El gobierno de los Estados Unidos ha desplegado sobre Harvard University la ofensiva regulatoria y litigiosa más concentrada que universidad alguna haya soportado en la historia reciente de la educación superior estadounidense. En un plazo de apenas cuatro días, dos departamentos del poder ejecutivo federal —Justicia y Educación— han convergido en acciones judiciales e investigaciones que, en su conjunto, amenazan con reconfigurar la relación entre la república y su institución académica más antigua, poniendo a prueba los límites del cumplimiento de los derechos civiles en los campus que reciben miles de millones en fondos del contribuyente.

El viernes 20 de marzo, según anunció el propio Departamento de Justicia en comunicado oficial, la División de Derechos Civiles presentó una demanda contra Harvard University por discriminación racial y por origen nacional contra estudiantes judíos e israelíes, en violación del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964. La demanda de 44 páginas, radicada ante el Tribunal Federal de Distrito de Massachusetts, sostiene que tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, Harvard toleró lo que el Departamento de Justicia describe como turbas antisemitas de estudiantes, profesores y visitantes que agredieron, acosaron e intimidaron a estudiantes judíos e israelíes con vínculos raciales, étnicos y nacionales percibidos con Israel.

La fiscal general adjunta Harmeet K. Dhillon, directora de la División de Derechos Civiles del DOJ, declaró según el comunicado oficial del Departamento de Justicia: «Este Departamento de Justicia no tolerará el acoso, la agresión ni la intimidación de estudiantes judíos e israelíes, y Harvard tampoco debería hacerlo.» La fiscal general Pamela Bondi añadió, según reportó The Washington Examiner, que «desde el 7 de octubre de 2023, demasiadas de nuestras instituciones educativas han permitido que el antisemitismo florezca en los campus, Harvard incluida».

La demanda se asienta sobre dos pilares factuales, según el comunicado del DOJ y la cobertura del Boston Globe. Primero, que Harvard ha mantenido una indiferencia deliberada ante un nivel de hostilidad en su campus tan notorio en toda la nación que miembros del Congreso escribían sobre ello. Segundo, que Harvard se negó a aplicar sus propias normas de convivencia contra estudiantes que acosaban a sus compañeros judíos e israelíes. El propio escrito de demanda, según la cobertura de Reason, alega que «estudiantes judíos e israelíes de Harvard University fueron acosados, agredidos físicamente, perseguidos y escupidos» y «se les negó el acceso a instalaciones educativas por manifestantes antisemitas».

La demanda extrae abundante material probatorio del propio Informe del Grupo de Trabajo Presidencial de Harvard para Combatir el Antisemitismo y el Sesgo Anti-Israelí, un documento de más de trescientas páginas encargado por la propia universidad. Según la cobertura de The Harvard Crimson, el grupo de trabajo encontró que estudiantes judíos e israelíes experimentaron hostilidad y exclusión social en el campus, identificó programación académica desequilibrada y «politizada», y recomendó la prohibición de máscaras para facilitar la identificación de manifestantes. La demanda del DOJ alega que Harvard ignoró lo que su propio grupo de trabajo calificó como «la exclusión de estudiantes israelíes o sionistas de espacios sociales y actividades extracurriculares», según el texto de la queja publicado por el Departamento de Justicia.

El caso ha recaído sobre el juez federal de distrito Richard G. Stearns, según informa The Harvard Crimson, quien durante los últimos tres años ha presidido una serie de casos presentados por estudiantes judíos y grupos de defensa que alegan antisemitismo en el campus de Harvard. En fallos previos, el juez Stearns ha señalado que las declaraciones públicas de condena al antisemitismo resultan insuficientes si no van acompañadas de medidas disciplinarias concretas. No obstante, el Primer Circuito de Apelaciones confirmó en octubre pasado la desestimación de una demanda paralela bajo el Título VI contra el MIT, sosteniendo que el discurso antisionista no es inherentemente antisemita.

La demanda busca, según reportó Reason citando el texto judicial, «recuperar miles de millones de dólares en subsidios del contribuyente otorgados a una institución discriminatoria». De acuerdo con datos publicados por el Washington Examiner, Harvard está programada para recibir más de 2.600 millones de dólares en subvenciones activas solo del Departamento de Salud y Servicios Humanos, sin contar fondos de otras agencias federales. Paula M. Stannard, directora de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos, declaró según el comunicado del DOJ que cuando la OCR notificó a Harvard de la violación del Título VI, «reconocimos el compromiso público de Harvard de abordar el antisemitismo, pero encontramos que sus reformas propuestas no cumplían los requisitos del Título VI».

El lunes 24 de marzo, el Departamento de Educación amplió el frente. Según el comunicado oficial del Departamento y la cobertura del Boston Globe, la Oficina de Derechos Civiles (OCR) abrió dos nuevas investigaciones contra Harvard: una sobre si la universidad continúa utilizando preferencias raciales ilegales en sus admisiones pese al fallo de la Corte Suprema en Students for Fair Admissions v. Harvard de 2023, y otra sobre el acoso antisemita en el campus y la presunta falta de protección a los estudiantes judíos.

La secretaria de Educación Linda McMahon declaró, según el Boston Globe e Inside Higher Ed, que «nadie —ni siquiera Harvard— está por encima de la ley. Si Harvard continúa obstruyendo mientras intentamos verificar su cumplimiento básico de los estatutos antidiscriminación, los haremos responsables vigorosamente para asegurar la protección de los derechos de los estudiantes». La OCR emitió simultáneamente una Carta de Acción Ejecutoria Inminente que otorga a Harvard veinte días para entregar los datos de admisiones solicitados desde mayo de 2025 o enfrentar acciones ejecutorias, incluida la remisión al Departamento de Justicia, según informó Inside Higher Ed.

La investigación sobre admisiones se centra en la negativa de Harvard a entregar datos de matriculación que el departamento solicitó en mayo de 2025 para verificar el cumplimiento del fallo Students for Fair Admissions v. Harvard, según reporta The Harvard Crimson. El Departamento de Justicia ya había presentado en febrero una demanda separada, radicada el 13 de febrero de 2026 según informó el propio Crimson, acusando a Harvard de haber «frustrado» y «ralentizado deliberadamente» la investigación federal al negarse a proporcionar datos de admisiones desglosados por solicitante. La directora de la División de Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, declaró en aquella ocasión, según reportó WBUR: «Si Harvard ha dejado de discriminar, debería compartir con gusto los datos necesarios para demostrarlo.»

Harvard ha rechazado las acusaciones con firmeza institucional. En un comunicado publicado en su página oficial de relaciones con los medios el mismo viernes de la demanda, la universidad declaró que «se preocupa profundamente por los miembros de nuestra comunidad judía e israelí» y que «ha tomado medidas sustantivas y proactivas para abordar las causas fundamentales del antisemitismo». La universidad calificó la demanda como «otra acción pretextual y retaliativa de la administración por negarse a ceder el control de Harvard al gobierno federal», según el comunicado oficial de Harvard y la cobertura de NBC News.

El portavoz de Harvard, Jason Newton, añadió el lunes, según el Boston Globe, que la universidad «está firmemente comprometida con confrontar el antisemitismo» y «continúa cumpliendo con la ley en sus prácticas de admisión, incluyendo la decisión de la Corte Suprema en Students for Fair Admissions». Newton caracterizó las nuevas investigaciones como «las últimas acciones retaliativas del gobierno contra Harvard por su negativa a rendirse en su independencia y derechos constitucionales».

El enfrentamiento entre el gobierno federal y Harvard no se desarrolla en el vacío, sino en el contexto de un amplio esfuerzo de la administración para reforzar el cumplimiento de los derechos civiles en las universidades que reciben fondos federales. La Universidad de Columbia alcanzó un acuerdo en julio de 2025 para pagar 200 millones de dólares y resolver las investigaciones de antisemitismo de la administración, según reportaron tanto Reason como la Associated Press. La Universidad Brown acordó pagar 50 millones de dólares destinados a programas de desarrollo laboral estatal, según informó la Associated Press. Harvard, con un fondo patrimonial de 56.900 millones de dólares al cierre del año fiscal 2025 según las cifras oficiales de la propia universidad, posee los recursos financieros para sostener una batalla legal prolongada.

Sin embargo, la universidad registró un déficit operativo de 113 millones de dólares en el año fiscal 2025 —el primero desde la pandemia—, según reportó The Harvard Crimson, en parte debido a la suspensión de subvenciones federales de investigación que redujeron los ingresos por patrocinio federal en un ocho por ciento. Al menos cuatro facultades han despedido personal desde abril, según la misma fuente. El proyecto de ley fiscal republicano firmado en julio elevó la tasa impositiva sobre los rendimientos del fondo patrimonial del 1,4 por ciento al 8 por ciento, lo que Harvard estima costará a la institución aproximadamente 300 millones de dólares anuales, según The Harvard Crimson.

Un juez federal falló en septiembre de 2025 a favor de Harvard en una demanda que impugnaba la congelación de fondos, revirtiendo los recortes. La jueza de distrito Allison D. Burroughs escribió, según la cobertura de Reason y el Boston Globe, que «una revisión del expediente administrativo hace difícil concluir otra cosa que no sea que los demandados usaron el antisemitismo como un biombo para un asalto dirigido e ideológicamente motivado contra las principales universidades del país». La administración apeló esa decisión.

La cuestión que ahora compete a los tribunales federales de Massachusetts —y, en última instancia, a la nación— es si las instituciones que reciben miles de millones de dólares del contribuyente estadounidense cumplen con la obligación elemental de proteger a todos sus estudiantes de la discriminación, o si, como arguye Harvard, la invocación de los derechos civiles constituye un vehículo para objetivos políticos ajenos a la protección de las minorías vulnerables. La respuesta definirá no solo el futuro de la relación entre Washington y Cambridge, sino los contornos del poder federal sobre la educación superior estadounidense durante una generación.