Los tribunales federales de los Estados Unidos se encuentran sometidos a una presión estructural que no conoce precedente en la historia moderna de la República. A lo largo de los últimos meses, coaliciones de fiscales generales republicanos han interpuesto demandas contra regulaciones de la administración Biden que permanecen vigentes en materia medioambiental y de control de armas de fuego, mientras que, en un movimiento simétrico y simultáneo, sus homólogos demócratas han impugnado más de una docena de órdenes ejecutivas firmadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. El resultado es un panorama de litigación federalista de dimensiones extraordinarias que sobrecarga los tribunales de distrito y los circuitos de apelaciones, y que plantea interrogantes de hondo calado sobre la capacidad del poder judicial para absorber la instrumentalización partidista de la acción legal.

El fenómeno no surge ex nihilo. Desde la primera administración Obama, los fiscales generales estatales han descubierto en la demanda multiestatal un instrumento de oposición política de eficacia formidable. Lo que entonces constituía una táctica ocasional se ha convertido, en la tercera década del siglo, en la estrategia dominante de gobernanza adversarial. Texas, bajo el liderazgo continuado de su fiscal general, ha sido históricamente la punta de lanza de las impugnaciones republicanas contra el ejecutivo federal demócrata; California y Nueva York han desempeñado el papel equivalente en sentido inverso. Pero la escala actual desborda con creces los contornos de cualquier episodio anterior.

En el flanco republicano, las demandas se concentran en dos áreas de política pública de singular resonancia para la base conservadora. La primera atañe a las regulaciones medioambientales promulgadas por la Agencia de Protección Ambiental durante la presidencia de Biden, particularmente las normas sobre emisiones de centrales eléctricas derivadas del plan de reducción de gases de efecto invernadero y las restricciones a las emisiones de metano en la industria del petróleo y el gas. Aunque la administración Trump ha iniciado procesos de derogación reglamentaria mediante la Ley de Revisión del Congreso y a través de procedimientos administrativos de la propia EPA, varias de estas regulaciones permanecen técnicamente en vigor mientras se completan los trámites de revocación formal. Fiscales generales de estados como West Virginia, Louisiana, Indiana y Montana han optado por no esperar a la resolución administrativa y han acudido directamente a los tribunales federales, argumentando que las normas exceden la autoridad delegada por el Congreso a las agencias reguladoras — un argumento que encontró respaldo doctrinal en la decisión de la Corte Suprema en West Virginia contra EPA de 2022, que consagró la llamada doctrina de las cuestiones mayores.

La segunda línea de ataque republicana se dirige contra la regla final emitida por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en 2024, que amplió la definición de quiénes deben obtener licencia federal como comerciantes de armas de fuego, en cumplimiento de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras de 2022. Fiscales generales de estados como Alabama, Georgia, Missouri y Kansas han impugnado esta normativa ante tribunales de distrito en jurisdicciones favorables, alegando que la ATF rebasó los límites de la autoridad conferida por la legislación y que la regla infringe la Segunda Enmienda. Varios de estos casos se encuentran ya en fase de apelación, con medidas cautelares dictadas por jueces de distrito que han suspendido parcialmente la aplicación de la norma en los estados demandantes.

En el flanco demócrata, la actividad litigiosa es, si cabe, más voluminosa. Desde la toma de posesión de Trump el 20 de enero de 2025, coaliciones lideradas por los fiscales generales de California, Nueva York, Massachusetts, Illinois, Washington y otros estados han impugnado una sucesión de órdenes ejecutivas que abarcan un espectro amplísimo de política pública. Entre las más contestadas se encuentran las órdenes relativas a la eliminación de programas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno federal y entre los contratistas federales; la orden que pretendió restringir la ciudadanía por nacimiento mediante una reinterpretación ejecutiva de la Decimocuarta Enmienda — bloqueada por un juez federal en Seattle pocas semanas después de su emisión —; las directivas de congelación y recorte de fondos federales destinados a programas educativos, sanitarios y de asistencia social; y las órdenes que ampliaron drásticamente las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya oficina ha participado en la práctica totalidad de estas impugnaciones, declaró en febrero que su obligación constitucional como fiscal general del estado la compele a defender los derechos de los neoyorquinos frente a lo que calificó de extralimitaciones sistemáticas del poder ejecutivo federal. Su homólogo de California, Rob Bonta, ha articulado un argumento similar, invocando la doctrina de la soberanía estatal y la protección de los programas financiados con fondos federales de los que dependen millones de residentes californianos.

El efecto acumulativo de esta avalancha litigiosa sobre el aparato judicial federal es profundamente preocupante. Los tribunales de distrito en jurisdicciones como el Distrito Norte de Texas, el Distrito Occidental de Louisiana, el Distrito Occidental de Washington y el Distrito Sur de Nueva York han visto multiplicarse sus causas de derecho administrativo y constitucional. Los circuitos de apelaciones — particularmente el Quinto Circuito, de inclinación conservadora, y el Noveno Circuito, de tradición más progresista — se han convertido en arenas paralelas donde se libran las mismas batallas ideológicas con resultados frecuentemente divergentes. Esta fragmentación jurisdiccional genera un mosaico de mandatos judiciales contradictorios que, en última instancia, solo la Corte Suprema puede resolver, sometiendo al más alto tribunal del país a una presión de agenda que compromete su capacidad deliberativa.

Los especialistas en derecho constitucional han comenzado a emplear el término de «federalismo beligerante» para describir esta dinámica. El profesor de derecho de la Universidad de Texas, Stephen Vladeck, ha señalado reiteradamente que la práctica del forum shopping — la selección estratégica de jurisdicciones judiciales favorables — ha convertido a ciertos jueces de distrito en actores de facto en la formulación de políticas nacionales, una distorsión del diseño constitucional que ninguna reforma procesal ha logrado corregir hasta la fecha. La Corte Suprema, bajo la presidencia del magistrado John Roberts, ha dado algunos pasos para limitar el alcance de las medidas cautelares de ámbito nacional emitidas por jueces individuales, pero las coaliciones estatales han adaptado sus estrategias, presentando demandas múltiples en jurisdicciones diversas para maximizar la probabilidad de obtener al menos una orden favorable.

Lo que está en juego trasciende las controversias específicas sobre emisiones de metano o licencias de armas. La cuestión de fondo es si el sistema judicial federal, diseñado en el siglo XVIII para resolver disputas entre partes y solo gradualmente expandido para abarcar el control de constitucionalidad de la acción gubernamental, posee la capacidad institucional para funcionar como el principal árbitro de la guerra partidista entre los estados y el gobierno federal. Cada nueva demanda multiestatal, cada medida cautelar dictada por un juez de distrito en Amarillo o en San Francisco, cada apelación que asciende por los circuitos hacia la Corte Suprema, añade peso a un sistema que ya opera en los límites de su resistencia estructural.

El Congreso, que en teoría posee la autoridad para resolver muchas de estas disputas mediante legislación clara e inequívoca, permanece en gran medida ausente de la ecuación. La polarización que impide la cooperación legislativa bipartidista es la misma que impulsa a los fiscales generales a los tribunales: cuando la política no puede producir compromisos legislativos, el litigio se convierte en el sucedáneo de la gobernanza. Es una sustitución peligrosa. Los tribunales carecen de las herramientas para formular políticas públicas complejas; su función es adjudicar derechos y verificar la legalidad de la acción gubernamental, no diseñar regímenes regulatorios ni establecer prioridades presupuestarias.

A fecha de hoy, las oficinas de los fiscales generales de al menos treinta estados mantienen litigios activos contra el gobierno federal o contra regulaciones federales vigentes, un número que no tiene parangón en los anales de la judicatura estadounidense. La República se encuentra, pues, ante una paradoja constitucional de primer orden: el federalismo, concebido por los fundadores como un mecanismo de equilibrio y distribución del poder, se ha convertido en el vehículo principal de un conflicto institucional que amenaza con desbordar las estructuras judiciales encargadas de arbitrarlo. La resolución de esta tensión — si acaso puede resolverse — no vendrá de los tribunales, sino de una recuperación de la capacidad política de legislar. Y esa recuperación, en el clima actual, no se vislumbra en el horizonte.