Hay destituciones que son castigos y hay destituciones que son confesiones. La del jueves 2 de abril de 2026 pertenece a la segunda categoría. Cuando el presidente Donald Trump anunció en Truth Social que Pam Bondi abandonaba la dirección del Departamento de Justicia —y que su subfiscal general, Todd Blanche, asumiría como fiscal general interino—, no estaba meramente reemplazando a una subordinada insatisfactoria. Estaba admitiendo, en la gramática peculiar de su presidencia, que la principal agencia de aplicación de la ley de los Estados Unidos no había logrado cumplir simultáneamente dos mandatos contradictorios: servir al interés de la nación y servir a los deseos del presidente. La cuestión que esta columna plantea no es si Bondi merecía su destitución —los hechos sugieren que sí—, sino qué significa para la república que el criterio de despido sea, una vez más, la insuficiente docilidad.

Los hechos son inequívocos y múltiples fuentes independientes los confirman. Según NBC News, Trump había crecido «cada vez más frustrado» con Bondi en días recientes, considerando que ella no había «ejecutado su visión» de la manera deseada. Dos fuentes indicaron a la misma cadena que Trump y Bondi tuvieron una «confrontación acalorada» en la Casa Blanca la semana anterior a la destitución. El presidente comunicó su decisión directamente a Bondi antes de su discurso televisado sobre la guerra con Irán el miércoles 1 de abril, según NewsNation. Al día siguiente, en una publicación en Truth Social, Trump describió a Bondi como «una gran patriota americana» y anunció que se trasladaría al sector privado.

Pero el lenguaje ceremonial no pudo ocultar la brutalidad del acto. Según confirmaron un alto funcionario de la administración y una fuente familiarizada con el asunto a NBC News, Bondi fue despedida. Es la segunda miembro del gabinete destituida en este mandato, tras la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem el mes pasado, como señaló NPR. La Associated Press describió el fin de «un mandato contencioso de una lealista que trastocó la cultura de independencia del Departamento de Justicia respecto de la Casa Blanca, supervisó despidos masivos de empleados de carrera y actuó agresivamente para investigar a los enemigos percibidos del presidente».

Las razones del despido orbitan alrededor de dos ejes que, paradójicamente, apuntan en direcciones opuestas. El primero es el manejo de los archivos Epstein. CBS News reportó que el apoyo de Trump a Bondi se había «erosionado durante meses, con los errores tempranos en el manejo de los archivos Jeffrey Epstein convirtiéndose en una creciente responsabilidad política, incluso entre algunos de los seguidores más leales de Trump». La fiscal general, temprano en su mandato, declaró a Fox News que tenía la lista de clientes de Epstein «sentada en mi escritorio». Sin embargo, meses después, el Departamento de Justicia y el FBI declararon que tal lista no existía y que no se harían públicos archivos adicionales, según documentó NPR. El escándalo resultante llevó al Congreso a aprobar la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein con voto bipartidista casi unánime, y el Departamento de Justicia incumplió el plazo de treinta días para divulgar los materiales.

El segundo eje —menos publicitado pero igualmente determinante— es la incapacidad de Bondi para producir condenas judiciales contra los adversarios políticos del presidente. NBC News documentó que Trump, en una publicación de Truth Social posteriormente borrada, escribió dirigiéndose a Bondi: «¿Qué hay de Comey, Adam ‘Shifty’ Schiff, Leticia??? Todos son culpables como el demonio, pero no se va a hacer nada». Semanas después, el Departamento de Justicia presentó acusaciones formales contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James. Ambos casos fueron desestimados por un juez federal que determinó que el fiscal que presentó las acusaciones había sido nombrado ilegalmente, según reportaron ABC News y la Associated Press. Los intentos de resucitar el caso contra James fueron rechazados dos veces por un gran jurado, informó ABC News. Un esfuerzo separado de la fiscal federal para Washington, Jeanine Pirro, para acusar a seis legisladores demócratas —acusados por Trump de «traición» por publicar un vídeo instando a militares a desobedecer órdenes ilegales— fue también rechazado por un gran jurado.

He aquí la paradoja que debería ocupar a todo ciudadano americano que piense con seriedad sobre las instituciones de su república. Bondi no fue despedida porque instrumentalizó el Departamento de Justicia —fue despedida porque no lo instrumentalizó con suficiente eficacia. Como declaró el senador Dick Durbin, miembro principal del Comité Judicial del Senado, el legado de Bondi será «la instrumentalización de la principal agencia de aplicación de la ley del mundo para beneficio personal de Donald Trump, pero aparentemente ni siquiera eso fue suficiente para satisfacerlo». El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, fue más directo al calificarla como «la fiscal general más corrupta de la historia americana moderna».

La elección del sucesor interino amplifica la inquietud. Todd Blanche, de 51 años, fue el abogado personal de Trump durante los múltiples procesos penales que enfrentó entre sus dos mandatos, incluyendo el caso de pagos por silencio que resultó en la histórica condena penal del entonces expresidente en Nueva York, como documentó Axios. Antes de su cargo gubernamental, Blanche pasó ocho años como fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, pero su transición de defensor privado del presidente a segundo al mando del Departamento de Justicia —y ahora a su líder interino— representa exactamente la fusión de funciones que la tradición constitucional estadounidense ha tratado de prevenir durante dos siglos y medio. Una exfuncionaria del DOJ que trabajó con Blanche, Mimi Rocah, declaró a NBC News que Blanche había «demostrado en su rol como subfiscal general que está dispuesto a actuar más como el abogado defensor de Donald Trump que como un funcionario de justicia que defiende a sus empleados, busca justicia e intenta mantener el estado de derecho».

En su primera aparición televisiva como fiscal general interino —una entrevista con Jesse Watters de Fox News el jueves por la noche—, Blanche ofreció una declaración que merece escrutinio cuidadoso. Preguntado sobre los archivos Epstein, afirmó que «el Departamento de Justicia ha publicado ya todos los archivos respecto a la saga Epstein» y añadió que los archivos «no deberían ser parte de nada en el futuro». Fox News colocó una nota aclaratoria en pantalla señalando que el DOJ había identificado más de seis millones de páginas potencialmente relevantes pero solo había publicado aproximadamente 3,5 millones. El representante Robert García, demócrata de California, respondió en la plataforma X: «Esto es una mentira. Aproximadamente el 50% de los archivos han sido publicados y según nuestra citación es ilegal retenerlos».

El interés nacional exige que este periódico nombre lo que está en juego sin evasivas partidistas. La república americana fue construida sobre el principio de que ningún hombre —ni siquiera el presidente— está por encima de la ley. Ese principio no es una abstracción académica; es la infraestructura invisible que permite que los mercados funcionen, que los tratados se cumplan, que los aliados confíen, que los adversarios calculen. Cuando la principal agencia de aplicación de la ley del país se convierte en un instrumento de vindicación personal, no es solo la oposición política la que sufre —es la credibilidad de los Estados Unidos como nación de leyes lo que se degrada ante Pekín, Moscú y cada capital que evalúa si Washington puede sostener sus compromisos.

Esto no significa que las preocupaciones legítimas del presidente sobre la politización previa del DOJ carezcan de fundamento. Las dos acusaciones federales contra Trump que el fiscal especial Jack Smith persiguió durante el mandato de Biden fueron, para millones de americanos, evidencia de que la «instrumentalización» del aparato judicial había comenzado antes de Bondi. El presidente tiene autoridad constitucional para dirigir la política del poder ejecutivo y nombrar a los funcionarios que considere adecuados. Pero la diferencia entre dirigir la política y dictar las acusaciones penales no es una distinción sofisticada reservada a profesores de derecho constitucional: es la línea que separa a una república de un régimen.

Los nombres que circulan como posibles sucesores permanentes no alivian la preocupación. Según CBS News, Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental, es el candidato más probable. Zeldin, excongresista de Nueva York que obtuvo la licencia legal más joven de su estado a los 23 años, tiene experiencia como fiscal militar en el Cuerpo de Abogados Generales del Ejército, pero, como señaló la misma cadena, «tiene muy poca experiencia legal» tradicional y su nominación «podría causar una crisis de confianza en el departamento entre funcionarios tanto de carrera como políticamente designados». Otros nombres mencionados por PBS News incluyen a Pirro, cuyo récord incluye precisamente las debacles judiciales que acabaron con Bondi.

Mientras tanto, la citación del Comité de Supervisión de la Cámara para que Bondi testifique el 14 de abril sobre los archivos Epstein permanece en limbo. La representante republicana Nancy Mace, quien impulsó la citación, declaró que esta «sigue vigente» porque nombra a Bondi personalmente. El presidente del comité, James Comer, consultará con los miembros republicanos sobre los próximos pasos, según una portavoz del comité citada por NBC News. Que una expresidenta del DOJ afronte un interrogatorio congressional sobre la divulgación de archivos vinculados al tráfico sexual de un financiero fallecido, mientras su sucesor declara en televisión nacional que dichos archivos «no deberían ser parte de nada en el futuro», constituye una afrenta al derecho del pueblo americano a la verdad sobre los crímenes cometidos contra sus propios ciudadanos.

Este periódico no sirve a ningún partido. Pero sirve al principio de que la fortaleza de los Estados Unidos reside en sus instituciones, no en la voluntad de un solo hombre. El Departamento de Justicia existe para proteger al pueblo americano —de la delincuencia, del terrorismo, de la corrupción, incluso de los abusos del propio poder que lo dirige. Cada presidente que nombra a su abogado personal como fiscal general, que despide a su fiscal por no procesar a sus rivales, que declara cerrada una investigación de tráfico sexual porque le resulta políticamente inconveniente, debilita esa institución. Y cada institución debilitada es una invitación a los adversarios de América para probar los límites de una nación que ya no puede garantizar que sus propias leyes se apliquen con imparcialidad. La cuestión no es si Trump tiene el poder de hacer lo que hizo el jueves. Lo tiene. La cuestión es si el ejercicio de ese poder sirve al interés de la nación que juró proteger.