Editor’s Note: This article was published as part of the inaugural edition of The Commonwealth Times and reflects events as reported at the time of the referenced news coverage.

Lo que Elon Musk presentó como una cruzada racionalizadora contra el exceso burocrático se ha convertido, dieciocho meses después de su inauguración, en el mayor litigio laboral contra el poder ejecutivo federal desde la era de las reducciones de fuerza de los años noventa. El Departamento de Eficiencia Gubernamental — conocido por su acrónimo DOGE, creado mediante orden ejecutiva del presidente Donald Trump en enero de 2025 — enfrenta demandas en múltiples tribunales de distrito que, en conjunto, han congelado decenas de miles de despidos en agencias tan diversas como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, el Departamento de Educación, la Administración del Seguro Social, la Oficina de Gestión de Personal y varias divisiones del Departamento del Interior.

La acumulación de órdenes de restricción temporal — emitidas por jueces designados tanto por presidentes demócratas como republicanos — no constituye un mero obstáculo procedimental: representa un cuestionamiento estructural a la premisa misma de DOGE. Los fallos coinciden en una objeción central: que un organismo asesor, no confirmado por el Senado y carente de autoridad estatutaria independiente, no puede ejecutar reducciones de fuerza que la ley federal reserva a los jefes de cada agencia conforme a los procedimientos establecidos en el Título 5 del Código de los Estados Unidos y las regulaciones de la Oficina de Gestión de Personal.

El juez James Boasberg, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, fue uno de los primeros en intervenir cuando, a principios de 2025, emitió una orden que impedía temporalmente el desmantelamiento de la USAID. En su resolución, Boasberg señaló que los demandantes habían demostrado una probabilidad razonable de éxito en su argumento de que el Congreso, al autorizar y financiar la agencia, no otorgó al presidente — y mucho menos a un asesor privado — la facultad unilateral de abolirla de facto mediante la eliminación de su plantilla. La administración apeló, pero el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia mantuvo en lo sustancial las restricciones mientras el caso procedía en su fase de fondo.

El patrón se repitió con variaciones en otros distritos. En el Distrito Norte de California, sindicatos federales afiliados a la American Federation of Government Employees obtuvieron una orden que bloqueaba los despidos de aproximadamente cuatro mil empleados de la Administración del Seguro Social, argumentando que las reducciones comprometían la capacidad de la agencia para procesar prestaciones de jubilación y discapacidad para millones de beneficiarios. El juez en ese caso advirtió que la interrupción de servicios esenciales constituía un daño irreparable no solo para los empleados despedidos, sino para el público que depende de la continuidad operativa de la agencia.

En el Departamento de Educación, donde DOGE impulsó recortes que afectaban a más de la mitad de la plantilla, un tribunal federal en Maryland emitió una orden similar tras constatar que los despidos se habían ejecutado sin los treinta días de preaviso exigidos por la Ley de Notificación de Ajuste y Reentrenamiento de Trabajadores y sin las evaluaciones de desempeño individualizadas que el sistema de mérito de la función pública federal exige antes de cualquier separación involuntaria. La administración alegó que las reducciones respondían a una reorganización legítima del poder ejecutivo, pero el tribunal encontró que la intervención directa de personal de DOGE — muchos de ellos contratistas del sector privado sin habilitación de seguridad adecuada — en la selección de los empleados a despedir socavaba la cadena de mando legal.

La cuestión de las habilitaciones de seguridad ha emergido como un flanco particularmente vulnerable para DOGE. Informes del Inspector General de varias agencias, así como investigaciones periodísticas del Washington Post y The New York Times, documentaron que jóvenes ingenieros de software vinculados a las empresas de Musk obtuvieron acceso a sistemas que contenían datos fiscales, registros de Seguro Social y comunicaciones clasificadas de inteligencia, en algunos casos sin haber completado los procesos de investigación de antecedentes exigidos por la Orden Ejecutiva 12968. Varios de los litigios en curso incorporan este acceso como evidencia de que DOGE operó fuera del marco legal, y al menos una demanda presentada por senadores demócratas invoca la Ley de Privacidad de 1974 por la presunta exposición de datos personales de ciudadanos.

Desde el punto de vista constitucional, el conflicto remite a una tensión antigua pero renovada: el alcance del poder ejecutivo frente a la potestad del Congreso sobre la bolsa pública y la estructura del servicio civil. La Cláusula de Apropiaciones del Artículo I establece que ningún dinero puede extraerse del Tesoro salvo en virtud de asignaciones hechas por ley. Cuando el Congreso aprueba un presupuesto que financia determinadas posiciones en una agencia, el argumento de los demandantes es que el ejecutivo no puede simplemente eliminar esas posiciones sin autorización legislativa, particularmente cuando las leyes orgánicas de cada agencia establecen sus funciones y dotaciones mínimas.

La administración Trump ha defendido la legalidad de DOGE invocando la autoridad inherente del presidente para reorganizar el poder ejecutivo y citando precedentes como la capacidad presidencial de despedir funcionarios de confianza. Sin embargo, los tribunales han distinguido entre funcionarios de libre designación — que sirven a discreción del presidente — y empleados de carrera protegidos por el sistema de mérito, cuya separación requiere procedimientos sustantivos. La Junta de Protección del Sistema de Mérito, organismo cuasi judicial encargado de adjudicar disputas laborales en el gobierno federal, ha recibido un volumen sin precedentes de apelaciones individuales, saturando su capacidad operativa.

El costo político de esta confrontación judicial no es menor. Encuestas de Gallup y del Pew Research Center realizadas en el primer trimestre de 2026 muestran que la aprobación pública de DOGE ha descendido significativamente desde los niveles iniciales de apoyo que la iniciativa disfrutó cuando se presentó como un esfuerzo de austeridad contra el despilfarro. La percepción de caos administrativo — oficinas cerradas, líneas telefónicas del Seguro Social sin atender, retrasos en el procesamiento de becas estudiantiles — ha erosionado el argumento de eficiencia que constituía la razón de ser del departamento.

Mientras los litigios avanzan hacia sus fases sustantivas, la posibilidad de que uno o varios de estos casos lleguen al Tribunal Supremo no es remota. La Corte, con su actual composición de seis magistrados designados por presidentes republicanos, podría verse llamada a pronunciarse sobre los límites del poder presidencial en materia de reestructuración del servicio civil — una cuestión que, pese a su enorme trascendencia institucional, carece de precedente directo en la jurisprudencia moderna del alto tribunal. Lo que comenzó como un experimento de gestión empresarial aplicada al Estado se ha transformado, por la fuerza de los hechos y del derecho, en un debate constitucional de primer orden sobre los límites de la reorganización ejecutiva.

La República no se administra como una empresa privada, y los tribunales federales, con una constancia que trasciende las líneas ideológicas, están recordando esa distinción elemental.