El Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció el lunes por la noche el cierre inmediato del Correspondents’ Corridor —el espacio de trabajo que los periodistas acreditados utilizaron durante décadas para cubrir las Fuerzas Armadas y la conducción de la política de defensa nacional— y ordenó la reubicación de la prensa en un anexo exterior aún por construir, en una decisión que altera de raíz la arquitectura física del acceso informativo al cuartel general militar de la república.

La clausura, comunicada por el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, mediante un memorándum publicado en la plataforma X, se produce apenas tres días después de que el juez federal Paul L. Friedman, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, dictaminase que la política de acreditación de prensa del Departamento de Defensa vulneraba las Enmiendas Primera y Quinta de la Constitución, en un fallo que dio la razón a The New York Times en la causa New York Times Co. v. Department of Defense, expediente 25-04218.

Según informó la Associated Press, Parnell declaró que el Departamento discrepa del fallo y persigue una apelación inmediata, pero que entre tanto ha firmado una política de prensa revisada que entra en vigor de manera inmediata. El portavoz argumentó que, tras la decisión judicial, el Departamento determinó que «el acceso sin escolta al Pentágono no puede mantenerse de manera responsable sin la capacidad de examinar a los titulares de credenciales por riesgos de seguridad». La justificación de seguridad fue el eje de la comunicación oficial, un argumento que periodistas y asociaciones profesionales rechazaron enérgicamente.

Bajo las nuevas disposiciones, según reportó CBS News, todos los periodistas que ingresen al edificio del Pentágono requerirán escolta permanente por parte de personal autorizado del Departamento —incluso, señaló The Hill, para desplazarse al cuarto de baño—. Los titulares de credenciales conservarán acceso únicamente para ruedas de prensa programadas, conferencias y entrevistas coordinadas a través de las oficinas de asuntos públicos. Un espacio de trabajo sustitutivo se habilitará en un «anexo» ubicado en los terrenos del Pentágono pero fuera del edificio principal, aunque Parnell no proporcionó fecha alguna para su disponibilidad, limitándose a indicar que «estará disponible cuando esté listo».

El fallo del juez Friedman, emitido el viernes 20 de marzo, constituye una de las decisiones judiciales más significativas sobre libertad de prensa y acceso institucional en la historia reciente del Departamento de Defensa. Según reportó NPR, el magistrado escribió que la Primera Enmienda fue concebida para facultar a la prensa a publicar lo que considere oportuno y al público a leer lo que elija, «libre de toda proscripción oficial». La política del Pentágono, implementada en octubre de 2025, exigía a los reporteros firmar un compromiso que permitía al Departamento revocar credenciales a cualquier periodista que «solicitase» información no autorizada para publicación —aun cuando dicha información no fuera clasificada—.

El juez Friedman determinó que la evidencia «indisputada» demostraba que la política estaba diseñada para eliminar a «periodistas desfavorecidos» y reemplazarlos por quienes estuvieran «a bordo y dispuestos a servir» al gobierno, lo que calificó como una instancia palmaria de discriminación de punto de vista prohibida por la Constitución, según informaron NBC News y la Associated Press. Asimismo, dictaminó que la política violaba la cláusula de debido proceso de la Quinta Enmienda por su vaguedad, al no ofrecer a los reporteros manera alguna de saber cómo ejercer su oficio sin arriesgar la pérdida de sus credenciales.

La dimensión del éxodo periodístico que precedió al litigio carece de paralelo moderno. Según reportó The Hill, más de cincuenta periodistas —entre ellos reporteros de CBS News, ABC News, NBC News, CNN y Fox News— entregaron sus credenciales del Pentágono en octubre de 2025 antes que someterse a las restricciones. Columbia Journalism Review documentó que por primera vez desde la administración Eisenhower, ninguna cadena de televisión ni publicación de referencia mantenía presencia permanente en el edificio. En su lugar, según informaron Axios y la Associated Press, un cuerpo de prensa compuesto mayoritariamente por medios conservadores afines a la administración ocupó los espacios vacantes, incluyendo figuras como la activista Laura Loomer y el exrepresentante Matt Gaetz.

El juez Friedman subrayó la urgencia del acceso informativo en el contexto operativo actual de las Fuerzas Armadas. En su opinión de cuarenta páginas, citada por NBC News, escribió que reconocía la necesidad de proteger la seguridad nacional, la seguridad de las tropas y los planes bélicos, pero que «especialmente a la luz de la reciente incursión del país en Venezuela y su guerra en curso con Irán, es más importante que nunca que el público tenga acceso a información desde una variedad de perspectivas sobre lo que su gobierno está haciendo». Ordenó al Pentágono restituir las credenciales de prensa de siete periodistas de The New York Times y anuló las cláusulas impugnadas de la política, con efecto aplicable a «todas las partes reguladas».

La respuesta del Pentágono al fallo —cerrar el espacio en lugar de restaurar el acceso— provocó condenas inmediatas. La Pentagon Press Association, que representa a más de cien medios acreditados, calificó el anuncio como «una clara violación de la letra y el espíritu del fallo de la semana pasada», según informaron la Associated Press y el Washington Examiner. La asociación señaló que el juez Friedman había ordenado específicamente la restauración del acceso, citando en particular las operaciones militares en curso. «En un momento tan crítico, preguntamos por qué el Pentágono está eligiendo restringir libertades de prensa vitales que ayudan a informar a todos los estadounidenses», declaró la organización.

The New York Times respondió con igual contundencia. Charlie Stadtlander, director ejecutivo de relaciones con los medios del diario, declaró, según reportaron CBS News y CNN: «La nueva política no cumple con la orden del juez. Continúa imponiendo restricciones inconstitucionales a la prensa. Volveremos a los tribunales.» Según informó The Daily Beast, a la tarde del lunes el Departamento aún no había restituido las credenciales de los reporteros del Times, pese a que la orden judicial así lo mandaba de manera inmediata.

Periodistas especializados en defensa cuestionaron la premisa de seguridad esgrimida por Parnell. James LaPorta, productor coordinador de seguridad nacional de CBS News, escribió en la plataforma X que «el tribunal no eliminó la capacidad del Departamento de Defensa de examinar riesgos de seguridad», según recogió Minnesota Lawyer. Meghann Myers, reportera de Defense One, señaló que «los periodistas siempre pasaron verificaciones de antecedentes» para obtener sus credenciales, y que «lo único que hizo esta administración fue intentar castigar a los reporteros que buscaron información más allá de las oficinas de asuntos públicos».

El documento oficial publicado por el Departamento de Defensa —un memorándum con fecha del 23 de marzo de 2026, que reemplaza la política del 6 de octubre de 2025— incorpora la supresión de las cláusulas anuladas por el tribunal pero retiene todas las restricciones de acceso físico, requisitos de conducta y medidas de seguridad que no fueron objeto del litigio, según consta en el documento publicado en el sitio web oficial del Departamento. La política revisada establece que ninguna determinación sobre credenciales se basará en «el contenido, punto de vista o perspectiva editorial percibida» del solicitante o titular.

La disputa se inscribe en un patrón más amplio de tensiones entre la administración y la prensa institucional. Según informaron la Associated Press y Axios, la agencia AP mantiene por separado un litigio ante un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia contra la administración Trump, alegando que la Casa Blanca redujo su acceso a eventos presidenciales como represalia por negarse a utilizar la denominación «Golfo de América» en lugar de «Golfo de México». Diversas organizaciones de noticias —incluidas NPR, PBS y The Washington Post— han interpuesto demandas separadas contra la administración por cuestiones de acceso y libertad de prensa.

La pregunta que ahora pende sobre Arlington no es abstracta ni académica: es si una orden judicial federal que declara inconstitucional una política de restricción informativa puede ser respondida con una nueva restricción que, según múltiples organizaciones de prensa y el propio diario demandante, contraviene el espíritu y la letra de ese mismo fallo. La apelación del Pentágono se dirige al Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, mientras The New York Times anuncia su regreso a los tribunales de primera instancia. En el ínterin, el corredor donde durante generaciones los reporteros estadounidenses cubrieron las guerras, las crisis y las decisiones de la defensa nacional permanece vacío y cerrado, y ningún periodista entra ni sale del cuartel general de las Fuerzas Armadas sin la sombra de un escolta gubernamental.