Hay acuerdos que nacen con la velocidad de una firma y otros que se gestan con la lentitud geológica de las placas tectónicas. El tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea pertenece, sin disputa, a la segunda categoría. Concebido en 1999, negociado en ciclos de entusiasmo y parálisis durante veinticinco años, y anunciado como políticamente cerrado en diciembre de 2024 durante la cumbre del Mercosur en Montevideo, el pacto se adentra ahora en la fase más traicionera de su existencia: la ratificación por las instituciones europeas, donde el voto de cada Estado miembro en el Consejo Europeo constituye un peaje soberano que ningún protocolo comercial puede eludir.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha descrito el acuerdo como un hito histórico para la inserción de América del Sur en las cadenas globales de valor. Y los números respaldan, al menos en su dimensión aritmética, ese entusiasmo. El tratado crearía una zona de libre comercio que abarca aproximadamente 780 millones de personas y un producto interior bruto combinado que supera los 22 billones de dólares. Para el Mercosur — Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, con la reciente incorporación de Bolivia —, el acuerdo eliminaría progresivamente aranceles sobre el 91 por ciento de las exportaciones al mercado europeo. Para la Unión Europea, abriría el acceso preferencial a un mercado sudamericano donde sus productos industriales, farmacéuticos y de servicios enfrentan hoy barreras considerables.

La Comisión Europea, bajo la presidencia de Ursula von der Leyen, ha impulsado el cierre del acuerdo con una determinación que sus críticos atribuyen menos a la convicción libre-cambista que al imperativo geopolítico de contrarrestar la creciente influencia de China en América Latina. Pekín se ha convertido en el primer socio comercial de Brasil, desplazando a la Unión Europea de una posición que ocupó durante décadas. El acuerdo Mercosur-UE, en esta lectura estratégica, no es solo política comercial: es política de contención por otros medios.

Sin embargo, la arquitectura institucional de la Unión Europea exige que el acuerdo atraviese un laberinto de aprobaciones. La Comisión puede negociar, pero no ratificar. El Parlamento Europeo debe dar su consentimiento, y el Consejo Europeo — donde se sientan los gobiernos de los veintisiete Estados miembros — debe aprobar el texto por mayoría cualificada: al menos el 55 por ciento de los Estados que representen al menos el 65 por ciento de la población de la Unión. Es en este cálculo donde las resistencias agrícolas europeas adquieren su potencia aritmética y su capacidad de veto.

Francia ha sido, desde el principio, el adversario más vocal del acuerdo. El presidente Emmanuel Macron ha declarado en múltiples ocasiones que el tratado, en su forma actual, es inaceptable para la agricultura francesa. La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles y otros sindicatos agrarios han organizado protestas masivas — que alcanzaron especial virulencia durante las movilizaciones de agricultores europeos en enero y febrero de 2024 — argumentando que la importación de carne vacuna, pollo, azúcar y etanol sudamericanos, producidos bajo estándares medioambientales y fitosanitarios menos exigentes que los europeos, constituiría una competencia desleal que arruinaría a los productores continentales.

Polonia se ha sumado a esta resistencia con intensidad creciente. El gobierno polaco, sensible a un electorado rural numeroso y políticamente decisivo, ha expresado reservas formales sobre el impacto del acuerdo en su sector agropecuario, particularmente en la producción avícola y azucarera. Austria, Irlanda y los Países Bajos han manifestado en distintos momentos preocupaciones similares, aunque con menor estridencia diplomática. La cuestión es si estos países pueden reunir una minoría de bloqueo suficiente para detener la ratificación en el Consejo.

Para alcanzar esa minoría de bloqueo se necesitan al menos cuatro Estados miembros que representen más del 35 por ciento de la población de la Unión. Francia y Polonia suman juntas aproximadamente 105 millones de habitantes, cerca del 23 por ciento del total. Necesitarían, por tanto, sumar a su causa al menos a otros dos países de peso demográfico significativo — Italia, por ejemplo, o una combinación de naciones medianas — para constituir un bloqueo efectivo. La diplomacia brasileña y la propia Comisión Europea trabajan activamente para evitar que esa coalición cristalice.

El texto del acuerdo incluye disposiciones que intentan atender las preocupaciones europeas. Se establecen contingentes arancelarios — cuotas limitadas — para los productos agrícolas más sensibles, en lugar de una liberalización total. Se incorporan cláusulas sobre desarrollo sostenible, compromisos con el Acuerdo de París sobre cambio climático y disposiciones sobre deforestación que fueron reforzadas en las negociaciones finales de 2024 precisamente para aplacar la oposición francesa. Brasil, por su parte, aceptó un mecanismo de salvaguardia bilateral que permite a cualquiera de las partes imponer restricciones temporales si un aumento súbito de importaciones causa o amenaza causar daño grave a una industria doméstica.

Para Lula, el acuerdo representa además una reivindicación personal y política. El presidente brasileño ha hecho de la diversificación de las relaciones exteriores de Brasil una marca de su tercer mandato, buscando equilibrar la relación con Washington — tensada por las políticas arancelarias de la administración Trump — con vínculos reforzados tanto con Europa como con el Sur Global. En un contexto donde Estados Unidos ha impuesto aranceles del 25 por ciento al acero y al aluminio brasileños y amenaza con gravámenes adicionales, un acuerdo preferencial con la Unión Europea adquiere para Brasilia un valor estratégico que trasciende las cifras de comercio bilateral.

Argentina, bajo la presidencia de Javier Milei, ha adoptado una postura favorable al acuerdo que marca un contraste con la ambivalencia del anterior gobierno de Alberto Fernández. Milei, cuya agenda de liberalización económica y apertura comercial es doctrinariamente coherente con un pacto de esta naturaleza, ha respaldado públicamente la ratificación, aunque los efectos del tratado sobre la industria manufacturera argentina — menos competitiva que la brasileña — generan inquietud en sectores empresariales de Buenos Aires.

Uruguay, históricamente el miembro del Mercosur más entusiasta respecto al acuerdo con Europa, ha presionado durante años por su conclusión y llegó a amenazar con negociar tratados comerciales de forma bilateral, al margen del bloque, si las conversaciones no avanzaban. La firma del acuerdo político en Montevideo constituyó, para la diplomacia uruguaya, una vindicación de esa persistencia.

El calendario legislativo europeo añade una capa adicional de incertidumbre. El Parlamento Europeo, renovado tras las elecciones de junio de 2024, alberga una composición en la que los partidos verdes y ciertas formaciones de la derecha soberanista comparten, por razones opuestas, un escepticismo hacia el acuerdo. Los primeros temen la degradación de los estándares medioambientales; los segundos, la erosión de la soberanía comercial. La Comisión aspira a que el Consejo y el Parlamento completen la ratificación antes de que el ciclo político europeo genere nuevas complicaciones, pero ningún cronograma firme ha sido establecido.

Lo que está en juego excede con mucho la cuestión arancelaria. El acuerdo Mercosur-UE, si se ratifica, constituiría el mayor tratado comercial birregional del mundo y enviaría una señal inequívoca de que el multilateralismo económico conserva capacidad de producir resultados tangibles en una era dominada por la fragmentación geoeconómica, las guerras comerciales y el repliegue proteccionista. Su fracaso, por el contrario, confirmaría la tesis de que las democracias occidentales han perdido la capacidad institucional de consumar acuerdos comerciales ambiciosos — paralizadas por la intersección de intereses sectoriales, ciclos electorales y una opinión pública crecientemente hostil a la globalización.

Veinticinco años después de que los negociadores se sentaran por primera vez a la mesa, el acuerdo Mercosur-UE se encuentra más cerca de la ratificación que en ningún momento de su historia. Pero la distancia que resta no se mide en kilómetros ni en capítulos arancelarios: se mide en la voluntad política de los gobiernos europeos para enfrentar a sus propios agricultores y defender un pacto cuya lógica estratégica es impecable y cuyo coste electoral es real. La historia de la integración económica internacional enseña que esa última milla es, con frecuencia, la más larga.