresos superiores a los cuatrocientos mil dólares anuales — como indican los análisis del Tax Policy Center —, y los recortes de gasto se concentran en programas que sirven a los hogares con ingresos inferiores a los treinta mil dólares, entonces la legislación opera como un mecanismo de redistribución inversa de una claridad geométrica. No es una caricatura ideológica; es aritmética.

Los mercados financieros, por su parte, han reaccionado con esa ambivalencia que caracteriza al capital: celebran la perspectiva de impuestos más bajos mientras se inquietan ante una trayectoria de deuda que podría erosionar la calificación crediticia soberana de Estados Unidos. Las agencias calificadoras ya degradaron la perspectiva de la deuda estadounidense en años recientes; un aumento de varios billones de dólares al déficit proyectado no hará sino intensificar esa presión. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años ha registrado volatilidad significativa desde que el proyecto cobró impulso legislativo, señal inequívoca de que los inversores toman en serio las advertencias de la CBO.

Hay quienes argumentan — y no carecen enteramente de razón — que el gasto federal en programas sociales ha crecido de manera insostenible y que una revisión rigurosa es necesaria. Pero la revisión rigurosa exige honestidad intelectual, no eufemismos legislativos. Si se pretende reducir el gasto social, debe hacerse con plena transparencia sobre quién sufrirá las consecuencias y con un plan creíble para mitigar el daño. Lo que el «One Big Beautiful Bill» ofrece en su lugar es la ficción de que se puede recortar billones de la red de seguridad social sin que nadie pierda nada esencial — una ficción que insulta la inteligencia del contribuyente al que dice servir.

En última instancia, este proyecto de ley será juzgado no por la elegancia de su nombre ni por la audacia de su ambición, sino por sus consecuencias materiales en la vida de millones de personas que no tienen acceso a los lobbistas de K Street ni a los donantes que financian las campañas de quienes redactan estas leyes. Una república se define no por cómo trata a sus ciudadanos más prósperos, sino por cómo protege a sus más vulnerables. El Congreso de Estados Unidos tiene ante sí una decisión que resonará durante décadas. Convendría que la tomase con los ojos abiertos.