Cuatro periodistas veteranos de Voice of America presentaron el lunes una demanda federal contra Kari Lake, la funcionaria designada por el presidente Donald Trump para supervisar la emisora internacional, alegando que bajo su dirección las transmisiones que alguna vez sirvieron como instrumento de poder blando estadounidense se han convertido en un vehículo de propaganda gubernamental, en violación directa de la ley federal que consagra la independencia editorial de la cadena. La acción judicial, radicada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, nombra también a Michael Rigas, el funcionario del Departamento de Estado recientemente designado como director ejecutivo interino de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos (USAGM, por sus siglas en inglés), la entidad matriz de VOA. La demanda constituye el más reciente capítulo de una batalla legal que lleva ya un año y que plantea una pregunta de arquitectura institucional de primera magnitud para la república: si el instrumento de radiodifusión más antiguo del gobierno federal puede ser convertido, por decisión ejecutiva, en un altavoz de la política de una administración en particular.

Los demandantes son Barry Newhouse, hasta hace poco director interino de la División Central de Noticias de VOA; Ayesha Tanzeem, directora de la División de Asia Meridional y Central; Dong Hyuk Lee, jefe del servicio en lengua coreana; y Ksenia Turkova, periodista del servicio en lengua rusa a quien el régimen de Putin ha designado como agente extranjera, según informó NPR. Las organizaciones PEN America y Reporteros Sin Fronteras (RSF) se unieron a la demanda como codemandantes, junto con el Government Accountability Project, según confirmó RSF en un comunicado.

Los hechos que alega la demanda trazan un patrón que los demandantes caracterizan como una subordinación sistemática de la línea editorial a los intereses comunicacionales de la Casa Blanca. Según reportó la Associated Press, la cobertura de la guerra en Irán transmitida al público iraní por el servicio en persa de VOA no incluyó cifras de víctimas por ataques aéreos estadounidenses ni las perspectivas de líderes políticos y mundiales ajenos a la administración, mientras que el bombardeo de una escuela primaria fue apenas mencionado. El señalamiento es grave porque toca la médula misma de la misión fundacional de Voice of America: la emisora fue creada al inicio de la participación estadounidense en la Segunda Guerra Mundial precisamente para emitir relatos factuales de la lucha contra las potencias del Eje hacia las naciones ocupadas por los nazis, incluyendo las derrotas y reveses aliados junto con las victorias, para construir credibilidad, según documenta NPR.

La demanda alega, además, que VOA se ha visto obligada a transmitir declaraciones de la Casa Blanca prácticamente de manera textual y que emitió fotografías de Trump que The Wrap describe como presentadas en un estilo que los demandantes compararon con las imágenes del régimen norcoreano. Según NPR, el servicio en persa transmitió una retrospectiva laudatoria de una hora sobre el primer año de Trump de vuelta en el cargo, con elogios sin reservas por parte del presentador. La propia Lake apareció en un segmento de cinco minutos durante esa emisión, alabando repetidamente al presidente. Los demandantes también alegan que periodistas de VOA fueron censurados al intentar cubrir el apoyo al hijo del difunto shah en las protestas contra el régimen que estallaron en Irán en enero, según informó NPR.

La dimensión estratégica de estas alegaciones no es menor para los intereses de los Estados Unidos. VOA alcanzaba a más de 360 millones de personas semanalmente a través de 49 servicios lingüísticos en más de cien países antes de las acciones de Lake, según estimaciones oficiales citadas en los expedientes judiciales y reportadas por NPR. Tras la orden ejecutiva del presidente Trump en marzo de 2025 para reducir la huella de Voice of America, Lake despidió a los contratistas de la cadena y colocó a más de mil empleados en licencia administrativa con goce de sueldo, reduciendo los 49 servicios lingüísticos a solo seis, según múltiples fuentes. El juez federal de distrito Royce Lamberth, nombrado por el presidente Ronald Reagan, dictaminó a principios de este mes que las acciones de Lake al frente de la USAGM fueron ilegales, declarando nulas todas sus decisiones del último año, incluidos los despidos masivos, y ordenando la reincorporación de los empleados, según reportaron NPR y PBS.

La administración está apelando ese fallo, según confirmó la Associated Press. Mientras tanto, el presidente Trump ha nominado a la funcionaria del Departamento de Estado Sarah Rogers para asumir la dirección de USAGM de manera permanente, pendiente de confirmación por el Senado de los Estados Unidos, según informó NPR.

La respuesta de la USAGM a la nueva demanda encuadra la controversia en términos que merecen atención directa. Según reportó la Associated Press, la agencia declaró que el dinero de los contribuyentes debe apoyar transmisiones que reflejen la política estadounidense y los intereses del pueblo americano. La agencia añadió en un comunicado que es responsable de la supervisión de sus cadenas y de garantizar el cumplimiento de la carta de VOA, la cual exige periodismo autorizado y preciso que sea reflejo de las políticas de los Estados Unidos y las presente con claridad, según reportó PBS.

Lake, por su parte, ha articulado una visión de la relación entre el gobierno y VOA que eliminaría el cortafuegos tradicional entre ambos. En testimonio ante el Congreso el año pasado, según informó la Associated Press, sugirió que la barrera editorial entre el gobierno y los periodistas de agencias como Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty debería ser eliminada. La propia Lake canceló los contratos de VOA con las agencias de noticias Associated Press y Reuters y negoció un acuerdo para que la cadena transmitiera reportajes de One America News Network, la cadena de tendencia conservadora, aunque dicho contenido no se ha emitido hasta la fecha, según informó NPR.

El abogado principal de los demandantes, Norm Eisen, declaró a NPR que Voice of America ha estado violando las normas constitucionales y estatutarias que le prohíben difundir propaganda o ejercer censura. Los demandantes solicitan al tribunal que otorgue reparación por discriminación de punto de vista, daños nominales y el pago de honorarios legales, según reportó The Hill.

Los propios demandantes emitieron un comunicado conjunto que sitúa el litigio en el terreno del interés nacional. Según la Associated Press, los periodistas afirmaron que la integridad del contenido de VOA no es solo un requisito legal sino que está en el interés nacional, y que durante décadas VOA ha representado el compromiso de los Estados Unidos con la libertad de prensa ante audiencias a quienes se les niega ese derecho en sus propios países. Los demandantes advirtieron que permitir que ese legado se vea comprometido desde dentro no sirve a nadie, y menos que a nadie a los Estados Unidos, según reportó NPR.

La cuestión que subyace a este litigio es tan antigua como la propia Voice of America y tan vigente como la guerra en curso en Irán: si una democracia puede proyectar credibilidad informativa al mundo mientras somete a su emisora estatal a los imperativos comunicacionales de una sola administración. La emisora nació en 1942 con la premisa de que la verdad —incluidas las verdades incómodas sobre las derrotas propias— era el arma más poderosa del arsenal de una nación libre. Ocho décadas después, un tribunal federal en Washington habrá de determinar si esa premisa fundacional sigue siendo ley vigente o si ha sido reemplazada por una concepción distinta de lo que significa hablar en nombre de los Estados Unidos.