Sesenta y seis uniformados colombianos — cincuenta y ocho del Ejército Nacional, seis de la Fuerza Aeroespacial y dos de la Policía Nacional — perecieron el lunes 23 de marzo cuando un avión de transporte militar Hércules C-130, con 128 personas a bordo, se desplomó segundos después de despegar de la pista de Puerto Leguízamo, municipio remoto enclavado en la provincia amazónica de Putumayo, en la frontera con Perú y Ecuador. Así lo confirmó el general Hugo Alejandro López Barreto, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, según reportaron la Associated Press, Al Jazeera, CBS News, NPR y France 24. Cuatro militares permanecen desaparecidos. Cincuenta y siete fueron evacuados a hospitales de Bogotá y Florencia. La aeronave, construida por Lockheed Martin, cayó a aproximadamente kilómetro y medio del aeródromo, y la munición que transportaba la tropa detonó tras el impacto, incendiando los restos del fuselaje sobre el suelo selvático.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, descartó que el siniestro fuese producto de un ataque de grupos armados ilegales, según consignaron Al Jazeera, NPR y CBS News. El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva, declaró que la aeronave «presentó un problema y se precipitó a tierra» a unos dos kilómetros del aeropuerto, sin que se hayan determinado aún las causas técnicas del desplome. La investigación oficial apenas comienza, pero el debate político en Bogotá — y la preocupación estratégica en Washington — no han esperado a sus conclusiones.

Para los Estados Unidos, esta tragedia no es un asunto colombiano lejano: es un episodio que toca directamente la arquitectura de cooperación en seguridad que Washington ha construido durante más de dos décadas en el hemisferio occidental. La aeronave siniestrada fue donada por el gobierno de los Estados Unidos a Colombia en 2020, según confirmaron el analista de aviación Erich Saumeth a la AP y NBC News, y los registros del Departamento de Defensa publicados por DVIDSHUB. El número de cola del aparato coincide con el primero de tres C-130 entregados a Colombia en años recientes bajo el programa de Artículos de Defensa Excedentes (Excess Defense Articles), según reportó Reuters. Toda la flota colombiana de C-130 ha sido provista por los Estados Unidos como parte de los esfuerzos de la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa para fortalecer la capacidad de socios estratégicos, según documentó la Fuerza Aérea de EE.UU. La aeronave fue sometida a una revisión general completa (overhaul) en 2023, en la cual sus motores fueron inspeccionados y componentes clave reemplazados, según declaró Saumeth a NPR.

El propio presidente Iván Duque, al recibir la primera de estas aeronaves en octubre de 2020, la describió como símbolo de la «alianza indivisible» entre las dos naciones y declaró, según Diálogo Américas, que la entrega fortalecería las capacidades colombianas «para control territorial, despliegue de tropas y movilización de ayuda humanitaria». Esa ceremonia, presidida también por el entonces embajador estadounidense Philip Goldberg y el comandante de las Fuerzas Aéreas del Sur de EE.UU., condensaba la promesa estratégica del Plan Colombia y su continuación bajo Peace Colombia: una inversión de más de 10.000 millones de dólares en quince años que goza de respaldo bipartidista en el Congreso estadounidense y que el Departamento de Estado describe como uno de los logros más significativos de la política exterior estadounidense del siglo XXI.

Colombia no es un cliente menor ni un socio prescindible. Es, según la ficha oficial del Departamento de Estado sobre cooperación en seguridad, un Aliado Principal Extra-OTAN, designado formalmente como tal en 2022. Fue el primer país latinoamericano en convertirse en socio de la OTAN en 2017. Para el año fiscal 2023, la asistencia de seguridad estadounidense a Colombia superó los 90 millones de dólares. Entre los años fiscales 2021 y 2023, Estados Unidos autorizó la exportación permanente de aproximadamente 172,37 millones de dólares en artículos de defensa a Colombia mediante Ventas Comerciales Directas. Esta inversión no es filantropía: es la columna vertebral de la presencia estratégica estadounidense en la región andino-amazónica, donde el narcotráfico, las disidencias de las FARC, el ELN y la creciente influencia de actores extrahemisféricos convergen en un teatro de amenazas que afecta directamente al territorio continental de los Estados Unidos.

Es precisamente esta magnitud de la inversión estratégica la que hace tan alarmante el contexto político interno colombiano que rodea a la tragedia de Putumayo. El presidente Gustavo Petro aprovechó el accidente para denunciar lo que llamó «dificultades burocráticas» en la modernización del equipo militar, sugiriendo que funcionarios civiles y militares deberían ser removidos si no están a la altura del desafío, según reportaron France 24 y NPR. Pero los críticos de Petro — y los datos disponibles — cuentan una historia diametralmente distinta.

Según reportó NBC News citando a críticos del mandatario, las aeronaves militares colombianas han recibido menos horas de vuelo bajo la administración Petro debido a recortes presupuestarios, lo que conduce a tripulaciones con menor experiencia. Esta afirmación encuentra respaldo documental: en febrero de 2025, un informe de la propia Fuerza Aeroespacial Colombiana, revelado por W Radio y documentado por ColombiaOne, advertía que la FAC enfrentaba un déficit de 228.127 millones de pesos colombianos (unos 54,5 millones de dólares) en gastos operativos para el año fiscal 2025. Con el presupuesto asignado, la Fuerza Aérea solo podía cubrir 31.194 horas de vuelo de las 50.137 programadas, y estimaba que los vuelos solo podrían sostenerse hasta junio de ese año fiscal. La Fuerza Aérea de un Aliado Principal Extra-OTAN que no puede volar sus aeronaves más allá de la mitad del año fiscal no es una fuerza aérea operativa: es una ficción institucional.

El analista Saumeth declaró a NPR y NBC News que no cree que el avión se haya estrellado por falta de piezas adecuadas, dado el overhaul de 2023. Pero añadió que las investigaciones deberán determinar por qué los motores del Hércules, que tiene cuatro hélices, fallaron tan rápidamente tras el despegue. La respuesta puede hallarse no solo en la mecánica del aparato sino en el ecosistema operativo que lo rodea: mantenimiento de pistas, protocolos de carga, experiencia de tripulaciones, frecuencia de operaciones. El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos, declaró a Reuters que se registraron 34 fallecidos en los primeros recuentos. Y en declaraciones a Noticias Caracol recogidas por múltiples medios, el propio alcalde señaló que el aeropuerto de Leguízamo tiene «muchas deficiencias» y que la pista podría ser demasiado corta, aunque aclaró que no podía afirmar que ese fuera el factor determinante del accidente.

Lo que sí puede afirmarse — y esta Mesa de El Ágora lo afirma sin vacilación — es que la degradación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas de Colombia bajo la actual administración no es meramente un asunto de política interna colombiana. Es un asunto de seguridad nacional de los Estados Unidos. Cada C-130 donado, cada hora de entrenamiento conjunto financiada por el contribuyente estadounidense, cada millón de dólares en asistencia de seguridad canalizado a través de la DSCA representa una inversión en la estabilidad del hemisferio que Washington necesita proteger con la misma seriedad con que la desplegó. Cuando un gobierno aliado recorta las horas de vuelo de aeronaves proporcionadas por Estados Unidos, cuando la fuerza aérea de un socio estratégico advierte que no puede operar más allá de junio, la pregunta no es si Washington debe expresar preocupación diplomática — la pregunta es si la arquitectura de cooperación misma necesita ser recalibrada para incluir condiciones de mantenimiento y operatividad verificables.

Los sesenta y seis muertos de Putumayo no murieron en combate contra las disidencias de las FARC ni bajo fuego del ELN. Murieron en un vuelo de transporte rutinario entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, según confirmó la propia Fuerza Aeroespacial. Murieron en una aeronave que los Estados Unidos donaron para que Colombia pudiera defender su territorio, transportar tropas y movilizar ayuda humanitaria. Que esa aeronave cayera segundos después del despegue, en un aeropuerto cuyo propio alcalde describe como deficiente, en un contexto de recortes presupuestarios documentados que han reducido las horas de vuelo y la capacidad operativa de la FAC, constituye un fracaso que trasciende las fronteras colombianas.

La comunidad de Puerto Leguízamo respondió con la dignidad que la crisis exigía. Según reportaron la AP, NBC News y France 24, los habitantes del municipio acudieron al lugar del siniestro antes que los equipos militares de rescate, transportando heridos en motocicletas y camionetas de la Policía, improvisando una cadena de evacuación que el vicealcalde Carlos Claros agradeció públicamente. Las dos únicas clínicas del pueblo atendieron a los heridos antes de que fueran trasladados en aviones medicalizados a Bogotá y Florencia. Ese instinto de solidaridad cívica ante la catástrofe es el mismo que ha sostenido a Colombia a lo largo de seis décadas de conflicto armado que ha cobrado más de 450.000 vidas, según consigna Reuters.

Para los Estados Unidos, la lección estratégica es clara. Colombia sigue siendo un socio indispensable — quizá el más importante de Latinoamérica — en la lucha contra el narcotráfico, la estabilización regional y la contención de la influencia de actores hostiles en el hemisferio. Pero la cooperación en seguridad no puede operar en el vacío: requiere que el socio receptor mantenga las condiciones operativas mínimas para que los equipos transferidos cumplan su función sin convertirse en ataúdes volantes. El próximo gobierno colombiano — sea cual fuere su orientación — heredará unas fuerzas armadas debilitadas por años de recortes y negligencia presupuestaria. Washington deberá exigir, como condición de la continuidad de la asistencia, garantías verificables de que las aeronaves donadas serán mantenidas, operadas y tripuladas conforme a los estándares que la seguridad de sus ocupantes y la seriedad de la alianza demandan.

Los sesenta y seis soldados que perecieron en Putumayo sirvieron a la república colombiana en una de las regiones más peligrosas del hemisferio. Merecían una aeronave que funcionara, una pista que sirviera, una tripulación con horas de vuelo suficientes y un gobierno que priorizara su seguridad por encima de la retórica. No obtuvieron ninguna de esas cosas. Y mientras Bogotá debate quién tiene la culpa, Washington debe preguntarse qué está dispuesto a hacer para que la próxima donación de equipo militar no sea otra ofrenda depositada en un altar de negligencia institucional.