Editor’s Note: This article was published as part of the inaugural edition of The Commonwealth Times and reflects events as reported at the time of the referenced news coverage.

Hubo un tiempo, no demasiado lejano, en que ser convocado por el aparato central del Partido Comunista de China constituía, para un empresario tecnológico, el preludio de una humillación pública, una multa multimillonaria o la desaparición temporal de la vida pública — como bien puede atestiguar Jack Ma, cofundador de Alibaba, cuya evaporación de la escena mediática durante meses en 2020 y 2021 se convirtió en la metáfora más elocuente de la campaña regulatoria desatada por Pekín contra el sector privado digital. Que ahora el presidente Xi Jinping haya sentado a la misma mesa, en un simposio formal celebrado esta semana en la capital, a los máximos responsables de Alibaba, Tencent, ByteDance, Huawei, Xiaomi, DJI y otras corporaciones de primera línea, no para amonestarlos sino para solicitar su colaboración activa, constituye un giro de política económica cuya trascendencia difícilmente puede exagerarse.

El simposio, organizado bajo los auspicios del Consejo de Estado y celebrado en el Gran Salón del Pueblo, reunió a más de treinta directivos del sector privado tecnológico en lo que fuentes oficiales describieron como un intercambio sobre innovación, competitividad internacional y el papel de la empresa privada en la modernización de la economía nacional. Xi Jinping, según el comunicado publicado por la agencia Xinhua, instó a los empresarios a ‘atreverse a innovar’ y les aseguró que el Partido y el Estado proporcionarían un ‘entorno institucional estable y predecible’ para la inversión en tecnologías de frontera, con énfasis particular en inteligencia artificial, semiconductores, computación cuántica y biotecnología.

La presencia de Jack Ma, confirmada por múltiples fuentes y registrada por la prensa estatal, resulta emblemática. El hombre cuya frustrada salida a bolsa de Ant Group en noviembre de 2020 inauguró la ofensiva regulatoria más agresiva contra el sector tecnológico privado en la historia de la República Popular ocupa ahora, de nuevo, un asiento en la mesa del poder. Su rehabilitación progresiva — que comenzó tímidamente en 2023 con apariciones públicas esporádicas y continuó con la reestructuración aprobada de Ant Group — alcanza ahora un estadio simbólico de primer orden: el reconocimiento explícito, ante las cámaras del aparato de propaganda estatal, de que la nación necesita a sus emprendedores.

El contexto geopolítico ilumina este viraje con una claridad que no requiere exégesis sofisticada. La competencia entre Estados Unidos y China en el ámbito de la inteligencia artificial se ha intensificado de manera sostenida desde que Washington impuso, a partir de octubre de 2022, restricciones sucesivas a la exportación de chips avanzados y equipos de fabricación de semiconductores destinados a entidades chinas. Las medidas, ampliadas en 2023 y reforzadas a lo largo de 2024 y 2025 con controles adicionales sobre memoria de alto ancho de banda y herramientas de litografía ultravioleta extrema, han obligado a China a acelerar sus programas de autosuficiencia tecnológica. Pekín ha comprendido — y este simposio es la demostración operativa de esa comprensión — que el Estado solo no puede ganar esta carrera; necesita la agilidad, el talento y el capital del sector privado.

Los mercados respondieron con entusiasmo inmediato. El índice Hang Seng Tech, que agrupa a las principales tecnológicas chinas cotizadas en Hong Kong, registró alzas significativas en las sesiones posteriores al anuncio del simposio. Las acciones de Alibaba y Tencent experimentaron subidas notables, y los analistas de Goldman Sachs, Morgan Stanley y UBS revisaron al alza sus perspectivas para el sector tecnológico chino, señalando que la señal política emitida por Xi Jinping reduce sustancialmente la prima de riesgo regulatorio que había deprimido las valoraciones desde 2021.

La magnitud de la destrucción de valor que precedió a este momento merece ser recordada con precisión aritmética. Entre febrero de 2021 y octubre de 2022, las principales tecnológicas chinas perdieron colectivamente más de un billón de dólares en capitalización bursátil. Alibaba vio evaporarse más de dos tercios de su valor de mercado desde sus máximos. Tencent sufrió pérdidas comparables. DiDi, la plataforma de transporte, fue sometida a una revisión de ciberseguridad días después de su salida a bolsa en Nueva York y terminó retirándose del mercado estadounidense. El sector de la educación privada en línea fue virtualmente eliminado por decreto. El mensaje que Pekín envió entonces fue inequívoco: el capital no manda; el Partido manda.

Lo que ha cambiado no es la primacía del Partido — esa permanece intacta y no admite discusión en el sistema político chino —, sino el cálculo estratégico sobre cómo ejercerla. La irrupción de ChatGPT a finales de 2022 y la subsiguiente explosión global de inversión en inteligencia artificial generativa alteraron fundamentalmente la ecuación. Cuando en enero de 2025 la startup china DeepSeek presentó su modelo de lenguaje de gran escala con un rendimiento competitivo frente a los productos de OpenAI y a una fracción del coste de entrenamiento, Pekín recibió simultáneamente una validación y una advertencia: China posee talento extraordinario en IA, pero ese talento florece en el sector privado y necesita condiciones para prosperar.

El simposio de esta semana codifica, por tanto, una doctrina que se ha gestado durante los últimos dieciocho meses. Los observadores más atentos habían registrado las señales precursoras: la aprobación de licencias de juegos para Tencent y NetEase a ritmo acelerado desde mediados de 2023; la relajación de las restricciones sobre el uso de algoritmos de recomendación; el discurso de Xi ante la Conferencia Central de Trabajo Económico de diciembre de 2025, donde por primera vez empleó la expresión ‘economía privada como pilar insustituible’ del desarrollo nacional. Cada gesto preparaba el terreno para el acto simbólico definitivo: sentar a los magnates junto al líder supremo y proclamar ante el mundo que China compite unida.

Quedan, no obstante, interrogantes de fondo que ningún simposio puede disipar por sí solo. La arquitectura regulatoria construida durante la campaña de 2020-2022 no ha sido desmantelada; ha sido suspendida en su aplicación más agresiva, pero las leyes de protección de datos, antimonopolio y ciberseguridad permanecen vigentes y confieren al Estado una capacidad discrecional formidable. Los empresarios chinos, curtidos en décadas de interacción con un sistema político que alterna entre el abrazo y la constricción, saben que la benevolencia de hoy puede ser revocada mañana si las prioridades del Partido mutan. La confianza del capital privado, una vez fracturada, no se restaura con un almuerzo en el Gran Salón del Pueblo.

Para los inversores internacionales, la lectura es bifurcada. A corto plazo, la señal es inequívocamente positiva: Pekín quiere crecimiento, quiere innovación y está dispuesto a ofrecer espacio al sector privado para conseguirlos. A medio y largo plazo, la pregunta estructural persiste: ¿puede un sistema donde la última palabra la tiene siempre el secretario general del Partido generar la confianza institucional que el capital de riesgo, por naturaleza, exige? La historia económica de China ofrece argumentos en ambas direcciones, y la prudencia aconseja no resolver la ambigüedad con premura.

Lo que resulta incontestable es que la cumbre tecnológica convocada por Xi Jinping representa el reconocimiento más explícito, por parte del liderazgo chino, de que la supremacía en inteligencia artificial — y, por extensión, la hegemonía tecnológica del siglo XXI — no se alcanzará mediante planificación centralizada solamente. Requiere a Alibaba, requiere a Tencent, requiere a ByteDance, requiere incluso a Jack Ma. Y Pekín, con la pragmatismo que ha caracterizado históricamente sus mayores virajes económicos, ha decidido que es hora de decirlo en voz alta.