La confrontación entre el gobierno federal de los Estados Unidos y su propio proveedor de inteligencia artificial más avanzado alcanza hoy su punto de inflexión judicial. La jueza de distrito Rita F. Lin, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, preside esta tarde a las 13:30 hora del Pacífico la audiencia sobre la solicitud de medida cautelar presentada por Anthropic PBC contra el Departamento de Guerra, la Casa Blanca y más de una docena de agencias federales, según consta en el expediente judicial del caso Anthropic PBC v. U.S. Department of War, número 26-cv-01996, consultado a través de CourtListener. La audiencia fue adelantada desde la fecha originalmente prevista del 3 de abril, después de que la jueza Lin calificara el asunto como «consequential for both sides» y el abogado del Departamento de Justicia se negara a garantizar que el gobierno no emprendería nuevas acciones adversas contra la empresa antes de la vista, según informó Local News Matters.

El litigio nace de una decisión sin precedentes en la historia de la contratación pública de defensa de los Estados Unidos. El 27 de febrero de 2026, según reportó la Associated Press, el presidente Donald Trump ordenó a todas las agencias federales cesar de inmediato el uso de la tecnología de Anthropic, y el secretario de Guerra Pete Hegseth anunció la designación de la compañía como «riesgo para la cadena de suministro de seguridad nacional». Mediante cartas fechadas el 3 de marzo, el Departamento de Guerra notificó formalmente a Anthropic que la designación se encontraba en vigor y que se extendía a todas sus filiales, productos y servicios, según documentó el bufete Mayer Brown en su análisis jurídico del caso.

Se trata de la primera vez que una empresa estadounidense recibe tal designación, una etiqueta históricamente reservada para adversarios extranjeros como la firma china de telecomunicaciones Huawei Technologies, según confirmaron NPR, PBS y múltiples expertos en seguridad nacional consultados por las agencias de noticias. La propia Euronews, en su cobertura publicada hoy, señaló que Anthropic sostiene que la designación «es sin precedentes e ilegal» al haber sido aplicada «solo a adversarios extranjeros como Huawei» y no poder «ser legalmente utilizada como arma contra una empresa doméstica por un desacuerdo de política».

La disputa tiene su origen en las negociaciones contractuales posteriores a un acuerdo de 200 millones de dólares que Anthropic firmó con el Pentágono en julio de 2025, según confirmó la propia Anthropic en su comunicado oficial de aquel mes, y que fue ampliamente documentado por Fortune, Foreign Policy y Reuters. Bajo dicho contrato, el modelo Claude de Anthropic se convirtió en el primer sistema de inteligencia artificial de frontera aprobado para operar en las redes clasificadas del gobierno de los Estados Unidos, según informó Mayer Brown. El acuerdo incluía dos restricciones específicas: la prohibición de utilizar Claude para vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y la prohibición de emplearlo en sistemas de armas autónomas letales sin supervisión humana.

La crisis se precipitó cuando, en enero de 2026, el memorando de estrategia de inteligencia artificial del secretario Hegseth ordenó que todos los contratos de IA del Departamento de Defensa incorporasen una cláusula estándar de «uso para todos los fines legales» en un plazo de 180 días, según documentó la Universidad de Oxford. El Pentágono exigió a Anthropic que eliminase sus restricciones y concediese al ejército acceso irrestricto a Claude. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se negó. Según AFP, Amodei escribió en un comunicado público que la empresa «no cree que esta acción sea jurídicamente sólida y no ve otra opción que impugnarla en los tribunales».

La respuesta del gobierno fue contundente y escalatoria. El presidente Trump declaró en Truth Social que ordenaría a «CADA Agencia Federal» que «CESE INMEDIATAMENTE» el uso de la tecnología de Anthropic, según reportó CBS News. El secretario Hegseth publicó en la red social X que «ningún contratista, proveedor o socio que haga negocios con las fuerzas armadas de los Estados Unidos podrá realizar ninguna actividad comercial con Anthropic», añadiendo que «esta decisión es definitiva», según informó Axios. El Departamento de Guerra concedió al Pentágono un período de seis meses para desmantelar la presencia de Claude en sus sistemas clasificados, una concesión que numerosos analistas jurídicos han señalado como intrínsecamente contradictoria con la premisa de que la empresa constituye un riesgo inminente para la seguridad nacional.

El 9 de marzo, Anthropic presentó dos demandas federales simultáneas. La primera, una queja civil de 48 páginas ante el tribunal federal en San Francisco, alega que las acciones del gobierno son «sin precedentes e ilegales» y violan los derechos de la Primera y la Quinta Enmienda de la compañía, según reportó CBS News. La segunda demanda fue interpuesta ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, solicitando la revisión judicial de la designación bajo la Ley Federal de Seguridad de la Cadena de Suministro de Adquisiciones de 2018, según documentaron Lawfare y Axios.

La portavoz de la Casa Blanca, Liz Huston, declaró en respuesta que el presidente «nunca permitirá que una empresa radical de izquierda y woke ponga en peligro nuestra seguridad nacional dictando cómo opera el ejército más grande y poderoso del mundo», y que «bajo la administración Trump, nuestro ejército obedecerá la Constitución de los Estados Unidos, no los términos de servicio de ninguna empresa de IA woke», según informó Nextgov/FCW.

Los argumentos del Departamento de Justicia presentados ante el tribunal sostienen que los proveedores de capacidades de IA para agencias de seguridad nacional «deben aceptar que los requisitos de la misión, no las declaraciones de ética corporativa, dictan cómo se despliegan esas herramientas», según reportó WIRED a través de TechBuzz. El gobierno ha argumentado además que Anthropic, al retener acceso técnico privilegiado a su modelo y la capacidad teórica de modificar su comportamiento, representa un riesgo genuino de que pudiera «intentar deshabilitar su tecnología o alterar preventivamente el comportamiento de su modelo» durante operaciones bélicas, según documentó Euronews citando un escrito judicial del Departamento de Guerra fechado el 17 de marzo.

Anthropic respondió con contundencia. En una declaración jurada presentada ante el tribunal la semana pasada, Thiyagu Ramasamy, director de sector público de la compañía, declaró que Anthropic «no mantiene ninguna puerta trasera ni interruptor remoto de emergencia» y que su personal «no puede acceder a los sistemas del Departamento de Defensa para modificar o deshabilitar los modelos durante las operaciones», según informó San Francisco Today. La empresa también señaló que solo puede proporcionar actualizaciones a Claude con la aprobación del gobierno y su proveedor de nube, Amazon Web Services.

La coalición que respalda a Anthropic ante el tribunal es tan amplia como heterodoxa. Microsoft, uno de los mayores contratistas del gobierno federal y socio estratégico de Anthropic, presentó un escrito amicus curiae argumentando que «el uso de una designación de riesgo para la cadena de suministro para resolver una disputa contractual puede acarrear graves efectos económicos que no redundan en el interés público», según reportó la Associated Press. Un grupo de 22 altos oficiales militares retirados de los Estados Unidos — entre ellos antiguos secretarios del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea — presentaron su propio escrito alegando que las acciones de Hegseth constituyen un uso indebido de la autoridad gubernamental como «represalia contra una empresa privada que ha disgustado a la dirigencia», según informó AP. Investigadores y científicos de IA de OpenAI y Google, competidores directos de Anthropic, firmaron una carta conjunta al tribunal declarando que los sistemas de IA actuales «no pueden manejar de forma segura o fiable la selección de blancos letales completamente autónomos», según reportó Business Standard.

La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, envió ayer lunes cartas formales tanto a Hegseth como al director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, calificando la designación de Anthropic como algo que «parece ser represalia» y exigiendo la documentación completa que sustenta la decisión, así como los términos íntegros del contrato de defensa de OpenAI, según informó CNBC a través de Implicator.ai. Los escritos judiciales revelan, según la misma fuente, que el propio negociador del Pentágono envió un correo electrónico al director ejecutivo de Anthropic indicando que ambas partes estaban «muy cerca» de un acuerdo el día posterior a la formalización de la designación.

El caso plantea cuestiones de alcance constitucional que trascienden el litigio comercial inmediato. Según Lawfare, el estatuto invocado por el gobierno — la sección 3252 del Título 10 del Código de los Estados Unidos — fue promulgado en 2011 tras la infiltración de redes clasificadas del Departamento de Defensa por un servicio de inteligencia extranjero, y otorga al secretario la autoridad para excluir fuentes que pudieran «sabotear, introducir maliciosamente funciones no deseadas o de otro modo subvertir» los sistemas militares. Los verbos del estatuto describen «actos hostiles encubiertos de adversarios que buscan comprometer la infraestructura militar estadounidense desde dentro», no disputas contractuales con proveedores nacionales, según el análisis de Lawfare.

Mientras el litigio avanza, Claude continúa operando en los sistemas militares clasificados de los Estados Unidos. CBS News informó que el Pentágono ha continuado utilizando la plataforma de Anthropic durante el conflicto con Irán. Según Bloomberg a través de BGR, los funcionarios del Pentágono prevén seguir empleando Claude en el teatro de operaciones iraní durante al menos un mes más. La paradoja operativa es manifiesta: el gobierno insiste en que Anthropic constituye un riesgo inaceptable para la seguridad nacional al tiempo que depende de su tecnología para conducir operaciones bélicas activas.

Las consecuencias comerciales para Anthropic, valorada según una ronda reciente de inversión en 380.000 millones de dólares y con ingresos proyectados de 14.000 millones de dólares para este año según PBS, son potencialmente devastadoras. El abogado de la compañía, Michael Mongan del bufete WilmerHale, declaró ante la jueza Lin que el director financiero de Anthropic estima que el daño a sus ingresos de 2026 podría oscilar entre «cientos de millones de dólares y miles de millones de dólares», según informó Business Standard. Agencias federales civiles, incluidos los departamentos del Tesoro y de Estado, ya han comenzado a ordenar a sus empleados que dejen de utilizar los servicios de Anthropic, según documentó CBS News.

Lo que la jueza Lin decida hoy reverberará mucho más allá de las partes en litigio. El caso establece un precedente sobre si el poder ejecutivo puede emplear autoridades extraordinarias de seguridad nacional para disciplinar a empresas estadounidenses que mantienen posiciones de política con las que la administración de turno discrepa. Es una pregunta que concierne no solo a Anthropic, sino a cada empresa tecnológica que contrata con el gobierno federal, a cada contratista de defensa que integra software comercial en sus sistemas, y a la arquitectura misma de la relación entre el Estado americano y el sector privado que desarrolla las capacidades más avanzadas de la nación.