Editor’s Note: This article was published as part of the inaugural edition of The Commonwealth Times and reflects events as reported at the time of the referenced news coverage.

La Franja de Gaza arde, otra vez, con la intensidad renovada de una guerra que ha perdido ya toda pretensión de brevedad. Israel intensificó durante las últimas jornadas sus operaciones militares en las zonas septentrional y central del enclave palestino, desplegando una campaña de bombardeos aéreos y artillería terrestre que, según las autoridades sanitarias del gobierno de Hamás en Gaza, ha segado decenas de vidas civiles, incluidas las de mujeres y niños atrapados en edificios residenciales y centros de desplazados. El Ministerio de Sanidad palestino, cuyos registros han sido citados sistemáticamente por organismos internacionales pese a las objeciones israelíes sobre su metodología, sitúa la cifra total de muertos desde el inicio del conflicto en octubre de 2023 por encima de los cien mil, una magnitud que desafía tanto la imaginación como la conciencia del orden internacional.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) declararon que las operaciones responden a inteligencia específica sobre infraestructura de túneles y posiciones de combatientes de Hamás y la Yihad Islámica Palestina en los campos de refugiados de Jabalia, Beit Hanoun y el campamento de Nuseirat, en el centro del territorio. Los comunicados militares israelíes subrayan la presencia de lanzadores de cohetes y depósitos de armamento en proximidad a instalaciones civiles, un argumento que Jerusalén ha esgrimido de manera constante para justificar la magnitud de sus ataques en zonas densamente pobladas. Los críticos —entre ellos relatores especiales de las Naciones Unidas y organizaciones como Médicos Sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja y Human Rights Watch— señalan que la doctrina de proporcionalidad exigida por el derecho internacional humanitario ha sido vulnerada de forma sistemática y que la destrucción de infraestructura civil ha alcanzado niveles sin precedente en la historia moderna del conflicto israelo-palestino.

El norte de Gaza, sometido a una campaña de evacuación forzosa desde los primeros meses de la guerra, presenta hoy un paisaje de devastación casi total. Barrios enteros de la ciudad de Gaza y de Beit Lahia han sido reducidos a escombros. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), cuya operatividad fue gravemente comprometida tras la suspensión temporal de fondos por parte de varios países donantes en 2024 y las restricciones legislativas israelíes que limitan su mandato, ha advertido reiteradamente que la capacidad de distribución de ayuda humanitaria ha colapsado. Los hospitales que aún permanecen parcialmente funcionales —el Al-Ahli y el Al-Shifa, este último reconstruido de forma precaria tras los asedios previos— operan sin suministros suficientes de anestesia, antibióticos o combustible para generadores eléctricos.

En el plano diplomático, la parálisis es casi tan devastadora como la artillería. Qatar, Egipto y Estados Unidos —los tres mediadores que han sostenido, con éxito desigual, los distintos ciclos de negociación desde noviembre de 2023— reconocen que las conversaciones para alcanzar un acuerdo de alto el fuego permanente y un canje integral de rehenes israelíes por prisioneros palestinos se encuentran estancadas. La tregua parcial lograda a finales de enero de 2025, que permitió la liberación de un primer grupo de rehenes a cambio de prisioneros palestinos y una pausa temporal en las hostilidades, no se ha traducido en un marco sostenible. Las fases segunda y tercera del acuerdo, que contemplaban la liberación progresiva de todos los cautivos y la retirada gradual de las fuerzas israelíes, nunca llegaron a ejecutarse plenamente antes de que las operaciones militares se reanudaran.

Las razones del estancamiento son múltiples y se refuerzan mutuamente. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, enfrenta presiones encontradas dentro de su coalición de gobierno: los partidos de extrema derecha liderados por Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich exigen la continuación de las operaciones hasta la eliminación total de Hamás como entidad militar y la reocupación permanente de partes del territorio, mientras las familias de los rehenes aún cautivos y sectores del establishment de seguridad reclaman un acuerdo que priorice la liberación de los secuestrados sobre los objetivos maximalistas. Netanyahu, procesado por cargos de corrupción y sujeto a una orden de arresto de la Corte Penal Internacional emitida en 2024, navega este dilema con el cálculo político que ha definido su carrera: la prolongación del conflicto como instrumento de supervivencia doméstica.

Del lado de Hamás, la dirección política exiliada —encabezada desde la eliminación de Ismail Haniyeh en Teherán en julio de 2024 por figuras como Khaled Meshaal y otros miembros del buró político— insiste en un alto el fuego completo y permanente, la retirada total de las fuerzas israelíes del territorio y garantías internacionales para la reconstrucción de Gaza como condiciones previas a cualquier liberación adicional de rehenes. Israel rechaza de plano estas exigencias, calificándolas de capitulación. El liderazgo militar de Hamás dentro del enclave, diezmado pero no extinguido, ha demostrado capacidad operativa residual para reorganizar células de combatientes y ejecutar ataques contra patrullas terrestres israelíes, un hecho que las FDI invocan para justificar la continuidad de las operaciones.

La administración estadounidense, ahora bajo la presidencia de Donald Trump, ha mantenido su alianza estratégica con Israel, combinando el respaldo militar con gestiones diplomáticas orientadas a la protección de civiles y la liberación de rehenes, en el marco de una asociación de seguridad que ambos gobiernos consideran esencial para la estabilidad regional. El envío de municiones de precisión, piezas de repuesto para cazas F-35 y sistemas de defensa aérea ha continuado sin interrupciones significativas. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Washington ha ejercido su prerrogativa soberana en el Consejo de Seguridad al vetar resoluciones que consideraba desequilibradas, priorizando una solución que aborde simultáneamente la liberación de rehenes y la neutralización de la amenaza de Hamás, una postura que refleja la evaluación estratégica de la administración sobre el camino más eficaz hacia una paz sostenible.

Egipto, cuya frontera en Rafah constituye el único acceso terrestre a Gaza no controlado directamente por Israel, ha visto comprometida su capacidad de mediación por la ocupación israelí del corredor de Filadelfia, la franja de seguridad que separa Gaza del Sinaí. El Cairo considera esta presencia militar una violación de los acuerdos de Camp David y ha expresado su malestar en términos inusualmente duros para la diplomacia egipcia, aunque sin adoptar medidas que pongan en riesgo la relación bilateral con Jerusalén ni los más de mil trescientos millones de dólares anuales en asistencia militar estadounidense que recibe. Qatar, por su parte, mantiene abierto el canal con Hamás pero reconoce en privado que su influencia sobre la organización ha disminuido a medida que la guerra se ha prolongado y las dinámicas internas de Hamás se han fragmentado.

La crisis humanitaria, mientras tanto, ha superado todos los umbrales que los organismos internacionales consideraban extremos. La Organización Mundial de la Salud y la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC) han documentado condiciones de hambruna en el norte de Gaza, donde el acceso de convoyes de ayuda ha sido reducido a niveles mínimos. La destrucción de sistemas de agua potable y saneamiento ha generado brotes de hepatitis A, enfermedades diarreicas y afecciones respiratorias que multiplican la mortalidad entre la población infantil y los ancianos. UNICEF estima que más de un millón de niños se encuentran en situación de desplazamiento forzoso dentro del enclave, muchos de ellos sin acceso a ninguna forma de escolarización desde hace más de dos años.

Lo que se despliega en Gaza no es ya una operación militar con principio y fin discernibles, sino una condición permanente de destrucción administrada. La comunidad internacional observa, delibera y emite comunicados que se acumulan en los archivos de Ginebra y Nueva York con la misma velocidad con que se acumulan los escombros en las calles de Jan Yunis y Deir al-Balah. La pregunta que define este momento no es si la guerra terminará —toda guerra termina—, sino qué quedará de Gaza cuando lo haga, y qué quedará del orden normativo que supuestamente distingue la conducción de la guerra de la aniquilación pura. Por ahora, la respuesta de la diplomacia es el silencio operativo de quien ha agotado sus instrumentos. Y el sonido que llena ese vacío es el de los bombardeos.