Hay batallas presupuestarias que son meras disputas contables y hay batallas presupuestarias que son referendos sobre la civilización. La que se libra en estos días en los pasillos del Capitolio pertenece, sin ambigüedad alguna, a la segunda categoría. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes ha puesto en su mira dos instituciones que, desde su creación en 1965 bajo la firma de Lyndon B. Johnson, han constituido la columna vertebral de la financiación pública de la cultura en Estados Unidos: el National Endowment for the Arts y el National Endowment for the Humanities. Los recortes propuestos para el ejercicio fiscal de 2027 — que en algunas versiones del proyecto alcanzan reducciones superiores al cuarenta por ciento respecto a las asignaciones vigentes — no representan un ajuste técnico sino una declaración ideológica, y como tal ha sido recibida por el vasto ecosistema de organizaciones culturales que dependen, directa o indirectamente, de esos fondos federales.

El NEA opera actualmente con un presupuesto anual de aproximadamente 207 millones de dólares, cifra que ya resulta modesta si se la compara con los miles de millones que destinan a la cultura naciones como Alemania, Francia o el Reino Unido. El NEH, por su parte, administra unos 200 millones de dólares anuales que financian desde programas de preservación de archivos históricos hasta becas de investigación en filosofía, lingüística e historia. Juntos, ambos organismos representan una fracción infinitesimal del presupuesto federal — menos de una centésima del uno por ciento del gasto total —, pero su impacto se multiplica exponencialmente a través de un modelo de financiación que funciona como palanca: cada dólar federal concedido atrae, según estimaciones del propio NEA, entre siete y nueve dólares adicionales de fuentes privadas, estatales y municipales.

Los legisladores republicanos que impulsan los recortes argumentan que la financiación de las artes y las humanidades debe recaer en el sector privado y en los gobiernos estatales, no en el contribuyente federal. El representante por Texas Chip Roy, una de las voces más prominentes del ala fiscal conservadora, ha calificado estos programas como «lujos que Washington no puede permitirse en tiempos de déficits históricos». La retórica no es nueva: ya en 2017, durante la primera administración Trump, la Casa Blanca propuso la eliminación total de ambas agencias, propuesta que el Congreso rechazó con apoyo bipartidista. En 2020, la presión volvió, y de nuevo fue contenida. Pero el paisaje político de 2026 presenta una geometría distinta: la mayoría republicana, aunque estrecha, se ha cohesionado en torno a un paquete de austeridad que utiliza los recortes culturales como señal simbólica de disciplina fiscal.

La respuesta de la comunidad cultural ha sido rápida, organizada y, en cierta medida, histórica. Americans for the Arts, la principal organización de defensa de la financiación pública de las artes, ha coordinado una campaña de contacto legislativo que, según sus propios datos, ha generado más de trescientas mil comunicaciones a oficinas del Congreso en las últimas seis semanas. La Asociación Americana de Museos, la Asociación de Orquestas Americanas y la Coalición Nacional de Artes han emitido declaraciones conjuntas, un gesto de unidad institucional que no se veía desde los años noventa, cuando la llamada «guerra cultural» del Congreso de Newt Gingrich puso en peligro la existencia misma del NEA.

En el ámbito académico, la amenaza al NEH ha generado una alarma particular. La agencia financia los Summer Seminars and Institutes, programas que cada año permiten a centenares de profesores universitarios y de enseñanza secundaria profundizar su formación en humanidades. Financia también los Chronicling America y otros proyectos de digitalización de periódicos históricos que constituyen infraestructura esencial para la investigación en historia, sociología y estudios culturales. La American Historical Association, la Modern Language Association y la American Philosophical Association han publicado una carta abierta firmada por más de dos mil académicos en la que advierten de que los recortes propuestos «no meramente reducirían programas, sino que desmantelarían la capacidad institucional de producir y transmitir conocimiento humanístico en Estados Unidos».

La Administración Biden-Harris, por su parte, ha señalado su oposición a los recortes a través de declaraciones del Consejo Nacional de las Artes y de la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca. El presupuesto ejecutivo presentado por la administración para el ejercicio 2027 proponía, de hecho, un incremento modesto en las dotaciones de ambas agencias, en línea con la política seguida durante los ejercicios anteriores, en los que el NEA y el NEH recibieron los mayores aumentos presupuestarios en dos décadas. La confrontación, pues, no es solo entre partidos sino entre visiones radicalmente distintas del papel del Estado federal en la vida cultural de la nación.

Conviene situar esta disputa en su contexto estructural. Estados Unidos es, entre las democracias avanzadas, la que menos invierte en cultura por habitante con cargo al erario público. El modelo estadounidense ha descansado históricamente en la filantropía privada, estimulada por un régimen fiscal generoso de deducciones por donaciones. Pero ese modelo presenta asimetrías profundas: la filantropía tiende a concentrarse en las grandes instituciones de las costas — el Metropolitan Museum, la Filarmónica de Nueva York, el Getty — mientras que las organizaciones culturales de ciudades medianas, zonas rurales y comunidades históricamente marginadas dependen de manera desproporcionada de los fondos federales canalizados a través del NEA y el NEH. Según datos del NEA, el cuarenta por ciento de sus subvenciones se destina a organizaciones con presupuestos anuales inferiores a quinientos mil dólares, y la agencia mantiene presencia en todos los distritos congresionales del país.

Es precisamente esta capilaridad la que confiere al debate su dimensión política más paradójica. Muchos de los distritos que más dependen de la financiación del NEA y del NEH están representados por legisladores republicanos. Los consejos estatales de artes, que reciben un porcentaje obligatorio de los fondos del NEA y los redistribuyen localmente, financian programas de teatro comunitario en Appalachia, talleres de escritura creativa en el Delta del Mississippi y festivales de música folclórica en las Grandes Llanuras. Eliminar o reducir drásticamente esos fondos no castigaría a las élites culturales de Manhattan o de Los Ángeles, que tienen acceso a fuentes alternativas de financiación, sino a las comunidades rurales y suburbanas que constituyen la base electoral del propio Partido Republicano.

La batalla legislativa se desarrollará a lo largo de los próximos meses, a medida que las subcomisiones de asignaciones de ambas cámaras marquen sus líneas presupuestarias. El Senado, donde los republicanos también ostentan mayoría pero donde la tradición de apoyo bipartidista a la cultura ha sido más robusta, podría moderar los recortes aprobados por la Cámara, como ha ocurrido en ciclos anteriores. Pero la incertidumbre es real, y sus consecuencias potenciales, de largo alcance.

Lo que está en juego no es, en última instancia, una cifra presupuestaria. Es una pregunta que cada generación debe responder de nuevo: si una república democrática tiene la obligación de invertir en las condiciones que hacen posible la vida del espíritu — la investigación histórica, la creación artística, la reflexión filosófica, la preservación de la memoria —, o si puede abandonar esas funciones al arbitrio del mercado y la caridad sin que algo esencial se pierda en el camino. Lyndon Johnson, al firmar la ley que creó ambas agencias en septiembre de 1965, ofreció su respuesta con una claridad que el tiempo no ha erosionado: «El arte no es una forma de propaganda; es una forma de verdad». Sesenta y un años después, esa verdad busca quien la defienda en el hemiciclo.