Cientos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) se desplegaron el lunes en al menos catorce aeropuertos del país para asumir funciones auxiliares de seguridad, en una maniobra sin precedentes ordenada por el presidente Donald Trump para contener las consecuencias operativas más visibles del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que ha dejado a decenas de miles de inspectores de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) trabajando sin remuneración durante más de cinco semanas. La decisión, confirmada por el zar de frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, constituye un ejercicio deliberado del poder ejecutivo para emplear todos los recursos federales disponibles en defensa de la infraestructura de transporte aéreo de la nación en un momento de demanda estacional extraordinaria.

Según informó Reuters, el DHS confirmó el despliegue de cientos de agentes de ICE en aeropuertos que enfrentan problemas significativos de dotación de personal. Los agentes fueron avistados en instalaciones que incluyen el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy y LaGuardia en Nueva York, el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey, el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta —el más transitado del país—, el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago, el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, los aeropuertos George Bush Intercontinental y William P. Hobby de Houston, el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans, el Aeropuerto Internacional Sky Harbor de Phoenix, el Aeropuerto Internacional de Pittsburgh, el Aeropuerto Internacional del Suroeste de Florida en Fort Myers, el Aeropuerto Internacional Hopkins de Cleveland y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín de San Juan de Puerto Rico, según la relación publicada por ABC News y confirmada por NBC News.

El alcance de la crisis que motivó esta decisión estratégica es cuantificable y severo. Según datos de la TSA obtenidos por ABC News, la tasa nacional de ausentismo entre los inspectores de seguridad aeroportuaria alcanzó el domingo aproximadamente un 12 por ciento de la plantilla programada —más de 3.450 trabajadores que no se presentaron a sus puestos—, la cifra más alta registrada desde que comenzó el cierre parcial en febrero. En aeropuertos concretos, las cifras son aún más alarmantes: en el Aeropuerto Internacional Midway de Chicago, según ABC7 Chicago, casi el 30 por ciento de los inspectores reportó ausencia. Según datos del DHS publicados anteriormente, el Aeropuerto Hobby de Houston llegó a registrar una tasa de ausentismo del 55 por ciento en un solo día, el 14 de marzo.

La hemorragia de personal no se limita al ausentismo temporal. NBC News informó que más de 400 inspectores de la TSA han renunciado desde que comenzó el cierre parcial el 14 de febrero, una cifra que el DHS había cifrado en 366 la semana previa. Según la misma fuente, casi la mitad de los empleados que abandonaron la agencia contaban con más de tres años de experiencia, y un tercio superaba los cinco años de servicio. Cada reemplazo requiere entre cuatro y seis meses de formación y certificación, según el propio DHS, lo que significa que las pérdidas actuales tendrán consecuencias operativas que se extenderán mucho más allá de cualquier eventual reapertura del departamento.

Homan explicó en CNN que los agentes de ICE serían destinados a los aeropuertos con los tiempos de espera más prolongados y que sus funciones no incluirían la operación de máquinas de rayos X ni el control directo de pasajeros, sino tareas auxiliares como la vigilancia de salidas de pasajeros, la gestión de filas y el control de multitudes, con el objetivo de liberar a los inspectores de la TSA para concentrarse en las revisiones técnicas de seguridad. La portavoz adjunta del DHS, Lauren Bis, declaró a NPR que el cierre había provocado que más de 400 inspectores abandonaran sus puestos y que miles más se ausentaran porque no podían costear gasolina, guardería, alimentos o alquiler.

En Chicago, según Fox 32, el alcalde Brandon Johnson informó que aproximadamente 75 agentes de ICE cubrirían múltiples turnos en O’Hare a partir del lunes. Johnson expresó públicamente sus reservas sobre la operación. Según ABC7 Chicago, el alcalde declaró que había hablado con el comisionado de aviación de la ciudad y que las filas se movían con productividad, calificando el despliegue de innecesario. Johnson añadió que su administración vigilaría estrechamente la presencia federal para garantizar que los viajeros, sin importar su condición migratoria, pudieran transitar por Chicago sin acoso por parte del gobierno federal. Sin embargo, según reportó el Chicago Tribune, los agentes de ICE desplegados en las terminales 1, 2 y 3 de O’Hare parecían realizar funciones limitadas: al menos una docena fue observada en las salidas del aeropuerto, y varios de ellos revisaban sus teléfonos o conversaban entre sí.

El presidente Trump, por su parte, abordó la cuestión de las mascarillas que los agentes de ICE han utilizado durante operaciones de aplicación migratoria —uno de los puntos centrales de la disputa legislativa con los demócratas—. En una publicación en Truth Social el lunes, Trump indicó que, si bien apoyaba el uso de mascarillas durante operaciones contra criminales, prefería que los agentes no las portaran mientras asistían en los aeropuertos. Según Newsweek, Trump escribió que agradecería profundamente que no se usaran mascarillas al ayudar al país con la situación en los aeropuertos. No obstante, según reportó Block Club Chicago, la mayoría de los agentes de ICE vistos en O’Hare el lunes portaban mascarillas, a pesar de la solicitud presidencial. Según la Associated Press, los agentes en general no utilizaban mascarillas en otros aeropuertos, portaban armas de mano y chalecos tácticos con las insignias de su agencia.

La arquitectura política que subyace a esta crisis es resultado de un enfrentamiento legislativo que la administración ha encuadrado como responsabilidad exclusiva de la oposición. El cierre parcial del DHS comenzó el 14 de febrero, después de que el Congreso no renovara la financiación del departamento. La disputa se originó tras la muerte a manos de agentes federales de inmigración de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Nicole Good y Alex Pretti, en Minneapolis a principios de año, según informó Newsweek. Los demócratas han condicionado la aprobación de fondos para el DHS a la implementación de reformas que incluyen la prohibición de mascarillas para los agentes de ICE, la exigencia de órdenes judiciales para allanamientos y un código de conducta universal, según The Hill.

ICE, a diferencia de la TSA, continúa recibiendo financiación gracias a los miles de millones de dólares asignados a la agencia mediante la ley conocida como ‘One Big Beautiful Bill Act’, aprobada el verano pasado, según informaron Al Jazeera y ABC News. Esta asimetría presupuestaria —en la que los agentes de control migratorio cobran mientras los inspectores de seguridad aeroportuaria no reciben salario alguno— ha sido señalada por los sindicatos como una contradicción insostenible.

La perspectiva de una resolución legislativa mostró señales de movimiento el lunes por la noche. Según Roll Call, tras una reunión en la Casa Blanca entre senadores republicanos y el presidente, legisladores expresaron un optimismo renovado sobre un acuerdo que financiaría todo el DHS excepto la partida principal de ICE, que sería tramitada separadamente mediante el proceso de reconciliación presupuestaria. La senadora Susan Collins, republicana por Maine y presidenta del Comité de Apropiaciones del Senado, declaró a Roll Call sentirse más optimista sobre la posibilidad de financiar el DHS antes del fin de semana. No obstante, la senadora Patty Murray, demócrata por Washington, indicó que no había visto aún el texto legislativo y que no aceptaría nada sin revisar la redacción exacta.

Mientras tanto, el presidente no descartó que los agentes de ICE en los aeropuertos pudieran realizar funciones de aplicación migratoria además de sus tareas de apoyo. Según reportó ABC News, Trump dijo a los periodistas que los aeropuertos son territorio fértil para los agentes. Además, el presidente advirtió que si los agentes de ICE no bastaban para aliviar la situación, desplegaría a la Guardia Nacional, según informaron el Chicago Sun-Times y NBC News.

El sindicato que representa a los inspectores de la TSA —la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE)— rechazó categóricamente la operación. Su presidente, Everett Kelley, declaró que los agentes de ICE no están entrenados ni certificados en seguridad aeronáutica, según NPR. John Pistole, exadministrador de la TSA, advirtió a Axios que el peor escenario posible sería que un agente sin formación pasara por alto una amenaza, permitiendo que un terrorista explotara la brecha para abordar un avión.

Lo que permanece fuera de toda disputa partidista es la realidad operativa que enfrenta el viajero estadounidense. En el aeropuerto más transitado del país, Hartsfield-Jackson de Atlanta, se informó a los pasajeros que debían llegar con al menos cuatro horas de anticipación para vuelos domésticos e internacionales, según CBS News. Algunos viajeros esperaron hasta seis horas el fin de semana, según la misma cadena. En el aeropuerto JFK de Nueva York, los funcionarios suspendieron temporalmente la publicación de tiempos de espera por considerarlos demasiado volátiles para ser fiables, según NewsNation. La administración actuante de la TSA advirtió, según NewsNation, que si las tasas de ausentismo continúan al alza, podría ser necesario cerrar aeropuertos, particularmente los más pequeños.

La decisión de desplegar agentes de ICE en aeropuertos civiles no constituye una improvisación aislada, sino el empleo de un recurso federal operativo ante una crisis causada por la parálisis legislativa. Los Estados Unidos no pueden permitirse que su infraestructura de seguridad aérea colapse durante la temporada de viajes de primavera por una disputa sobre la financiación del departamento que la sostiene. La cuestión que el Congreso debe resolver —y que cada día sin resolver erosiona la seguridad de millones de ciudadanos en tránsito— es si la voluntad política existe para separar lo urgente de lo contencioso y devolver la remuneración a los cincuenta mil trabajadores federales que mantienen en funcionamiento los puntos de control de la nación.