Hay un punto en toda crisis institucional en el que la parálisis deja de ser un fracaso táctico y se convierte en una amenaza estratégica. Los Estados Unidos cruzaron ese umbral el viernes 27 de marzo, cuando las dos cámaras del Congreso aprobaron proyectos de ley mutuamente excluyentes para financiar el Departamento de Seguridad Nacional, se marcharon a un receso de dos semanas sin reconciliarlos y dejaron al comandante en jefe la tarea de garantizar, por decreto y con fondos redirigidos, que los agentes que custodian los aeropuertos de la nación reciban el salario que llevan más de cuarenta días sin cobrar. Esto no es gobierno. Esto es abdicación legislativa en tiempo real, y el precio lo pagan los ciudadanos estadounidenses cada vez que se forman durante cuatro horas y media en una fila de seguridad.

Los hechos son austeros y verificables. A las 2:20 de la madrugada del viernes, tras una sesión maratoniana, el Senado aprobó por consentimiento unánime —es decir, sin un solo voto en contra— un proyecto de ley que financia todas las agencias del DHS excepto el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y partes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Según informó CBS News, la medida excluía a esas agencias porque los demócratas del Senado se han negado durante semanas a aprobar fondos para ellas sin reformas a las operaciones de aplicación migratoria, una postura adoptada tras los tiroteos fatales de dos ciudadanos estadounidenses —Renee Good y Alex Pretti— a manos de agentes federales en Minneapolis en enero. NPR reportó que el proyecto representaba en esencia lo que los demócratas habían exigido desde el principio: separar la financiación de ICE del resto del DHS.

La tinta del voto nocturno apenas se había secado cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, pronunció su veredicto. Según reportó The Hill, Johnson calificó la acción del Senado como «una broma» y declaró: «No vamos a hacer eso.» Los conservadores de la Cámara —en particular el bloque conocido como el Freedom Caucus— se enfurecieron al descubrir que el proyecto no incluía fondos para ICE y carecía de disposiciones sobre identificación de votantes. NBC News informó que Johnson rechazó el proyecto del Senado pese a que había sido aprobado con el apoyo de todos los republicanos del Senado, incluida la dirección del líder de la mayoría, John Thune.

Lo que siguió fue un ejercicio de geometría legislativa sin solución. La Cámara aprobó esa misma noche, por 213 votos contra 203, una resolución temporal que financia la totalidad del DHS —incluido ICE— a niveles del año fiscal 2025 durante sesenta días, hasta el 22 de mayo. Según NBC News, solo tres demócratas votaron con los republicanos: los representantes Henry Cuellar de Texas, Don Davis de Carolina del Norte y Marie Glusenkamp-Perez de Washington. El proyecto fue enviado al Senado, pero el líder de la minoría demócrata, Chuck Schumer, lo declaró «muerto a su llegada» al Senado, según reportó The Hill, advirtiendo que no alcanzaría los sesenta votos necesarios para superar un filibustero.

Y entonces ambas cámaras partieron a un receso de dos semanas.

Que quede claro lo que esto significa para la postura de seguridad de los Estados Unidos. Ha Nguyen McNeill, la administradora interina de la TSA, testificó ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara que las tasas de ausentismo superan el 40% en algunos aeropuertos, que más de 480 agentes de seguridad del transporte han renunciado durante el cierre, y que los tiempos de espera han alcanzado máximos históricos superiores a cuatro horas y media. «Estamos realmente preocupados por nuestra postura de seguridad y por los efectos a largo plazo que este cierre va a tener sobre nuestra fuerza laboral y nuestra capacidad de cumplir esta misión», declaró McNeill, según reportó NPR. La Associated Press informó que más del 11% de los agentes programados para trabajar faltaron a nivel nacional, traducido en más de 3.450 ausencias solo el jueves.

Ante esta situación, el presidente Trump firmó el viernes un memorando ejecutivo que la Associated Press describió como una orden al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, para utilizar «fondos que tengan un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA» para compensar a los empleados. Trump declaró en el documento que el sistema de transporte aéreo de la nación «ha alcanzado su punto de quiebre» y que las circunstancias «constituyen una situación de emergencia que compromete la seguridad de la Nación.» El DHS indicó que los cheques podrían comenzar a llegar el lunes 30 de marzo. Según reportó Federal News Network citando a CBS News, los fondos provendrían de la ley conocida como One Big Beautiful Bill Act, el paquete legislativo republicano de recortes fiscales y gasto que Trump promulgó el verano pasado.

La orden ejecutiva fue, simultáneamente, un acto de liderazgo necesario y una maniobra que reduce la presión sobre el Congreso para resolver la crisis subyacente. The Hill observó que la acción de Trump para pagar a los agentes de la TSA «está eliminando también un punto de presión clave que de otro modo podría impulsar a los legisladores a llegar a un compromiso.» El líder de la mayoría del Senado, John Thune, lo reconoció con candor: según NBC News, Thune dijo que la orden «elimina la presión inmediata», pero añadió que se trata de «una solución a corto plazo.» La paradoja es evidente: al aliviar el síntoma más visible del cierre —el caos aeroportuario—, la orden ejecutiva disminuye el incentivo político para curarlo.

Conviene examinar la fractura que este episodio revela dentro de la coalición republicana. No se trata de una disputa entre partidos, sino de una grieta entre las cámaras del mismo partido que controla el gobierno. El Senado, bajo el liderazgo de Thune, negoció durante semanas un acuerdo que todos los senadores republicanos respaldaron. Johnson no solo lo rechazó sino que, según un reportaje de NOTUS, sugirió en una conferencia telefónica privada con los republicanos de la Cámara que Thune y el Senado habían «cortado las comunicaciones con nosotros.» NBC News reportó que Thune no tiene planes de convocar de regreso al Senado porque la dirección republicana del Senado considera que no tiene sentido seguir otro camino que el del proyecto bipartidista ya aprobado.

Algunos republicanos de la Cámara expresaron su disenso abiertamente. Según NOTUS, el representante Tom Barrett de Michigan advirtió en la conferencia: «Vamos a cargar con la culpa,» mientras la representante Mariannette Miller-Meeks de Iowa manifestó tener «preocupaciones tremendas» sobre la estrategia de Johnson. Pero el Freedom Caucus y la presión de la base conservadora prevalecieron, y Johnson envió a sus miembros de vacaciones con un proyecto que todos en Washington saben que no se convertirá en ley.

Desde la perspectiva del interés nacional, la evaluación debe ser severa. La seguridad del transporte aéreo de los Estados Unidos es una función soberana indelegable. Es la primera línea de defensa contra amenazas terroristas en territorio nacional, y es la interfaz más visible entre el gobierno federal y decenas de millones de ciudadanos y visitantes cada mes. Que esa función se haya degradado hasta el punto de que aeropuertos como el George Bush Intercontinental de Houston, el JFK de Nueva York y el BWI de Baltimore registren tasas de ausentismo superiores al 30% no es una inconveniencia administrativa: es una vulnerabilidad de seguridad nacional. Y que 480 agentes de la TSA hayan renunciado —profesionales entrenados cuya sustitución toma meses— representa una pérdida de capacidad operativa que trasciende cualquier ciclo presupuestario.

La cuestión de la financiación de ICE es legítima y merece un debate vigoroso. Los incidentes de Minneapolis —la muerte de Renee Good a manos de un agente de ICE el 7 de enero y la de Alex Pretti por agentes de CBP el 24 de enero— plantearon preguntas serias sobre los protocolos de uso de fuerza en operaciones de aplicación migratoria. Los demócratas exigen reformas; los republicanos insisten en que la financiación no debe condicionarse. Ambas posiciones contienen argumentos de buena fe. Pero ninguna de ellas justifica que la Guardia Costera, FEMA, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura, y los 60.000 empleados de la TSA sean rehenes de una disputa sobre una agencia que, irónicamente, sigue operando y cobrando gracias a los 75.000 millones de dólares asignados por la One Big Beautiful Bill Act, según reportó la Associated Press.

Lo que los estadounidenses presencian hoy no es gobierno dividido en el sentido clásico del término. Un solo partido controla la Casa Blanca, el Senado y la Cámara de Representantes. Y sin embargo, el aparato legislativo del gobierno más poderoso del mundo no puede financiar a las personas que revisan los equipajes de mano en LaGuardia. La ironía sería cómica si las consecuencias no fueran tan graves.

Cuando el Senado regrese del receso a mediados de abril, el cierre parcial del DHS habrá superado los 56 días. Para entonces, el precedente de la orden ejecutiva habrá quedado establecido: un presidente puede redirigir fondos discrecionales para pagar a empleados federales durante un cierre, un mecanismo cuya legalidad Federal News Network señaló que no está del todo clara. Y la pregunta fundamental permanecerá sin respuesta: ¿puede el Congreso de los Estados Unidos cumplir con su obligación constitucional más básica —financiar las funciones del gobierno— o ha quedado esa capacidad permanentemente comprometida por la dinámica del filibustero, las fracturas intrapartidistas y la polarización que convierte cada voto de financiación en un referéndum ideológico?

La república merece una respuesta. Los 60.000 empleados del DHS que trabajan sin cobrar la exigen.