Editor’s Note: This article was published as part of the inaugural edition of The Commonwealth Times and reflects events as reported at the time of the referenced news coverage.

Hay una línea que ningún gobierno libre puede cruzar sin dejar de serlo: la que separa el poder del Estado del derecho de cada ciudadano a ser representado ante la ley. Esa línea, trazada antes de que existiera la República y consagrada en la Sexta Enmienda, está siendo sometida a una presión sin precedentes modernos. La administración del presidente Donald Trump, mediante órdenes ejecutivas, directivas del Departamento de Justicia y la retórica incendiaria que ha convertido en instrumento de gobierno, ha declarado la guerra abierta a los bufetes de abogados que en algún momento representaron a personas u organizaciones contrarias a sus políticas. Lo que está en juego no es el destino comercial de una firma; es la arquitectura constitucional de los Estados Unidos.

El caso más emblemático —aunque en modo alguno el único— es el de Perkins Coie, el bufete con sede en Seattle que durante años prestó servicios legales al Comité Nacional Demócrata y a la campaña de Hillary Clinton. En febrero de 2025, el presidente firmó una orden ejecutiva que revocaba las habilitaciones de seguridad de los abogados de la firma, ordenaba a todas las agencias federales suspender cualquier relación contractual con ella y dirigía al Departamento de Justicia a evaluar ‘acciones adicionales’ contra sus socios. La orden no invocaba una conducta ilícita específica; su fundamento explícito era la representación legal prestada a adversarios políticos del presidente. La Casa Blanca, en un comunicado que prescindía de toda cautela retórica, calificó a Perkins Coie de ‘arma de la izquierda radical contra el pueblo americano’.

La reacción del poder judicial fue inmediata. El juez de distrito Beryl Howell, del Distrito de Columbia —nombrada por Barack Obama pero respetada por su rigor procesal en ambas orillas partidistas—, emitió una orden de restricción temporal que bloqueaba la ejecución de la directiva contra Perkins Coie, señalando que la orden ejecutiva planteaba ‘cuestiones constitucionales de la mayor gravedad’ respecto a la Primera Enmienda y al derecho a representación legal. Otros tribunales federales han emitido medidas similares conforme la administración ha extendido su ofensiva a firmas como WilmerHale, Jenner & Block y Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, todas ellas vinculadas en algún momento a investigaciones o litigios contra el entorno del presidente.

El patrón es inequívoco y merece ser descrito con la precisión que exige. No se trata de que el gobierno rescinda contratos por razones presupuestarias o de rendimiento —prerrogativa legítima del Ejecutivo—, sino de que emplee el aparato del Estado para castigar a profesionales del derecho por el contenido de su ejercicio profesional. La distinción es capital. Cuando un gobierno elige a sus proveedores de servicios legales, ejerce discrecionalidad administrativa; cuando castiga retroactivamente a quienes representaron a sus adversarios, ejerce represalia política. Lo primero es gobernanza; lo segundo es autocracia.

La comunidad jurídica estadounidense ha respondido con una unanimidad que rara vez se observa en una profesión célebre por su faccionalismo. El Colegio de Abogados de los Estados Unidos (American Bar Association), bajo la presidencia de Mary Smith, emitió en marzo de 2025 una resolución formal condenando las órdenes ejecutivas como ‘incompatibles con los principios fundamentales de la profesión legal y con el Estado de derecho’. Más de mil exfiscales federales —republicanos y demócratas— firmaron una carta abierta advirtiendo que las acciones de la administración ‘socavan la capacidad de toda persona de obtener representación legal competente, porque ningún abogado aceptará un caso políticamente sensible si hacerlo significa exponer a su firma entera a represalias gubernamentales’.

El argumento de los firmantes no es abstracto. La historia de la abogacía estadounidense está jalonada de representaciones impopulares que resultaron ser fundacionales. John Adams defendió a los soldados británicos acusados de la Masacre de Boston no porque simpatizara con la corona, sino porque comprendía que un sistema legal que niega defensa al acusado impopular es un sistema que no puede garantizar justicia a nadie. Más de dos siglos después, el principio permanece intacto —o debería permanecer intacto— en la Constitución: el abogado no es cómplice de su cliente, del mismo modo que el médico no es cómplice de la enfermedad que trata.

Los defensores de la administración argumentan que el presidente posee autoridad para determinar quién accede a información clasificada y quién contrata con el gobierno federal. Ambas proposiciones son técnicamente correctas y profundamente insuficientes. La autoridad sobre habilitaciones de seguridad es discrecional, sí, pero no es inmune al escrutinio judicial cuando se ejerce con propósito punitivo o discriminatorio. La Corte Suprema, en Department of the Navy v. Egan (1988), reconoció la amplia deferencia debida al Ejecutivo en materia de seguridad nacional, pero nunca sostuvo que esa deferencia fuera absoluta ni que pudiera emplearse como instrumento de represalia política. El gobierno de Trump pretende convertir una prerrogativa de seguridad en un garrote ideológico, y esa transmutación no resiste el análisis constitucional serio.

Hay, además, una dimensión práctica que la administración parece ignorar o despreciar deliberadamente. Los grandes bufetes de Washington y Nueva York no representan exclusivamente a demócratas ni exclusivamente a republicanos. Paul, Weiss cuenta entre sus antiguos socios a Ted Olson, arquitecto legal de la presidencia de George W. Bush. WilmerHale albergó a Robert Mueller, pero también a numerosos funcionarios de administraciones republicanas. Atacar a estas firmas por una porción de su cartera de clientes es como incendiar un hospital porque uno de sus pacientes resulta antipático: el daño no se limita al objetivo declarado.

Los tribunales tendrán la última palabra, pero el daño ya está en curso. Según informes del American Lawyer y del Financial Times, al menos tres bufetes de primer nivel han declinado representar a organizaciones vinculadas a litigios contra la administración por temor a represalias, y varios socios de firma han abandonado casos pro bono relacionados con inmigración y derechos civiles. El efecto disuasorio —lo que la jurisprudencia denomina ‘chilling effect’— no requiere que la amenaza se materialice por completo; basta con que sea creíble. Y la administración Trump ha invertido considerable capital político en demostrar que sus amenazas son creíbles.

Exjueces federales de ambos partidos han sido particularmente elocuentes. J. Michael Luttig, juez conservador del Cuarto Circuito nombrado por George H. W. Bush y referente intelectual de la derecha jurídica estadounidense, describió las órdenes ejecutivas como ‘el ataque más grave a la independencia de la profesión legal desde que tengo memoria, y llevo más de cuarenta años en el derecho’. Luttig no es sospechoso de simpatías progresistas; su alarma, por tanto, debería ser escuchada con particular atención por quienes desestiman las críticas como mero partidismo.

Lo que esta controversia revela, en último análisis, es algo más perturbador que una disputa sobre contratos federales. Revela una concepción del poder ejecutivo que no tolera la intermediación institucional: ni la del Congreso, ni la de los tribunales, ni la de la prensa, ni la de la profesión legal. En esa concepción, representar al adversario del presidente es ser adversario del presidente, y ser adversario del presidente es ser adversario del Estado. Esa ecuación —líder igual a Estado, oposición igual a traición— tiene un nombre en la ciencia política, y no es democracia.

La República fue diseñada para resistir estas presiones. Sus mecanismos de contrapeso —la revisión judicial, la independencia del foro, la libertad de asociación profesional— fueron concebidos precisamente para los momentos en que el poder intenta devorar los espacios que lo limitan. Pero los mecanismos solo funcionan si hay personas e instituciones dispuestas a activarlos. Los colegios de abogados que han alzado la voz, los jueces que han emitido órdenes cautelares, los exfiscales que han firmado cartas abiertas: todos ellos están cumpliendo con la función que la arquitectura constitucional les asigna. La pregunta que queda es si serán suficientes, y si el país que inventó el gobierno de leyes y no de hombres conservará la voluntad de vivir según ese principio.