El Departamento de Educación de los Estados Unidos ha dejado de ser, en la práctica, lo que fue durante más de cuatro décadas. Diez acuerdos interagenciales firmados en el transcurso de un año por la secretaria Linda McMahon han distribuido decenas de programas federales entre los departamentos de Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Interior, Estado y, desde el pasado 19 de marzo, el Departamento del Tesoro, que asumirá la gestión operativa de la cobranza de préstamos estudiantiles en mora — la primera fase de un plan en tres etapas para transferir la totalidad de una cartera que roza los 1,7 billones de dólares. Inside Higher Ed publicó el 24 de marzo un análisis exhaustivo que documenta cada uno de esos diez acuerdos, la arquitectura legal invocada para justificarlos y las objeciones constitucionales que han suscitado.

La magnitud de la operación no admite precedente en la historia administrativa de la república. Según informó Inside Higher Ed, McMahon ha convertido un instrumento burocrático hasta entonces oscuro — el acuerdo interagencial, o IAA por sus siglas en inglés — en el mecanismo central para avanzar el objetivo declarado del presidente Trump de clausurar el Departamento de Educación sin la aprobación legislativa que la ley exige. En palabras de la propia publicación, McMahon «ha desafiado los estándares previos» al emplear los IAA para externalizar la responsabilidad de programas enteros, planteando preocupaciones de que se intenta «sortear al Congreso y desmantelar esencialmente el Departamento de Educación sin la aprobación de los legisladores».

La secuencia comenzó en junio de 2025, cuando documentos judiciales revelaron que un puñado de programas de educación para adultos, hasta entonces supervisados por la Oficina de Educación Técnica y de Adultos del Departamento, estaban siendo transferidos al Departamento de Trabajo. En noviembre de 2025, McMahon anunció seis acuerdos adicionales que trasladaron docenas de programas a cuatro departamentos distintos: Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Interior y Estado, según reportó Inside Higher Ed. Dos acuerdos más se formalizaron en febrero de 2026, incluyendo la transferencia de la supervisión de fondos extranjeros en universidades al Departamento de Estado y de programas de salud mental y seguridad escolar a Salud y Servicios Humanos, según informaron tanto Education Week como Federal News Network.

El décimo acuerdo, anunciado el 19 de marzo, constituye con diferencia el más ambicioso. Según reportó NPR, el Departamento del Tesoro asumirá la responsabilidad operativa de cobrar la deuda estudiantil en mora — aproximadamente 180.000 millones de dólares correspondientes a unos 9,2 millones de prestatarios, el 11 por ciento de la cartera total, según datos de Associated Press publicados por PBS. La administración delineó una transición en tres fases: la primera, inmediata, transfiere la cobranza de préstamos en impago; la segunda expandirá la gestión del Tesoro a préstamos no morosos «en la medida de lo practicable»; y la tercera transferirá la administración de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Estudiantil (FAFSA), según informó NPR.

La secretaria McMahon declaró que la medida busca remediar «décadas de mala gestión». En un comunicado reportado por The Hill y otras agencias, afirmó que «al aprovechar la experiencia mundialmente reconocida del Tesoro en finanzas y política económica, confiamos en que los estudiantes, prestatarios y contribuyentes estadounidenses finalmente tendrán programas funcionales». Desde la perspectiva del interés nacional, la transferencia plantea una pregunta de primera magnitud: si el aparato financiero más poderoso del gobierno federal puede efectivamente mejorar la administración de una cartera que afecta a más de 40 millones de prestatarios.

El Departamento de Educación, sin embargo, retiene formalmente las responsabilidades estatutarias. Según precisó Inside Higher Ed, aunque otras agencias administran los programas, el Departamento de Educación «mantiene el control sobre ellos». En el caso específico del acuerdo con el Tesoro, ambos departamentos afirmaron que Educación, «a través tanto de la Oficina de Educación Postsecundaria como de la Oficina de Ayuda Federal Estudiantil, mantendrá todas las responsabilidades estatutarias, incluida la formulación de políticas», según reportó Inside Higher Ed.

La oposición ha sido inmediata y vigorosa. La senadora Patty Murray, demócrata de Washington y vicepresidenta del Comité de Asignaciones del Senado, emitió un comunicado en el que declaró que McMahon está «enfocada en vaciar ilegalmente el departamento que dirige y creando nueva burocracia perjudicial». Murray añadió, según reportaron Government Executive y States Newsroom, que «estos acuerdos simplemente crean trámites burocráticos inútiles — mientras amenazan servicios básicos y apoyo del que los estudiantes dependen cada día».

Rachel Gittleman, presidenta del sindicato AFGE Local 252 que representa a más de 2.000 empleados actuales y anteriores del departamento, calificó la medida como «un insulto a los casi 43 millones de estadounidenses con deuda de préstamos estudiantiles federales y a los contribuyentes que dependen de la supervisión federal para prevenir el despilfarro, el fraude y el abuso», según reportaron The Hill y Federal News Network. Gittleman denunció que la administración «continúa desmantelando ilegalmente el Departamento de Educación moviendo programas y oficinas a otras agencias federales a pesar de la clara advertencia del Congreso de que la secretaria McMahon carece de la autoridad para hacerlo», según informó NPR.

El fundamento legal de los acuerdos permanece en disputa. Un informe del Servicio de Investigación del Congreso fechado el 4 de febrero de 2026 concluyó que la Ley de Economía (Economy Act), invocada por el departamento para justificar los IAA, no autoriza la «transferencia de funciones estatutarias», según reportó Higher Ed Dive. La declaración explicativa que acompañó el presupuesto federal del año fiscal 2026 — bipartidista y bicameral, aunque no vinculante — señaló que no existen autoridades para que el departamento «transfiera sus responsabilidades fundamentales bajo numerosas leyes de autorización y asignaciones» a otras agencias, según informó la misma publicación.

Una coalición de estados y distritos escolares ha impugnado los acuerdos judicialmente. Según reportó K-12 Dive, la demanda en el caso Somerville contra Trump fue enmendada en noviembre para incluir la oposición a los acuerdos interagenciales, calificándolos de ilegales y perjudiciales para los sistemas de educación primaria, secundaria y superior. Ese caso fue consolidado con New York contra McMahon, presentado por grupos de estados, distritos escolares y sindicatos de docentes. Senadores demócratas han solicitado además que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno investigue los acuerdos actuales y futuros.

El desmantelamiento del departamento ha sido también un ejercicio de reducción de personal sin precedentes en la historia de la agencia. El 11 de marzo de 2025, el departamento despidió a más de 1.300 empleados — casi la mitad de sus aproximadamente 4.100 funcionarios — según informaron Inside Higher Ed y NPR. Otros 600 empleados habían aceptado renuncias voluntarias o jubilación anticipada en las semanas previas, según reportó NPR. La agencia quedó con un esqueleto de aproximadamente 2.183 empleados, informó Inside Higher Ed. La Corte Suprema de los Estados Unidos levantó en julio de 2025 una orden judicial de instancia inferior que bloqueaba los despidos, permitiendo que la reducción de fuerza avanzara, según documentó el Economic Policy Institute.

La transferencia de funciones educativas a departamentos sin experiencia en la materia genera interrogantes sobre la continuidad del servicio. La senadora Mazie Hirono, demócrata de Hawái, advirtió que «ninguno de estos departamentos tiene la capacidad de administrar estos programas», según reportó Federal News Network. Margaret Spellings, secretaria de Educación durante la presidencia de George W. Bush, declaró que «mover programas de un departamento a otro no elimina realmente la burocracia federal, y puede dificultar que estudiantes, maestros y familias naveguen el sistema y obtengan el apoyo que necesitan», según informó Inside Higher Ed.

Defensores conservadores de la medida argumentan que los acuerdos constituyen los «mecanismos de la política» que facilitan al Congreso la consideración de propuestas para disolver formalmente el departamento. Jonathan Butcher, director interino del Centro de Política Educativa de la Heritage Foundation, declaró a The Hill que los acuerdos «demuestran que el departamento puede asociarse con otras agencias federales para operar programas que deben continuar incluso cuando el Departamento de Educación cierre». Neal McCluskey, del Instituto Cato, señaló a Inside Higher Ed que, si bien apoya la reducción del papel federal en la educación, la eliminación formal debería ocurrir mediante un acto del Congreso.

El Departamento de Educación ha enmarcado su estrategia como un esfuerzo por devolver la educación a los estados y romper lo que califica de burocracia ineficiente. McMahon, al cumplir un año al frente de la agencia, declaró que se ha logrado «un progreso sin precedentes» en el mandato de reducir la presencia federal, un objetivo que describió como «la misión final» de su gestión, según informó The Hill. En la conferencia ASU+GSV celebrada en San Diego, había declarado que «simplemente no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo», según reportó Higher Ed Dive.

Lo que resta por dilucidar es si esta dispersión administrativa, ejecutada sin legislación habilitante, logrará la eficiencia que promete o producirá exactamente la duplicación burocrática que sus críticos advierten. Para los más de 40 millones de prestatarios de préstamos estudiantiles federales, para los distritos escolares que administran miles de millones en fondos del Título I, y para las universidades que navegan un sistema de ayuda financiera ya de por sí laberíntico, la respuesta a esa pregunta no es académica. Es la diferencia entre una reestructuración estratégica del aparato educativo de la nación y un experimento cuyas consecuencias recaerán, antes que sobre ningún organigrama, sobre los estudiantes y las familias de los Estados Unidos.