No ha habido, en la historia reciente de la república, una confrontación de esta envergadura entre el poder ejecutivo federal y la soberanía operativa de los estados en materia de orden público. La administración del presidente Donald Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025 ha convertido la deportación masiva de inmigrantes indocumentados en el eje gravitacional de su agenda doméstica, ha intensificado en las últimas semanas una campaña de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —conocido por sus siglas en inglés, ICE— en ciudades y condados que mantienen políticas de santuario, desatando una cadena de enfrentamientos legales, institucionales y políticos cuya resolución definirá los contornos del federalismo estadounidense durante una generación.

Los operativos, ejecutados con despliegues ostensibles de agentes federales en vecindarios de alta concentración inmigrante en Nueva York, Chicago, Denver, Los Ángeles y Newark, entre otras ciudades, han resultado en miles de detenciones desde comienzos de 2026. Lo que distingue esta fase de la campaña de las acciones anteriores no es solo su escala —el propio ICE ha reportado cifras récord de arrestos administrativos en el primer trimestre del año fiscal—, sino su alcance deliberado: una proporción significativa de los detenidos carece de antecedentes criminales de cualquier naturaleza. Son trabajadores de la construcción, empleados de restaurantes, padres y madres de familia con hijos nacidos en territorio estadounidense, personas cuya única transgresión legal es la permanencia en el país sin documentación migratoria vigente.

La decisión de extender las redadas más allá de los individuos con órdenes de deportación previas o historial delictivo constituye una ruptura explícita con las prioridades de aplicación que rigieron, con variaciones, desde la administración de Barack Obama hasta la de Joe Biden. Bajo aquellas directrices, los recursos limitados del ICE se concentraban en individuos que representaban un riesgo para la seguridad pública. La administración Trump ha abandonado esa doctrina de priorización con una franqueza casi programática: el llamado «zar fronterizo» Tom Homan, reinstalado en funciones de coordinación migratoria, ha declarado públicamente que «no hay categorías protegidas» y que cualquier persona presente ilegalmente en el país es susceptible de detención y remoción.

La respuesta de los estados gobernados por demócratas no se ha hecho esperar, y ha adoptado la forma más severa que el sistema constitucional estadounidense permite entre niveles de gobierno: la impugnación judicial. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó en febrero una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York argumentando que los operativos del ICE en escuelas, hospitales y tribunales estatales violan la Cuarta Enmienda —que protege contra registros e incautaciones irrazonables— y la cláusula del debido proceso de la Quinta Enmienda. La demanda, respaldada por un dossier de más de doscientos testimonios de detenidos, sostiene que los agentes federales han efectuado arrestos sin órdenes judiciales, basándose únicamente en mandatos administrativos que, según la argumentación del estado, carecen de la autoridad constitucional suficiente para privar de libertad a personas en espacios públicos civiles.

En Illinois, el gobernador JB Pritzker firmó en enero una orden ejecutiva que refuerza la Trust Act estatal, prohibiendo a cualquier agencia del estado de Illinois cooperar con operativos de detención del ICE que no estén respaldados por órdenes judiciales firmadas por un magistrado federal. La respuesta del Departamento de Justicia fue inmediata: una carta del fiscal general interino amenazó con retirar fondos federales de seguridad pública al estado, invocando la misma lógica legal que la primera administración Trump empleó —con resultados mixtos en los tribunales— entre 2017 y 2020. Pritzker calificó la amenaza de «chantaje constitucional» y anunció que el estado litigaría hasta la Corte Suprema si fuese necesario.

Colorado ha emergido como un tercer frente de batalla de singular intensidad. La gobernadora Jared Polis y la fiscal general del estado han impugnado ante el Tribunal Federal del Distrito de Colorado un operativo específico llevado a cabo en Aurora en febrero, durante el cual agentes del ICE detuvieron a diecisiete personas en las inmediaciones de una iglesia que ofrecía servicios de asistencia legal gratuita a inmigrantes. La demanda alega que el operativo tuvo un efecto disuasorio sobre el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda —libertad de asociación y acceso a asistencia legal— y que la presencia de agentes armados en las cercanías de un lugar de culto constituye una forma de intimidación gubernamental incompatible con el orden constitucional.

El Departamento de Justicia, bajo la dirección del fiscal general Pam Bondi, ha respondido con una estrategia legal que combina la doctrina de la supremacía federal en materia de inmigración —establecida por la Corte Suprema en Arizona contra Estados Unidos (2012)— con una interpretación expansiva de la autoridad del poder ejecutivo en la aplicación de las leyes migratorias. Los abogados del gobierno federal argumentan que las políticas de santuario constituyen, en sí mismas, una obstrucción a la ejecución de la ley federal y que los estados no poseen autoridad constitucional para impedir que agentes federales cumplan mandatos de detención emitidos por las autoridades de inmigración.

Pero el terreno jurídico es considerablemente más complejo de lo que la retórica de cualquiera de las partes sugiere. La distinción entre mandatos administrativos de detención —conocidos como detainers— y órdenes judiciales propiamente dichas ha sido objeto de litigio durante más de una década. Múltiples tribunales de circuito han dictaminado que los detainers del ICE no son órdenes judiciales y que las jurisdicciones locales no están constitucionalmente obligadas a cumplirlos. La Corte Suprema no ha resuelto la cuestión de manera definitiva, lo que convierte el actual ciclo de litigios en un posible vehículo para una sentencia histórica.

Mientras las batallas legales avanzan por los circuitos federales, las consecuencias humanas de la campaña se acumulan con una cadencia implacable. Organizaciones de asistencia legal como la American Immigration Lawyers Association y el National Immigrant Justice Center han documentado un descenso dramático en la asistencia de inmigrantes a citas médicas, audiencias judiciales y escuelas públicas en las ciudades donde los operativos han sido más visibles. El efecto disuasorio que los demandantes alegan ante los tribunales no es una abstracción jurídica: es una realidad medible en consultorios pediátricos vacíos y aulas con pupitres desocupados.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, describió la situación en términos que resuenan con la gravedad del momento: «Estamos presenciando cómo el gobierno federal utiliza la fuerza policial para aterrorizar a comunidades enteras de personas que trabajan, pagan impuestos y crían a sus hijos en esta ciudad. Esto no es aplicación de la ley. Esto es persecución selectiva con fines políticos.» La Casa Blanca respondió acusando a Johnson y a otros funcionarios demócratas de «complicidad con la ilegalidad» y de poner en riesgo la seguridad pública al obstaculizar las funciones del ICE.

Lo que está en juego trasciende la política migratoria en su sentido estrecho. La colisión entre la administración Trump y los estados santuario pone a prueba los límites del poder ejecutivo federal, la capacidad de los estados para proteger a sus residentes frente a acciones federales que consideran inconstitucionales y la disposición del poder judicial para arbitrar una disputa que es, en su esencia, tanto legal como profundamente política. Los próximos meses determinarán si el sistema de frenos y contrapesos que define la arquitectura constitucional estadounidense es capaz de absorber una presión de esta magnitud sin fracturarse.

La república observa. Los tribunales deliberan. Y en las calles de las ciudades santuario, familias enteras viven con la puerta cerrada y las luces apagadas, esperando un golpe en la madrugada que puede no llegar nunca o puede llegar esta noche.