Una coalición de ocho de las organizaciones de arquitectura, paisajismo y preservación histórica más influyentes de los Estados Unidos presentó el lunes una demanda federal contra el presidente Donald Trump y la junta directiva del John F. Kennedy Center for the Performing Arts, en un desafío jurídico de primer orden que busca detener la reconstrucción a gran escala del emblemático centro cultural de la capital de la nación. La demanda, interpuesta ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, D.C., constituye la acción legal más amplia hasta la fecha contra los planes de renovación del complejo artístico, y plantea cuestiones fundamentales sobre la autoridad del ejecutivo frente a las salvaguardas estatutarias que protegen el patrimonio arquitectónico de la República.

Según informó Reuters, la coalición demandante incluye al American Institute of Architects —con 101.000 miembros, la mayor red de arquitectos del mundo—, la National Trust for Historic Preservation, la American Society of Landscape Architects, el Committee of 100 on the Federal City, la Cultural Landscape Foundation, la DC Preservation League, Docomomo US y la Society of Architectural Historians. En conjunto, según NPR, estas organizaciones representan a más de un millón de miembros.

La demanda solicita al tribunal que obligue a la administración a cumplir con la Ley Nacional de Preservación Histórica (NHPA) y la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA), y que obtenga la autorización del Congreso antes de proceder con alteraciones sustanciales al edificio. Los demandantes sostienen, según reportó NBC News, que el presidente y su junta de administradores, designada por él mismo, pretenden «alterar fundamentalmente esta propiedad icónica sin cumplir con las leyes federales fundamentales de preservación histórica y medioambiental, y sin obtener la necesaria autorización del Congreso».

El Kennedy Center, completado en 1971 según el diseño del arquitecto Edward Durell Stone —responsable también del Museo de Arte Moderno de Nueva York y de la Embajada de los Estados Unidos en Nueva Delhi—, ocupa una posición singular en la arquitectura estadounidense. Es simultáneamente un hito del modernismo, un centro de artes escénicas en funcionamiento y el memorial nacional oficial del presidente John F. Kennedy, cuyo asesinato en 1963 llevó al Congreso a consagrar el edificio como «memorial viviente» mediante ley federal. La estructura ha sido declarada elegible para su inscripción en el Registro Nacional de Lugares Históricos, una designación que activa las protecciones bajo la NHPA y la NEPA.

La junta directiva del centro, reunida el 16 de marzo en la Casa Blanca, votó de manera unánime el cierre del complejo artístico durante dos años de renovación, a partir del 5 de julio, según confirmaron múltiples medios. Según informó NPR, justo antes de la votación Trump celebró una conferencia de prensa con la junta y aliados cercanos, incluyendo al propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, y al magnate de casinos Steve Wynn, y declaró que el voto llegaba «un poco tarde para la junta, porque ya lo hemos anunciado». El proyecto, cifrado en aproximadamente 250 millones de dólares según NBC News, sería financiado en parte con una asignación congresional de 256.657.000 dólares aprobada como parte de la legislación reconciliatoria de 2025, destinada según el texto legislativo a «gastos necesarios para reparación de capital, restauración, mantenimiento atrasado y estructuras de seguridad».

Los demandantes alegan, no obstante, que esa asignación no autoriza la erección de nuevas estructuras ni una transformación estética discrecional del Kennedy Center. La demanda argumenta que la administración ya ha causado daños ilegales al edificio al repintar de blanco sus columnas exteriores originalmente doradas y al añadir el nombre de Trump a la fachada por encima del de Kennedy, todo ello sin aprobación previa. Según reportó The Washington Post y fue recogido por múltiples medios, la demanda avanza además una doctrina de «demolición anticipada», un argumento legal que no había sido invocado en casos anteriores contra el tratamiento de sitios históricos por parte de esta administración.

Rebecca Miller, directora ejecutiva de la DC Preservation League, declaró según Reuters: «El Kennedy Center no es un proyecto personal de ningún presidente. Es un monumento cultural nacional construido para honrar a John F. Kennedy y para servir al pueblo estadounidense.» Carol Quillen, presidenta y directora ejecutiva de la National Trust for Historic Preservation, expresó según la Society of Architectural Historians: «Nos preocupa que, como ocurrió con el Ala Este de la Casa Blanca, el alcance potencial de los cambios planeados esté siendo subestimado y resulte en una pérdida irreparable.»

Greg Werkheiser, socio fundador de Cultural Heritage Partners, una de las tres firmas legales que representan a los demandantes, declaró según Architect Magazine: «La administración está avanzando cambios radicales en algunos de los hitos cívicos más importantes de la nación sin transparencia ni proceso público. Cuando las decisiones sobre el patrimonio de América se toman a puerta cerrada, el estado de derecho es la única salvaguarda.»

La demanda cita como precedente la demolición del Ala Este de la Casa Blanca en octubre de 2025 para dar paso a un salón de baile, un episodio que los preservacionistas invocan como evidencia de que las garantías de la administración sobre el alcance limitado de las intervenciones no resultan fiables. Los demandantes señalan que el presidente ha sugerido que las renovaciones podrían ser tan drásticas que el acero estructural del edificio quedaría «completamente expuesto», según reportaron PBS y NBC News. En la reunión de la junta del 16 de marzo, Trump declaró según NBC News: «Todo está en mal estado. Tiene que rehacerse. Hay que cerrarlo.»

Los planes arquitectónicos de la renovación no se han hecho públicos, según confirmó NPR, que ha realizado solicitudes reiteradas de información sobre el proceso de licitación, la financiación y los expertos involucrados en la renovación, sin obtener respuesta del Kennedy Center. Representaciones artísticas del exterior renovado compartidas por Trump en redes sociales el 13 de marzo parecían sugerir una remodelación menos invasiva, pero según The Washington Post algunos observadores se mostraron escépticos de que tales imágenes fueran dignas de confianza.

La portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, respondió en un comunicado recogido por Reuters, NPR y NBC News: «El presidente Trump está comprometido con hacer del Trump-Kennedy Center la mejor instalación de artes escénicas del mundo. Esperamos la victoria definitiva en este asunto.» El Kennedy Center no respondió a las solicitudes de comentario de múltiples medios.

La demanda se suma a una acción legal previa de la representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio y miembro ex officio de la junta, quien este mes solicitó a un tribunal federal que bloqueara el cierre de la sede, detuviera cualquier plan de demolición y prohibiera el despido de empleados y la cancelación de actuaciones. Según informó The Hill, un juez federal permitió a Beatty asistir pero no votar en la reunión de la junta del 16 de marzo, donde la votación procedió con rapidez. Beatty describió según The Hill que la aprobación fue un «sí débil, no un sí abrumador», y que en cuanto Trump dijo «todos los que estén a favor», la unanimidad siguió «en nanosegundos».

Las consecuencias culturales del conflicto ya son palpables. Según informó PBS, la actriz Issa Rae, el músico Béla Fleck y la autora Louise Penny se encuentran entre los numerosos artistas que han retirado sus apariciones del centro, mientras consultores como el músico Ben Folds y la cantante Renée Fleming han dimitido. Jean Davidson, directora ejecutiva de la Orquesta Sinfónica Nacional, abandonó su puesto a principios de este mes para dirigir el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts en Los Ángeles. Las ventas de entradas del Kennedy Center han caído marcadamente desde que Trump asumió el control de sus operaciones.

El edificio, erigido a orillas del Potomac con mármol donado por Italia y candelabros de cristal Orrefors obsequiados por Suecia, fue inaugurado el 8 de septiembre de 1971 con el estreno mundial de la Misa de Leonard Bernstein. Su diseño modernista —simetría bilateral, horizontalidad alargada, fachadas jerárquicas y columnas estilizadas que evocan tanto lo clásico como lo moderno— encarna lo que la crítica arquitectónica ha descrito como la traducción más fiel del poder y la confianza estadounidenses en su apogeo. La propia web del Kennedy Center describe la ley federal de 1964 que consagró el edificio como memorial: el Congreso estableció que Kennedy había sido «particularmente devoto del avance de las artes escénicas» y que ningún otro memorial en su honor sería erigido en Washington.

El desenlace de este caso podría establecer un precedente determinante sobre cómo los edificios cívicos históricos de la nación son tratados cuando el poder ejecutivo pretende alterarlos sustancialmente. La coalición demandante prevé solicitar una medida cautelar preliminar que detenga de inmediato cualquier demolición o alteración significativa hasta que se completen los procesos de revisión pública exigidos por ley. En un país donde los monumentos son tratados como símbolos intocables de continuidad nacional, la batalla legal que se dirime ahora en un tribunal de distrito de Washington pone a prueba los límites precisos entre la autoridad presidencial y las salvaguardas estatutarias que protegen el patrimonio construido de la República.