Treinta y ocho días. Ese es el plazo que ha necesitado el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional — el aparato institucional erigido tras los atentados del 11 de septiembre para proteger al pueblo estadounidense en su territorio — para transformarse de disputa presupuestaria en emergencia operativa. Mientras los senadores de ambos partidos intercambiaban contraofertas y el presidente exigía condiciones que sus propios aliados calificaban de irrealistas, más de cien mil empleados federales dejaron de percibir sus salarios completos, los aeropuertos de las ciudades más pobladas del país se convirtieron en escenarios de caos, y la capacidad investigadora de agencias críticas se vio comprometida en el momento preciso en que más se la necesitaba. Ahora, en la madrugada de este martes, un grupo de senadores republicanos regresa del Ala Oeste con lo que describen como el esbozo de una solución. La pregunta que debe formularse con toda claridad no es si el acuerdo llegará, sino cómo una república con las responsabilidades globales de los Estados Unidos permitió que llegara esta hora.

Los hechos, primero. El Departamento de Seguridad Nacional opera sin financiación desde el 14 de febrero, cuando el Congreso no logró un acuerdo sobre las condiciones de gasto para el año fiscal 2026. Según CBS News, la senadora Katie Britt, republicana por Alabama y presidenta del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, declaró a los reporteros al regresar de la Casa Blanca el lunes por la noche que los republicanos tienen una solución al estancamiento. Preguntada directamente si su grupo disponía de una vía de salida, respondió con dos palabras inequívocas: «We do» — «La tenemos».

El acuerdo emergente, según lo reportado simultáneamente por CBS News, The Hill y NBC News, contempla financiar la mayoría de las agencias que el DHS supervisa — la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), la Guardia Costera y la Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura (CISA) — mientras se excluyen los fondos para las operaciones de deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los republicanos del Senado tramitarían entonces la financiación de ICE, junto con elementos de la legislación electoral conocida como SAVE America Act, a través del proceso de reconciliación presupuestaria, que elude el umbral de sesenta votos normalmente requerido para avanzar legislación en la Cámara Alta.

El cambio de tono es significativo porque apenas horas antes el propio presidente había lanzado una granada retórica contra las negociaciones. Desde Memphis, Tennessee, Trump declaró que no debía alcanzarse «ningún acuerdo» hasta que los demócratas apoyaran la SAVE America Act, que exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse como votante e identificación con fotografía para emitir sufragio. Según el Deseret News, Trump escribió en Truth Social el domingo por la noche que los republicanos debían combinar la financiación del DHS con la ley electoral, e incluso propuso eliminar el filibusterismo y cancelar el receso de Semana Santa. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, calificó públicamente la idea de vincular ambas iniciativas como algo que «no es realista».

Sin embargo, la reunión del lunes por la noche en la Casa Blanca — a la que acudieron Britt, Lindsey Graham de Carolina del Sur, Steve Daines de Montana y Bernie Moreno de Ohio — parece haber alterado el cálculo presidencial. Según The Hill, una fuente familiarizada con la reunión explicó la estrategia presentada a Trump: «Le mostramos que podemos ejecutar un proceso paralelo donde financiamos el DHS ahora y tenemos un segundo proyecto de reconciliación que haría un pago inicial sobre parte de la SAVE Act». La senadora Susan Collins de Maine, presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, declaró al abandonar el Capitolio: «Soy más optimista de que para el final de la semana financiaremos el Departamento de Seguridad Nacional».

Los demócratas se mostraron cautelosamente receptivos, aunque condicionaron su apoyo a la revisión del texto legislativo. La senadora Patty Murray, demócrata por Washington y principal demócrata en el Comité de Asignaciones, dijo según Roll Call: «No he visto el lenguaje, y no acepto nada hasta que vea el lenguaje». El senador independiente Angus King de Maine expresó su expectativa ante CBS News de poder «superar esto y financiar estas agencias». El líder de la minoría, Chuck Schumer, señaló que «ambas partes están hablando de manera seria».

Este análisis no pretende adjudicar culpas partidistas — ejercicio estéril cuando el resultado es el mismo para el ciudadano que pierde su vuelo en Houston o para el oficial de la TSA que se presenta a trabajar sin cobrar. Pretende, más bien, evaluar el daño concreto que este cierre ha infligido a la seguridad interior de los Estados Unidos, y por tanto a sus intereses nacionales más fundamentales.

Las cifras son implacables. Según datos del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, más de cien mil empleados del DHS, incluyendo personal en activo y en suspensión, han dejado de percibir pagos completos desde el 20 de marzo. La Casa Blanca cifró en más de cien mil — incluyendo cincuenta mil oficiales de la TSA — los empleados que trabajan sin sueldo por tercera vez en seis meses. La TSA reportó que más de cuatrocientos oficiales han abandonado sus puestos desde que comenzó el cierre, según The Hill. En Houston, el Aeropuerto Intercontinental George Bush registró una tasa de ausentismo del 42,4 por ciento entre oficiales de la TSA, mientras que el Aeropuerto Hobby alcanzó el 47,4 por ciento. A nivel nacional, el ausentismo de la TSA llegó al 11,5 por ciento el 21 de marzo, el más alto registrado durante este cierre.

Las consecuencias trascienden la incomodidad del viajero. La presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), Jennifer Homendy, reveló durante una conferencia de prensa el lunes que la investigación del accidente mortal en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York — la colisión entre un avión de Air Canada Express y un vehículo de bomberos de la Autoridad Portuaria que costó la vida a los dos pilotos — se vio directamente entorpecida por las filas de la TSA. Según The Hill y KHOU Houston, una especialista en control de tráfico aéreo de la NTSB estuvo atrapada tres horas en la cola de seguridad del Aeropuerto Bush de Houston, obligando a la agencia a llamar por teléfono y «suplicar» que la dejaran pasar. Homendy declaró que el equipo completo de investigación no estaba previsto que llegara a Nueva York hasta la una de la madrugada del martes.

Considérese la magnitud de lo que esto significa. La agencia federal encargada de determinar las causas de un desastre aéreo — función esencial para la seguridad de cada persona que aborda un avión en este país — no pudo desplegar a su personal con la celeridad que la investigación exigía porque el propio gobierno federal había dejado de pagar a los empleados encargados de gestionar las colas de seguridad en los aeropuertos. No es una paradoja kafkiana. Es un fallo sistémico en la capacidad del Estado para cumplir sus funciones más elementales.

NPR informó que los tiempos de espera en las principales terminales de Houston y Atlanta alcanzaron las dos horas el viernes pasado, mientras que el aeropuerto internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans aconsejó a los pasajeros llegar al menos tres horas antes de su vuelo. En Filadelfia, según la misma fuente, las autoridades aeroportuarias cerraron tres puntos de control de seguridad esta semana por falta de personal. Y todo esto ocurre cuando la industria aérea estadounidense proyectaba transportar 2,8 millones de pasajeros diarios en marzo y abril — un récord de 171 millones de viajeros, según la asociación Airlines for America.

La respuesta de la administración fue desplegar agentes de ICE a al menos catorce aeropuertos del país, una medida que, si bien demuestra voluntad ejecutiva de mitigar el impacto, subraya la naturaleza improvisada de la situación. Según ABC7 Chicago, los agentes fueron enviados a terminales que incluyen O’Hare en Chicago, Hartsfield-Jackson en Atlanta, JFK y LaGuardia en Nueva York, y los dos aeropuertos de Houston, entre otros. Sin embargo, como reportaron varios medios, los sindicatos de trabajadores federales advirtieron que enviar personal no entrenado en funciones de la TSA podía generar problemas adicionales.

El marco estratégico del acuerdo emergente merece examen detenido. Al separar la financiación de ICE del resto del DHS, los republicanos del Senado logran, en principio, dos objetivos simultáneos: reabren las agencias cuyo cierre inflige daño visible e inmediato al público estadounidense, y preservan para el proceso de reconciliación — donde no necesitan votos demócratas — tanto la financiación de las operaciones de deportación como elementos de la reforma electoral que el presidente ha designado como su prioridad legislativa número uno. Es, en esencia, una maniobra de segmentación que convierte una confrontación binaria en dos batallas distintas.

Pero la viabilidad de esta segunda fase dista de estar garantizada. Según Punchbowl News, la parlamentaria del Senado, Elizabeth MacDonough, tendría que aprobar el uso de reconciliación para las disposiciones de identificación de votantes y verificación de ciudadanía de la SAVE America Act, y muchos republicanos consideran en privado que esto es «altamente improbable». Roll Call reportó que el propio senador James Lankford señaló que el proceso de reconciliación «toma aproximadamente un mes» y «no es algo que puedas empezar y hacer rápido». La ventana legislativa, según el presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara, Jodey Arrington, se extiende como máximo hasta el 4 de julio.

Hay, además, una cuestión de urgencia temporal que impone su propia presión. NPR informó que, sin una resolución antes de que el Congreso inicie su receso de dos semanas este viernes, el cierre se prolongaría potencialmente hasta el 13 de abril — fecha en que los legisladores están programados para regresar. Thune ha amenazado con cancelar el receso si no se alcanza un acuerdo, pero la historia legislativa reciente sugiere que tales amenazas no siempre se materializan.

Lo que está en juego no es meramente la paga de los empleados federales — aunque esa obligación moral y contractual bastaría por sí sola para exigir acción inmediata. Lo que está en juego es la capacidad operativa de la infraestructura de seguridad interior de los Estados Unidos en un momento de tensión internacional extraordinaria. FEMA opera con personal mínimo mientras la temporada de tornados azota el centro del país. CISA funciona con recursos limitados mientras adversarios cibernéticos de China, Rusia e Irán mantienen operaciones constantes contra infraestructura crítica estadounidense. La Guardia Costera patrulla las aguas nacionales con personal impago. Y la TSA — la primera y más visible línea de defensa entre el público viajero y cualquier amenaza — ha perdido a cientos de sus oficiales y opera con tasas de ausentismo que en algunos aeropuertos superan el cincuenta por ciento.

Este periódico no cuestiona el derecho de ningún partido a negociar con firmeza por sus prioridades legislativas. La deliberación robusta es el oxígeno de la república. Pero hay una distinción fundamental entre negociación y negligencia, entre postura estratégica y parálisis operativa. Cuando una investigadora de seguridad aérea necesita suplicar para cruzar un control de la TSA mientras los restos de un avión siniestrado yacen en una pista de Nueva York, la nación ha cruzado esa línea.

El acuerdo que se perfila — si sobrevive al escrutinio del texto legislativo, a la aritmética senatorial y a la imprevisibilidad de un presidente que rechazó una propuesta idéntica cuarenta y ocho horas antes de aparentemente aceptarla — sería un alivio necesario pero insuficiente. Necesario porque restauraría los salarios de decenas de miles de servidores públicos y devolvería funcionalidad a agencias cuya misión es la protección del pueblo estadounidense. Insuficiente porque no responde a la pregunta más profunda: ¿cómo puede una nación que gasta más que cualquier otra en defensa y seguridad permitir que el mecanismo legislativo de financiación de su propio departamento de seguridad interior se convierta, con regularidad creciente, en moneda de cambio político?

Los Estados Unidos mantienen compromisos de seguridad en cinco continentes, libran en este momento operaciones militares contra Irán, lideran la arquitectura de alianzas más compleja de la historia humana, y sin embargo no pueden garantizar que el oficial de la TSA en el Aeropuerto Hobby de Houston cobre su salario a tiempo. Esa discrepancia no es un problema de recursos. Es un problema de gobernanza. Y la solución no reside en un acuerdo de financiación de corto plazo, por urgente que este sea, sino en la voluntad institucional de subordinar el cálculo partidista a la obligación soberana de mantener la seguridad interior de la república.