Hay una distancia de apenas doscientos metros entre la Casa Blanca y el edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos. El presidente Donald J. Trump recorrerá esa distancia esta mañana de miércoles, 1 de abril de 2026, para sentarse en la sala de audiencias del más alto tribunal de la nación mientras nueve magistrados escuchan los alegatos orales en Trump v. Barbara, el caso que decidirá si una orden ejecutiva puede redefinir el significado de la ciudadanía estadounidense. Ningún presidente en funciones ha asistido jamás a alegatos orales ante la Corte Suprema. Este dato no es trivial: es el punto de partida de un análisis que exige la mayor seriedad de la que es capaz el periodismo americano.

Los hechos del caso son claros y están ampliamente documentados. El 20 de enero de 2025, su primer día de vuelta en el cargo, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Protecting the Meaning and Value of American Citizenship” que declaraba que los hijos nacidos en territorio estadounidense de padres sin estatus legal permanente o con presencia temporal no serían reconocidos automáticamente como ciudadanos. Según la Associated Press, la orden se sustenta en una reinterpretación de la frase “sujetos a la jurisdicción” contenida en la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda, ratificada en 1868 tras la Guerra Civil. Todos los tribunales que han examinado la orden la han declarado inconstitucional y han impedido su entrada en vigor.

La magnitud del caso es difícil de exagerar. Según investigaciones del Migration Policy Institute y el Population Research Institute de Penn State citadas por PBS y la Associated Press, más de un cuarto de millón de bebés nacidos en Estados Unidos cada año se verían afectados por la orden ejecutiva. Según datos del Pew Research Center reportados por FOX 5 DC, 4,6 millones de niños menores de 18 años viven actualmente en Estados Unidos con al menos un padre indocumentado. El Migration Policy Institute ha proyectado que la eliminación de la ciudadanía por nacimiento incrementaría la población no autorizada en 2,7 millones de personas para 2045 y en 5,4 millones para 2075, un resultado paradójicamente contrario al objetivo declarado de reducir la inmigración irregular.

La decisión del presidente de asistir personalmente al tribunal merece un examen detenido desde la perspectiva del interés nacional. Según NBC News, tanto la Corte Suprema como la Supreme Court Historical Society han confirmado que no existe registro oficial de ningún presidente en funciones que haya asistido a alegatos orales. Como reportó la Associated Press, Trump declaró a periodistas en el Despacho Oval: “I’m going”, y la secretaria de prensa Karoline Leavitt confirmó posteriormente su asistencia. El programa oficial del presidente, distribuido por la Casa Blanca, incluía una parada en la Corte Suprema.

La pregunta que este diario debe formular no es si el presidente tiene derecho a sentarse en una audiencia pública — lo tiene, como cualquier ciudadano — sino qué señal envía al hacerlo, y si esa señal sirve a los intereses de los Estados Unidos de América. Un experto en derecho electoral citado por NBC News, el profesor Richard Pildes, observó que los presidentes han evitado históricamente asistir a los alegatos orales porque las decisiones de la Corte se aplican a la presidencia como institución, no al mandato de un individuo particular. La presencia física del presidente personaliza lo que debe ser un proceso institucional. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha trabajado intensamente por mantener la independencia del poder judicial, y advirtió el 17 de marzo que la hostilidad personalmente dirigida contra los jueces “es peligrosa y debe cesar”.

Dicho esto, la administración tiene argumentos sustantivos que merecen ser examinados con rigor. El Solicitor General D. John Sauer, según reporta PBS, comparó la importancia de Trump v. Barbara con la decisión seminal de Brown v. Board of Education de 1954, argumentando que la Corte debería usar el caso para corregir lo que denomina “long-enduring misconceptions about the Constitution’s meaning”. La posición de la administración sostiene que las personas presentes ilegalmente o de forma temporal en el país no están plenamente “sujetas a la jurisdicción” de los Estados Unidos y que, por tanto, sus hijos nacidos en suelo americano no tienen derecho automático a la ciudadanía. Algunos juristas conservadores respaldan esta interpretación.

La defensa de los demandantes la encabeza Cecillia Wang, directora jurídica nacional de la American Civil Liberties Union, quien según el propio expediente de la Corte Suprema representa a la clase demandante junto con Cody Wofsy. Wang, ella misma ciudadana por nacimiento de padres emigrados de Taiwán, declaró a la Associated Press que el presidente “está intentando reinterpretar radicalmente la definición de ciudadanía americana”. El caso tiene su origen en el Tribunal de Distrito de New Hampshire, donde el juez federal Joseph N. LaPlante dictaminó que la orden “probablemente viola” tanto la Constitución como la ley federal.

El precedente más relevante es United States v. Wong Kim Ark, decidido por la Corte Suprema en 1898, cuando el tribunal afirmó que un hombre nacido en San Francisco de padres ciudadanos chinos con presencia temporal era ciudadano estadounidense por nacimiento. Según el National Constitution Center, la comprensión largamente sostenida de esa decisión es que la Decimocuarta Enmienda otorga ciudadanía automática a todo niño nacido en territorio estadounidense, con excepciones limitadas para hijos de diplomáticos extranjeros y fuerzas invasoras. El Congreso codificó esta misma regla por ley en 1940 y la recodificó en 1952.

Frente al edificio de la Corte, según la ACLU de Maine, se desarrolla esta mañana una manifestación organizada por la ACLU con la participación del reverendo William Barber II y el senador Alex Padilla, respaldada por más de 300.000 firmas recogidas en una petición nacional. Es un derecho de los ciudadanos americanos manifestarse ante las instituciones de su república, y este diario lo reconoce como tal.

Permítase ahora el análisis editorial que corresponde a esta sección. La cuestión de la ciudadanía por nacimiento toca el nervio más profundo de la identidad nacional americana. Los Estados Unidos son una nación fundada no sobre lazos de sangre o tierra ancestral sino sobre un principio: que la pertenencia a la república se adquiere, entre otras vías, por el hecho mismo de nacer en su territorio. Esta no es una concesión generosa a los extranjeros; es una decisión estratégica de una nación soberana que eligió deliberadamente el jus soli como instrumento de cohesión nacional y de asimilación de las sucesivas oleadas humanas que han construido la potencia económica y militar más formidable de la historia.

La Decimocuarta Enmienda no fue un accidente legislativo. Fue la respuesta de una nación que acababa de librar su guerra más sangrienta para establecer, con la claridad que solo proporciona la sangre derramada, que ningún poder del Estado podría decidir quién es y quién no es americano en función del origen de sus padres. Los redactores de la enmienda eligieron deliberadamente la palabra “persons” — personas — no “citizens”, no “nationals”, no “subjects”. Y la Corte Suprema en Wong Kim Ark confirmó esa elección con toda la autoridad de la que es capaz el poder judicial de la república.

La administración actual tiene el derecho soberano — y en algunos aspectos, el deber — de controlar las fronteras de la nación, de hacer cumplir las leyes de inmigración, de deportar a quienes las violan, y de diseñar una política migratoria que sirva a los intereses económicos y de seguridad del pueblo americano. Este periódico ha apoyado y seguirá apoyando el ejercicio vigoroso de esas prerrogativas. Pero la pregunta que Trump v. Barbara plantea no es si los Estados Unidos pueden controlar su inmigración — por supuesto que pueden y deben — sino si un presidente puede, mediante orden ejecutiva, alterar el significado de una enmienda constitucional que ha sido interpretada de la misma manera durante más de 150 años por los tres poderes del Estado.

Según CBS News, el propio presidente escribió en Truth Social que la Corte Suprema “encontrará la manera de llegar a la conclusión equivocada”. Tras la decisión del tribunal sobre aranceles el mes pasado, según la misma fuente, llamó a algunos de los magistrados conservadores que él mismo nombró “an embarrassment to their families”. Estos ataques personalizados contra el poder judicial no fortalecen la posición estadounidense. La debilitan. La independencia del poder judicial es una de las ventajas competitivas más decisivas de los Estados Unidos de América frente a sus adversarios — frente a la China de Xi Jinping, donde los tribunales son instrumentos del Partido; frente a la Rusia de Putin, donde la ley es lo que el Kremlin dice que es. Socavar la legitimidad de los tribunales americanos no es un acto de fuerza: es un acto de erosión del capital institucional que hace de los Estados Unidos la potencia que son.

La decisión del tribunal se espera antes del receso de verano, a finales de junio o principios de julio, según múltiples fuentes incluidas CBS News, el National Constitution Center y SCOTUSblog. La Corte tiene una mayoría conservadora de 6-3, con tres magistrados nombrados por el propio Trump — Gorsuch, Kavanaugh y Barrett. Sin embargo, como ha señalado Alternet citando análisis jurídicos, el bloque conservador podría dividirse, y los magistrados liberales necesitarían al menos dos votos conservadores para formar mayoría. The Hill ha señalado que existe incluso una vía más estrecha: la Corte podría invalidar la orden ejecutiva simplemente por violar la ley federal de 1940, sin necesidad de pronunciarse sobre la cuestión constitucional.

Lo que está en juego esta mañana de abril en el edificio neoclásico de la Primera Calle no es solo el destino de una orden ejecutiva. Es la pregunta fundacional de la república americana: ¿quién es americano? Durante más de un siglo y medio, la respuesta ha sido inequívoca: todo aquel que nace en este suelo. Esa respuesta no ha debilitado a los Estados Unidos. Los ha fortalecido. Ha producido generaciones de ciudadanos que no debían su pertenencia a la nación a la sangre de sus padres sino al hecho bruto y democrático de haber nacido bajo la jurisdicción de la Constitución. La Corte Suprema tiene ahora la responsabilidad de determinar si esa promesa constitucional permanece intacta. El presidente tiene derecho a cruzar la calle y sentarse en la sala. Pero la república tiene derecho a que sus instituciones funcionen sin la sombra de la presión ejecutiva. Ambas verdades pueden coexistir. Ambas deben coexistir. De ello depende la arquitectura constitucional que ha hecho de los Estados Unidos la nación más poderosa y más libre de la tierra.