Los Estados Unidos han puesto en marcha la maquinaria de su legislación comercial más poderosa contra dieciséis de las mayores economías del planeta. El 11 de marzo de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos, embajador Jamieson Greer, inició de oficio investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 para determinar si las políticas y prácticas de esas economías en materia de exceso estructural de capacidad manufacturera son «irrazonables o discriminatorias» y restringen el comercio estadounidense, según el aviso publicado en el Registro Federal y confirmado por la propia Oficina del USTR.

Las economías sometidas a escrutinio son, según el comunicado oficial del USTR: China, la Unión Europea, Singapur, Suiza, Noruega, Indonesia, Malasia, Camboya, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Taiwán, Bangladés, México, Japón e India. Se trata, como ha señalado el estudio jurídico Holland & Knight, de «la actividad más amplia bajo la Sección 301 desde las acciones iniciales contra China en 2018», y representa una escalada sin precedentes en cuanto al número de socios comerciales investigados simultáneamente.

La acción no surge del vacío, sino de la colisión entre dos poderes constitucionales. El 20 de febrero de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó, en una decisión de 6 a 3 en el caso Learning Resources, Inc. v. Trump, que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) no autoriza al presidente a imponer aranceles. La opinión mayoritaria, redactada por el presidente del Tribunal, John G. Roberts Jr., y en la que concurrieron los jueces Gorsuch y Barrett entre otros, sostuvo que el poder arancelario es «claramente una rama de la potestad tributaria» reservada al Congreso por el Artículo I de la Constitución, según la resolución publicada por la Corte.

El fallo invalidó de un solo golpe tanto los aranceles recíprocos del «Día de la Liberación» de abril de 2025 como los aranceles relacionados con el tráfico de fentanilo, que habían sido impuestos a la práctica totalidad de los socios comerciales de Estados Unidos. Según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model, las recaudaciones bajo IEEPA habían alcanzado entre 175.000 y 179.000 millones de dólares, una cifra que superaba el gasto combinado del Departamento de Transporte y el Departamento de Justicia en el año fiscal 2025.

La respuesta del Ejecutivo fue inmediata y calibrada. Horas después del fallo, el presidente Trump firmó una proclamación bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, imponiendo un recargo temporal del 10 por ciento ad valórem sobre importaciones de todos los países, vigente a partir del 24 de febrero de 2026 por un período máximo de 150 días, según la propia Casa Blanca. Al día siguiente, el presidente anunció la intención de elevar la tasa al 15 por ciento — el máximo estatutario permitido bajo la Sección 122 —, aunque dicho incremento no se ha formalizado mediante orden ejecutiva hasta la fecha, según informó el estudio White & Case.

Los aranceles de la Sección 122 son, por diseño legislativo, una medida puente. A diferencia de los aranceles IEEPA, se aplican uniformemente a todos los países, no pueden superar el 15 por ciento y expiran el 24 de julio de 2026 salvo extensión por el Congreso, según la firma Covington & Burling. Ahí es precisamente donde entran las investigaciones de la Sección 301: concebidas para producir un régimen arancelario permanente, específico por país y ajustable al alza o a la baja, con una base legal que ha resistido impugnaciones judiciales en el pasado.

El embajador Greer no dejó ambigüedad sobre el propósito estratégico. En declaraciones recogidas por The Korea Times y otras fuentes, afirmó que su objetivo es concluir las investigaciones antes de que expiren los aranceles de la Sección 122, asegurando que no exista «vacación arancelaria» para los bienes extranjeros que ingresan al mercado estadounidense. El USTR ha solicitado formalmente consultas con los gobiernos de las dieciséis economías investigadas, un requisito procedimental de la Sección 301, y ha abierto el período de comentarios públicos a partir del 17 de marzo, con fecha límite para presentaciones escritas el 15 de abril y audiencias públicas que comenzarán el 5 de mayo en la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos.

La amplitud sectorial de las investigaciones es extraordinaria. Según el aviso del Registro Federal, los sectores que el USTR considera «aquejados por exceso de capacidad y producción» incluyen aluminio, automóviles, baterías, cemento, productos químicos, electrónica, bienes energéticos, vidrio, máquinas-herramienta, maquinaria, metales no ferrosos, papel, plásticos, alimentos y bebidas procesados, robótica, satélites, semiconductores, buques, módulos solares, acero y equipo de transporte. White & Case señaló que el USTR formula alegaciones específicas por economía, incluyendo «exceso de producción de acero en China, baja utilización de instalaciones químicas en Alemania, expansión de capacidad industrial pese a tasas de ocupación decrecientes en Singapur, manipulación de divisas en Suiza, sobreoferta persistente de cemento en Indonesia» y operación continuada de empresas no rentables sostenidas por fuerzas no comerciales en Japón.

China ocupa el centro de la acusación. Según el aviso del USTR citado por Holland & Knight, el superávit comercial global de bienes de China superó los 1,2 billones de dólares en 2025, un récord histórico que representó «cerca del 70 por ciento de todos los superávits comerciales globales agregados en bienes». Su superávit bilateral con Estados Unidos, incluyendo bienes y servicios, se situó en 361.000 millones de dólares en 2024, el mayor de cualquier socio comercial estadounidense, según reportó The Online Citizen. La tasa de utilización de la capacidad manufacturera china cayó al 74,4 por ciento en 2025, por debajo del umbral del 80 por ciento que el USTR considera saludable. En el sector del acero, según datos del Foro Global sobre Exceso de Capacidad Siderúrgica citados por el USTR, la participación de China en el exceso de capacidad global de acero ascendió al 54 por ciento en el tercer trimestre de 2025.

Pero la investigación no se limita a los competidores estratégicos de Washington. Aliados de tratado y socios económicos de larga data se encuentran también bajo escrutinio. La Unión Europea, con foco específico en Alemania, mantuvo un superávit bilateral en bienes y servicios con Estados Unidos de 147.000 millones de dólares en 2024, según el aviso del USTR citado por Holland & Knight. La tasa de utilización de la capacidad alemana en el sector químico se ubicó en un 72,7 por ciento en enero de 2026, según datos presentados por Chemical Week. Vietnam registró un superávit bilateral de bienes con Estados Unidos de 178.000 millones de dólares en 2025, y México uno de 197.000 millones, liderado por el sector automotriz, según el mismo aviso federal.

El Representante Comercial enmarcó las investigaciones como pilar de la agenda de reindustrialización. En el comunicado oficial del USTR, Greer declaró: «Los Estados Unidos ya no sacrificarán su base industrial ante otros países que pueden estar exportándonos sus problemas de exceso de capacidad y producción.» El USTR observó que la manufactura estadounidense representó apenas el 10,5 por ciento del PIB nacional en 2023, frente al 22,7 por ciento en Alemania, el 28,1 por ciento en China y un promedio global del 17,2 por ciento, según datos citados por The Online Citizen.

El impacto fiscal de la política arancelaria en su conjunto sigue siendo objeto de escrutinio independiente. La Tax Foundation, organización no partidista de análisis fiscal, estimó en su último informe actualizado en marzo de 2026 que los aranceles de Trump constituyen «el mayor aumento tributario como porcentaje del PIB desde 1993» y representan un incremento impositivo promedio de 1.500 dólares por hogar estadounidense en 2026. Tras la eliminación de los aranceles IEEPA por el Tribunal Supremo, la misma organización calculó que los aranceles de las Secciones 232 y 122 restantes generarían 81.000 millones de dólares en ingresos tributarios federales en 2026, o el 0,26 por ciento del PIB.

La cronología comprimida de las investigaciones — apenas 35 días desde la apertura de expedientes hasta la fecha límite de comentarios — ha generado alarma entre los actores afectados. Según Holland & Knight, «el calendario comprimido proporciona una ventana estrecha para que las partes interesadas presenten sus aportaciones al USTR.» Las audiencias públicas se celebrarán del 5 al 8 de mayo en la Comisión de Comercio Internacional, y los comentarios de réplica podrán presentarse en un plazo de siete días calendario tras la última sesión.

Simultáneamente, el 12 de marzo el USTR inició una segunda batería de investigaciones bajo la Sección 301 contra sesenta economías, examinando si sus gobiernos han incumplido la obligación de prohibir y aplicar eficazmente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso. El embajador Greer ha señalado que ambas líneas de investigación — exceso de capacidad y trabajo forzoso — podrían derivar en aranceles o restricciones a la importación de magnitud comparable a los aranceles IEEPA recientemente invalidados.

El sector privado estadounidense respondió con apoyos significativos. La Steel Manufacturers Association, el American Iron and Steel Institute y la United Steelworkers aplaudieron las investigaciones como una defensa largamente esperada contra el exceso de capacidad global, según declaraciones publicadas por el propio USTR. La Coalition for a Prosperous America calificó la acción como «un esfuerzo serio y largamente esperado para abordar las fuerzas estructurales que han vaciado grandes partes de la base manufacturera de Estados Unidos», según el comunicado de la Oficina del Representante Comercial.

Lo que se decide en las próximas semanas en Washington no es una cuestión técnica de regulación comercial. Es la reconstrucción, bajo autoridad estatutaria diferente pero con idéntica ambición de alcance, de la arquitectura arancelaria más extensa que los Estados Unidos han desplegado en más de ochenta años. Si el USTR determina que las prácticas bajo investigación son procesables — y la velocidad del calendario sugiere que tal es la intención —, los aranceles resultantes de la Sección 301 podrían entrar en vigor antes de que expire el recargo temporal de la Sección 122 el 24 de julio, produciendo una transición sin solución de continuidad entre regímenes arancelarios. Para la base industrial estadounidense, ese es el objetivo declarado. Para las dieciséis economías en la mira, la cuenta regresiva ha comenzado.