La guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea ha entrado en una fase de escalada sin paralelo reciente. El presidente Donald Trump anunció su disposición a imponer un arancel del 200 por ciento sobre los vinos, champanes, coñacs y demás licores de origen europeo que ingresan al mercado estadounidense, una medida de represalia que responde directamente a los aranceles que Bruselas mantiene sobre el whiskey y el bourbon procedentes de Estados Unidos. La cifra — desproporcionada incluso en el contexto de una administración que ha hecho del proteccionismo su divisa cardinal — no constituye una mera provocación retórica: es la articulación de una doctrina arancelaria que concibe el comercio internacional como un juego de suma cero donde cada concesión equivale a una capitulación.

El origen inmediato de esta escalada se remonta a la secuencia de represalias que ha definido las relaciones comerciales transatlánticas desde el primer mandato de Trump. En 2018, la administración impuso aranceles del 25 por ciento sobre el acero y del 10 por ciento sobre el aluminio europeos, invocando razones de seguridad nacional bajo la Sección 232. La Unión Europea respondió con aranceles compensatorios sobre productos emblemáticos estadounidenses — entre ellos, el whiskey de bourbon, cuyo gravamen se fijó en el 50 por ciento. Aunque la administración Biden negoció una suspensión parcial de estas medidas en 2021, el regreso de Trump a la Casa Blanca reactivó el mecanismo de confrontación. En marzo de 2025, la reimposición de los aranceles sobre el acero y el aluminio provocó una nueva ronda de contramedidas europeas, y Bruselas restableció y amplió sus tasas sobre el bourbon y otros destilados estadounidenses.

La amenaza del 200 por ciento representa, no obstante, un salto cualitativo. Un arancel de esa magnitud convertiría una botella de Burdeos que hoy se vende al consumidor estadounidense por treinta dólares en un artículo cuyo precio en el estante superaría los setenta, una vez trasladado el gravamen a lo largo de la cadena de distribución. Para los grandes crus y los champanes de prestigio, el efecto sería menos devastador en términos relativos — sus compradores poseen menor elasticidad de demanda —, pero para los vinos de mesa italianos, españoles y franceses que constituyen el grueso del volumen importado, la medida equivaldría a una exclusión de facto del mercado norteamericano.

Las cifras del comercio subyacente ilustran la envergadura de lo que está en juego. Según datos de la Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos, las importaciones de vinos y licores procedentes de la Unión Europea alcanzaron en 2024 un valor aproximado de 7.800 millones de dólares, lo que convierte al mercado estadounidense en el principal destino extracomunitario de la producción vitivinícola europea. Francia, Italia y España — en ese orden — son los tres mayores proveedores. Del lado estadounidense, las exportaciones de whiskey y bourbon a la Unión Europea, valoradas en torno a 1.100 millones de dólares antes de la reimposición de los aranceles europeos, ya habían sufrido una contracción significativa, con los productores de Kentucky y Tennessee absorbiendo pérdidas que la Distilled Spirits Council of the United States ha cifrado en centenares de millones.

La asimetría es reveladora y explica, en parte, la lógica de la maniobra de Trump. El presidente apuesta por una realidad aritmética elemental: Estados Unidos importa de Europa, en materia de vinos y licores, un volumen monetario que multiplica por siete lo que Europa importa de Estados Unidos en destilados. En esa desproporción, Washington dispone de una palanca de presión enormemente superior. Un arancel confiscatorio sobre los vinos europeos infligiría un daño económico a los productores del Viejo Continente que excedería con creces el perjuicio que los aranceles europeos sobre el bourbon causan a los destiladores estadounidenses. Es, en esencia, la doctrina del castigo desproporcionado aplicada al comercio de bebidas espirituosas.

La reacción en los mercados ha sido inmediata y severa. Las acciones de los grandes grupos de distribución de vinos y licores en Estados Unidos — entre ellos Southern Glazer’s Wine and Spirits y Republic National Distributing Company — registraron caídas significativas en las jornadas posteriores al anuncio. En Europa, las cotizaciones de los conglomerados del lujo con divisiones de vinos y espirituosos, como LVMH, Pernod Ricard y Rémy Cointreau, sufrieron descensos que reflejan la exposición directa de estas compañías al mercado norteamericano. LVMH, propietaria de Moët Hennessy, obtiene aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos en la división de vinos y espirituosos del mercado estadounidense, una proporción que convierte la amenaza arancelaria en un riesgo existencial para una línea de negocio valorada en miles de millones de euros.

En Burdeos, en la Toscana, en la Rioja, la alarma no es menor. Los viticultores europeos, muchos de ellos pequeñas y medianas explotaciones familiares que dependen de las exportaciones para absorber una producción que el mercado interno no puede consumir en su totalidad, contemplan la posibilidad de un arancel del 200 por ciento con una mezcla de incredulidad y pavor. La Fédération des Exportateurs de Vins et Spiritueux de France emitió un comunicado calificando la medida de «inaceptable y desproporcionada», y el Comité Européen des Entreprises Vins instó a la Comisión Europea a buscar una solución negociada antes de que la espiral de represalias cause daños irreversibles.

La Comisión Europea, por su parte, ha mantenido una postura de firmeza cautelosa. El comisario de Comercio reiteró que la Unión está dispuesta a negociar la eliminación recíproca de aranceles, pero advirtió que cualquier medida unilateral desproporcionada de Washington será respondida con contramedidas equivalentes. Entre las opciones que Bruselas maneja figuran aranceles ampliados sobre productos agrícolas estadounidenses — soja, maíz, carne de vacuno —, así como sobre servicios digitales proporcionados por las grandes tecnológicas de Silicon Valley, un frente que abriría una dimensión enteramente nueva en el conflicto.

Para el consumidor estadounidense, las consecuencias prácticas de un arancel del 200 por ciento serían tangibles e inmediatas. El vino europeo representa aproximadamente el 30 por ciento de todo el vino consumido en Estados Unidos. Una reducción drástica de la oferta importada — o un encarecimiento que la hiciera prohibitiva para amplios segmentos de la población — beneficiaría en principio a los productores nacionales de California, Oregón y el estado de Washington, pero la capacidad de estos para absorber la demanda desplazada es limitada a corto plazo. El resultado más probable, según analistas del sector, sería una contracción general del consumo de vino y un deterioro de la diversidad de la oferta disponible en el mercado.

Existe, además, una dimensión geopolítica que trasciende la mera disputa comercial. La guerra arancelaria entre Washington y Bruselas se produce en un momento en que la cohesión de la alianza transatlántica enfrenta presiones múltiples — desde las divergencias sobre la política hacia Ucrania hasta las tensiones en materia de regulación tecnológica y política climática. Utilizar el vino como arma arancelaria no es solo una decisión económica; es un acto de significación simbólica que apunta al corazón de la identidad cultural europea y que Bruselas difícilmente puede dejar sin respuesta sin erosionar su propia credibilidad como actor comercial soberano.

La historia del comercio internacional enseña que las guerras arancelarias rara vez producen vencedores netos. Los aranceles Smoot-Hawley de 1930, elevados a categoría de ejemplo canónico por los economistas, demostraron que la escalada proteccionista tiende a destruir más riqueza de la que protege. La amenaza del 200 por ciento sobre los vinos europeos no ha alcanzado aún el punto de ejecución — permanece, por ahora, en el terreno de la intimidación negociadora —, pero su mera enunciación ha alterado ya los cálculos de inversión, las decisiones de inventario y las expectativas de beneficio de miles de empresas a ambos lados del Atlántico. En la diplomacia comercial de la era Trump, la amenaza es, con frecuencia, la política misma.