Un juez federal de distrito en Boston emitió el lunes una orden que suspende la aplicación de una política del Departamento de Seguridad Nacional que habría sometido a arresto y detención a decenas de miles de refugiados admitidos legalmente en los Estados Unidos por no haber obtenido la tarjeta de residencia permanente tras un año en el país. La decisión representa un nuevo obstáculo judicial a la iniciativa conocida como ‘Operation PARRIS,’ eje de la estrategia de la administración para reexaminar miles de casos de refugiados, y plantea una pregunta de fondo sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria.

Según informó Reuters, el juez Richard G. Stearns del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts actuó a petición de seis refugiados originarios de Ruanda, Irak, Afganistán y Sudán, así como de dos organizaciones de reasentamiento — el Jewish Family Service of Western Massachusetts y el International Institute of New England — que argumentaron que la política del DHS constituía una desviación ilegal de décadas de práctica consolidada. Los demandantes, representados por las organizaciones jurídicas Democracy Forward y el International Refugee Assistance Project (IRAP), presentaron la demanda el 27 de febrero en el tribunal federal de Massachusetts.

El caso, registrado como Jean A. et al v. Noem, impugna directamente los memorandos emitidos en diciembre de 2025 y febrero de 2026 por los jefes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), mediante los cuales la administración reinterpretó la legislación migratoria para ordenar la detención obligatoria de cualquier refugiado que no hubiera obtenido el estatus de residente permanente legal — la llamada green card — transcurrido un año desde su admisión en territorio estadounidense.

La controversia gira en torno a una cuestión de interpretación estatutaria de considerable envergadura. La Ley de Refugiados de 1980 establece que los refugiados que no hayan ajustado su estatus migratorio deben ‘regresar o ser devueltos a la custodia’ del DHS para inspección y examen. Desde la aprobación de esa ley, según indicaron los demandantes y confirmó Reuters, el gobierno había interpretado el término ‘custodia’ como la comparecencia del refugiado para una entrevista, no como detención física. La nueva política invirtió esa lectura de cuatro décadas. El juez Stearns, designado por el presidente demócrata Bill Clinton, coincidió con los demandantes al señalar que ‘the term custody has not historically been treated as synonymous with the term detention.’

Un dato procesal de singular relevancia: la administración no impugnó la solicitud de los demandantes para bloquear la política. Según reportó Notus, los abogados de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts no contestaron la moción, lo que equivale a una concesión tácita de los argumentos de la parte demandante. El tribunal determinó que los refugiados tienen probabilidades razonables de prevalecer en el fondo del litigio y que enfrentarían un daño irreparable sin la intervención judicial. En palabras del juez Stearns, los demandantes individuales se encuentran ‘at risk of unlawful and unnecessary detention, a quintessential example of irreparable harm.’ La orden impide al DHS aplicar la política mientras dure el proceso judicial.

Los demandantes alegaron que la política exponía a más de 100.000 refugiados legalmente admitidos cuyas solicitudes de ajuste de estatus migratorio se encuentran pendientes ante el USCIS a una detención potencial. Steven Bressler, asesor jurídico principal de Democracy Forward, declaró que el fallo ‘affirms that the government cannot manipulate the law to justify the mass arrest and detention of people.’ El DHS no respondió de inmediato a las solicitudes de comentario, según Reuters.

La política impugnada se adoptó en el marco de la ‘Operation PARRIS’ — siglas de Post-Admission Refugee Reverification and Integrity Strengthening — un programa anunciado en enero que el DHS describió como ‘una iniciativa integral’ para reexaminar miles de casos de refugiados. La operación se lanzó el 9 de enero con un enfoque inicial en aproximadamente 5.600 refugiados en Minnesota que no habían obtenido la residencia permanente, según reportó Fox 9 Minneapolis. El DHS citó sospechas de fraude en programas públicos de Minnesota como justificación de la iniciativa.

Los antecedentes de la ‘Operation PARRIS’ iluminan la magnitud de la disputa. Según reportó The Washington Times, agentes federales de inmigración comenzaron a detener refugiados en enero en Minnesota, algunos de los cuales fueron trasladados a centros de detención en Texas sin acceso a abogados. El 28 de enero, el juez federal John Tunheim del Distrito de Minnesota emitió una orden de restricción temporal que prohibió los arrestos y ordenó la liberación de los refugiados detenidos. El juez Tunheim calificó las acciones del gobierno como una ‘pesadilla distópica’ que incumplía las promesas de la nación a quienes huyen de la persecución. El 27 de febrero, Tunheim extendió esa protección mediante una orden cautelar preliminar que rige durante la tramitación del proceso en Minnesota.

La orden del juez Stearns en Boston amplía el alcance de la protección judicial más allá de Minnesota, al dirigirse contra la política nacional del DHS en su conjunto. Según informó el International Refugee Assistance Project, la demanda en Massachusetts busca vaciar los memorandos impugnados, detener su aplicación a nivel nacional y restablecer las protecciones legales de larga data para los refugiados. La operación se enmarca en una directiva más amplia del USCIS que ordena la revisión de más de 200.000 refugiados que llegaron durante la administración Biden, según Welcome.US.

La cuestión de fondo que subyace al litigio es de naturaleza constitucional y estatutaria a un tiempo. Los refugiados que residen en los Estados Unidos fueron sometidos a un proceso de verificación riguroso antes de su admisión, que incluye años de controles de antecedentes, entrevistas, exámenes biométricos y evaluaciones médicas. La ley federal les exige solicitar la residencia permanente tras un año de presencia física en el país, pero el incumplimiento de ese requisito — frecuentemente debido a demoras en el procesamiento federal — no constituía causa de detención bajo la orientación vigente del ICE desde 2010, que la administración actual rescindió en diciembre. A fecha del 30 de junio pasado, el USCIS tenía más de 67.000 solicitudes pendientes de refugiados que buscan la residencia permanente, según informó Notus.

El Boston Globe reportó que el International Institute of New England, una de las organizaciones demandantes, señaló que la política podría afectar también a refugiados cuyas solicitudes permanecen estancadas por retrasos en el procesamiento federal, no por omisión de los propios solicitantes. El rabino James Greene, director ejecutivo del Jewish Family Service of Western Massachusetts, declaró que permitir la vigencia de esta política ‘sería un rechazo de los valores que más apreciamos.’

La decisión del juez Stearns se inscribe en un patrón más amplio de intervención judicial frente a la implementación de la ‘Operation PARRIS.’ Múltiples jueces en el Distrito de Minnesota habían dictaminado previamente, en casos individuales, que la política carecía de fundamento legal para detener refugiados. La orden de Boston, sin embargo, posee un alcance potencialmente nacional al impugnar los memorandos que articulan la política del DHS en su totalidad.

Para los Estados Unidos, el caso plantea una tensión inherente a toda república constitucional: la necesidad de que el poder ejecutivo opere dentro de los límites que el Congreso ha trazado, incluso — y especialmente — cuando persigue objetivos legítimos de seguridad y verificación de la integridad de los programas de reasentamiento. La administración ha descrito sus acciones como el ejercicio de una facultad conferida por ley. Los tribunales, hasta ahora, han discrepado. El litigio prosigue.