Editor’s Note: This article was published as part of the inaugural edition of The Commonwealth Times and reflects events as reported at the time of the referenced news coverage.

Catorce meses después de que el presidente Donald Trump anunciara desde la Sala de Prensa de la Casa Blanca lo que calificó como un acuerdo «histórico y definitivo» para poner fin a las hostilidades en Gaza, la realidad sobre el terreno contradice cada adjetivo de aquella declaración. La primera fase del alto el fuego, ejecutada con titubeos en enero de 2025, produjo la liberación de un puñado de rehenes israelíes y la retirada parcial de las Fuerzas de Defensa de Israel de ciertos corredores urbanos. La segunda fase —la que habría de consagrar la liberación de todos los cautivos restantes, un repliegue militar sustancial y el inicio de la reconstrucción— no ha llegado. No se vislumbra. Y en el intervalo entre la promesa y su cumplimiento, Gaza muere de hambre.

Los hechos son estos: según el último informe del Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases, publicado a principios de marzo de 2026, la totalidad de la población de la Franja de Gaza —algo más de dos millones de personas— se encuentra en situación de crisis alimentaria o peor. La fase cinco de la escala del IPC, que equivale técnicamente a hambruna, se ha declarado de manera formal en el norte de Gaza, donde la distribución de ayuda humanitaria continúa siendo intermitente, obstaculizada tanto por la destrucción de infraestructura viaria como por restricciones de acceso impuestas por Israel. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, la UNRWA, opera con un presupuesto reducido y bajo la amenaza legislativa del Congreso estadounidense, que en sucesivas rondas de financiación ha condicionado —cuando no recortado— sus aportaciones. La Organización Mundial de la Salud reporta un colapso casi total del sistema sanitario gazatí, con apenas un tercio de los hospitales parcialmente operativos.

Frente a este panorama, la estrategia de la administración Trump descansa sobre dos pilares que, lejos de sostenerse mutuamente, se erosionan entre sí. El primero es la presión máxima sobre Hamás: el presidente ha reiterado en múltiples intervenciones que si la organización islamista no libera a todos los rehenes restantes —se calcula que quedan entre treinta y cuarenta, vivos o muertos, en manos de distintas facciones—, Estados Unidos autorizará y respaldará una reanudación de operaciones militares israelíes a escala total. El segundo pilar es una diplomacia de alto nivel, conducida por el enviado especial Steve Witkoff, que busca incorporar a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos como garantes de un plan de reconstrucción a largo plazo y eventuales normalizadores de relaciones con Israel en el marco ampliado de los Acuerdos de Abraham.

El problema, como han señalado con creciente estridencia tanto analistas del Council on Foreign Relations como voces disidentes dentro del propio Departamento de Estado, es que la amenaza de fuerza masiva contra un territorio ya devastado no genera en Hamás el incentivo a negociar que la Casa Blanca presupone. El grupo armado, curtido en décadas de guerra asimétrica, calcula —no sin razón— que una nueva ofensiva israelí a gran escala provocaría tal clamor internacional que la presión recaería finalmente sobre Washington y Tel Aviv, no sobre Gaza. Mientras tanto, la dilación le permite reorganizar estructuras de mando, consolidar el control sobre la distribución clandestina de alimentos y presentarse ante la población gazatí no como el obstáculo para la paz, sino como el último bastión de resistencia.

En Washington, el debate ha alcanzado una intensidad que trasciende las líneas partidistas habituales. El senador republicano por Utah, Mitt Romney, en uno de sus últimos pronunciamientos antes de abandonar el Senado, declaró que «la credibilidad moral de Estados Unidos no sobrevive a la indiferencia ante la hambruna de niños». Desde el flanco demócrata, la senadora por Massachusetts Elizabeth Warren ha presentado un proyecto de resolución no vinculante que insta al Ejecutivo a condicionar la ayuda militar a Israel a la apertura irrestricta de corredores humanitarios. La resolución no prosperará —el Senado, de mayoría republicana, no la someterá a votación—, pero su mera existencia señala una fisura que era impensable hace una década.

Israel, por su parte, navega su propia tormenta doméstica. El primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta presiones contrapuestas de una ferocidad sin precedentes. Las familias de los rehenes, que durante meses mantuvieron campamentos de protesta frente a la Knesset, acusan al gobierno de haber subordinado la vida de sus seres queridos a objetivos de guerra maximalistas. Los partidos de la coalición de extrema derecha, liderados por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich y el ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir, exigen la reocupación permanente de Gaza y la creación de asentamientos, una posición que viola el derecho internacional y que incluso la administración Trump ha calificado, con tibieza calculada, de «no constructiva en esta fase». Netanyahu, maestro táctico de la supervivencia política, mantiene un equilibrio precario: no cede a ninguna de las dos presiones, y con ello no satisface a ninguna.

El coste humano de este estancamiento se mide en cifras que, por su magnitud, corren el riesgo de perder su capacidad de conmover. Según estimaciones consolidadas de la OMS y la UNRWA, más de cuarenta y seis mil palestinos han muerto desde el inicio de las operaciones militares en octubre de 2023. La cifra incluye a más de quince mil menores. La destrucción de viviendas supera el sesenta por ciento del parque inmobiliario de la Franja. El Banco Mundial ha estimado que la reconstrucción de Gaza requerirá no menos de ochenta mil millones de dólares y un horizonte temporal de varias décadas, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan. Hoy no las permiten.

Existe una dimensión del problema que el discurso político estadounidense se resiste a abordar con la franqueza que exige: las obligaciones jurídicas y morales de Estados Unidos como principal proveedor de armamento a Israel. La Ley Leahy prohíbe la asistencia militar a unidades extranjeras que cometan violaciones graves de derechos humanos. Múltiples informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la propia Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado episodios que, según estas organizaciones, constituyen crímenes de guerra o, como mínimo, violaciones flagrantes del derecho internacional humanitario. La administración Trump ha esquivado la aplicación de la Ley Leahy mediante determinaciones internas del Departamento de Estado que, según juristas consultados por este diario, descansan sobre interpretaciones extraordinariamente laxas del estándar probatorio.

La pregunta que el Ágora de la democracia estadounidense debe formularse sin eufemismos es si la estrategia de máxima presión combinada —militar contra Hamás, diplomática con los estados del Golfo, económica mediante la restricción de ayuda a la UNRWA— está produciendo resultados o está, por el contrario, enquistando un conflicto cuya resolución se aleja con cada semana de parálisis negociadora. Los indicadores disponibles no favorecen al optimismo. Los rehenes no han sido liberados. La hambruna se extiende. La radicalización en la región crece. Y los socios árabes que Washington necesita para cualquier arquitectura de paz duradera se muestran crecientemente renuentes a asociar su nombre a un proceso que la opinión pública de sus propios países percibe como cómplice del sufrimiento palestino.

John F. Kennedy advirtió en su discurso de investidura que aquellos que cabalgaban a lomos del tigre acababan dentro de sus fauces. La administración Trump cabalga hoy sobre un tigre de doble cabeza: la promesa incumplida de un acuerdo que debía ser su triunfo diplomático definitivo y la realidad de una catástrofe humanitaria cuya autoría, por acción u omisión, la historia no distribuirá con generosidad entre quienes tuvieron el poder de mitigarla y eligieron no hacerlo. Cada día que la segunda fase del acuerdo permanece sin implementarse, la distancia entre la retórica de la Casa Blanca y la verdad del terreno se ensancha hasta convertirse en un abismo. Y los abismos, como sabía Nietzsche y debería saber cualquier presidente, devuelven la mirada.