El Departamento de Justicia de los Estados Unidos, erigido durante más de dos siglos como bastión de la aplicación imparcial de la ley federal, ha emprendido bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi una campaña de investigaciones internas dirigidas contra los mismos funcionarios que, durante la administración de Joseph R. Biden, condujeron las pesquisas más políticamente sensibles de la última década: la investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 y la causa relativa al manejo de documentos clasificados hallados en la residencia de Mar-a-Lago. Lo que el gobierno del presidente Donald J. Trump presenta como un ejercicio legítimo de rendición de cuentas, una coalición creciente de juristas, antiguos fiscales federales y organizaciones de defensa de los derechos civiles califica, sin ambages, como la instrumentalización más descarnada del poder punitivo del Estado contra adversarios políticos que haya conocido la república americana en la era contemporánea.

Las nuevas investigaciones, cuyo alcance preciso el Departamento de Justicia no ha detallado públicamente en su totalidad, se dirigen según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto contra al menos una docena de funcionarios de carrera y nombrados políticamente que desempeñaron funciones en la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre los vínculos entre la campaña de Trump en 2016 y operativos rusos, así como en la instrucción llevada a cabo por el fiscal especial Jack Smith en relación con la retención de documentos clasificados y los hechos del 6 de enero de 2021. Smith, que dimitió antes del inicio de la segunda administración Trump, presentó un informe final en el que sostenía que las pruebas reunidas habrían sido suficientes para llevar a juicio al entonces expresidente de no mediar la política del Departamento de Justicia que prohíbe el encausamiento de un presidente en funciones.

Bondi, confirmada por el Senado en enero de 2025 tras una audiencia en la que prometió restaurar lo que denominó la «integridad perdida» del departamento, ha situado estas investigaciones retroactivas en el centro de su mandato. Durante una comparecencia ante el Comité Judicial del Senado celebrada a principios de marzo de 2026, la fiscal general defendió las pesquisas afirmando que existían «indicios serios de conducta indebida, abuso de poder y posible fabricación de pruebas» por parte de funcionarios que actuaron durante las administraciones de Obama y Biden. No presentó, sin embargo, pruebas concretas que sustentaran dichas acusaciones en un foro público, limitándose a invocar la necesidad de proteger la integridad de investigaciones en curso.

La arquitectura de estas investigaciones merece un examen detenido. Según informaciones publicadas por The New York Times y The Washington Post, el Departamento de Justicia ha creado una unidad especial dentro de la División de Seguridad Nacional dotada de fiscales seleccionados personalmente por el despacho de Bondi. Esta unidad opera con un mandato amplio que incluye la revisión de solicitudes de órdenes judiciales presentadas ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera —el llamado tribunal FISA—, la reexaminación de testimonios prestados ante el gran jurado federal y el escrutinio de comunicaciones internas del FBI durante el período comprendido entre 2016 y 2023. La creación de un mecanismo investigador ad hoc, al margen de la estructura ordinaria de la Oficina del Inspector General, ha sido señalada por múltiples exfuncionarios como una anomalía procesal de primer orden.

Entre los nombres que han trascendido como objeto de escrutinio figuran antiguos agentes supervisores del FBI que participaron en la apertura de la investigación Crossfire Hurricane en julio de 2016, así como fiscales de carrera que trabajaron bajo la dirección de Mueller y, posteriormente, de Smith. Varios de estos funcionarios ya han retenido abogados defensores, según fuentes conocedoras de la situación. Al menos dos de ellos han recibido citaciones para comparecer ante un gran jurado federal convocado en el Distrito de Columbia, una circunstancia que eleva las pesquisas del terreno administrativo al penal.

La respuesta de la comunidad jurídica ha sido severa. Más de quinientos antiguos fiscales federales, tanto republicanos como demócratas, firmaron en febrero una carta abierta en la que advertían de que las investigaciones de Bondi constituyen «un asalto frontal contra la independencia de la función investigadora y acusadora del Estado federal». La carta, coordinada por la organización Protect Democracy, argumentaba que la utilización del aparato penal para castigar a funcionarios que cumplieron con su deber estatutario establece un precedente que «envenenará la administración de justicia durante generaciones». El expresidente de la Asociación Americana de Juristas, David Laufman —quien sirvió como jefe de la Sección de Contraespionaje del Departamento de Justicia durante las administraciones de Obama y Trump—, declaró públicamente que lo que se está presenciando es «la conversión del Departamento de Justicia en un instrumento de venganza personal del presidente».

Desde el flanco republicano, la defensa de las investigaciones ha sido igualmente vehemente. El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, ha calificado las pesquisas de «necesarias y largamente esperadas», sosteniendo que la investigación de Mueller fue «un fraude desde su concepción» y que los funcionarios implicados deben responder por lo que Jordan describe como un intento coordinado de derrocar a un presidente legítimamente elegido. El senador por Texas Ted Cruz ha ido más lejos, sugiriendo que el exdirector del FBI James Comey y el exdirector adjunto Andrew McCabe deberían enfrentar cargos penales, aunque ninguno de los dos figura, hasta donde se sabe, entre los investigados formalmente en esta fase.

El contexto institucional es indispensable para comprender la gravedad de lo que se está gestando. La investigación de Mueller, concluida en 2019, resultó en treinta y cuatro acusaciones formales, siete declaraciones de culpabilidad y la condena de varios asociados de Trump, incluidos su exjefe de campaña Paul Manafort y su exasesor de seguridad nacional Michael Flynn, ambos posteriormente indultados. El informe de Mueller no estableció una conspiración criminal entre la campaña de Trump y el gobierno ruso, pero documentó extensamente los esfuerzos de Rusia por influir en las elecciones y la disposición de la campaña a beneficiarse de dichos esfuerzos. Investigar ahora a quienes condujeron esa pesquisa —cuyos hallazgos fueron ratificados por el Comité de Inteligencia del Senado en un informe bipartidista de 2020— equivale, según sus detractores, a reescribir la historia mediante la intimidación.

La dimensión relativa a los documentos clasificados añade una capa adicional de complejidad. La causa instruida por Jack Smith resultó en una acusación formal contra Trump en junio de 2023 por treinta y siete cargos de retención indebida de documentos de defensa nacional y obstrucción a la justicia. El caso fue desestimado por la jueza Aileen Cannon del Distrito Sur de Florida, quien dictaminó que el nombramiento de Smith como fiscal especial era constitucionalmente defectuoso, una decisión que se encontraba en fase de apelación cuando Trump regresó a la presidencia y el caso fue archivado. Que el Departamento de Justicia investigue ahora a los fiscales que llevaron una causa formalmente autorizada por el fiscal general Merrick Garland plantea, en opinión de constitucionalistas consultados por este periódico, cuestiones fundamentales sobre la separación de poderes y la protección de la función acusadora frente a represalias políticas.

Más allá de las cuestiones jurídicas, el efecto disuasorio de estas investigaciones sobre el funcionariado federal es incalculable. Si un agente del FBI o un fiscal de carrera puede ser investigado penalmente años después por haber participado en una pesquisa legítima que incomodó políticamente a un presidente posterior, la capacidad del Estado federal para investigar la corrupción en los niveles más altos del poder queda, en la práctica, neutralizada. Es el mecanismo clásico de la represalia institucional: no hace falta condenar a nadie; basta con investigar para que el mensaje se propague con la eficacia de una doctrina.

El Departamento de Justicia, consultado por esta redacción, declinó ofrecer comentarios específicos sobre las investigaciones en curso, limitándose a emitir un comunicado en el que la portavoz del departamento afirmó que «la fiscal general está comprometida con la aplicación imparcial de la ley y con garantizar que ningún funcionario del gobierno, independientemente de su rango o afiliación, esté por encima de la rendición de cuentas». La formulación, en su aparente neutralidad, encierra la paradoja central de este episodio: la rendición de cuentas, cuando se aplica selectivamente contra quienes investigaron al actual ocupante del poder, deja de ser justicia para convertirse en su antítesis.

Lo que está en juego trasciende las biografías de los funcionarios investigados. Lo que está en juego es si el Departamento de Justicia de los Estados Unidos —la institución que procesó a los conspiradores de Watergate, que desmanteló las redes de la mafia, que litigó los derechos civiles de millones— puede sobrevivir a su conversión en instrumento de vindicación presidencial. La respuesta a esa pregunta definirá no solo el mandato de Pam Bondi, sino la arquitectura constitucional de la república para las décadas venideras.