Existe en el léxico diplomático un término que los negociadores emplean con la cautela del cirujano ante un órgano inflamado: alto el fuego. Presupone, en su formulación más elemental, que los fusiles callan, que los obuses cesan, que la arquitectura civil deja de colapsar. En Gaza, en esta tercera semana de marzo de 2026, la expresión conserva su forma gramatical pero ha perdido buena parte de su sustancia. El acuerdo alcanzado en enero, mediado por Qatar, Egipto y Estados Unidos, logró en su primera fase la liberación de un grupo de rehenes israelíes y de prisioneros palestinos, además de una reducción parcial de las hostilidades. Pero aquella primera fase, concebida como preludio de una resolución más duradera, se ha convertido en un techo y no en un cimiento: la segunda fase permanece estancada, y la violencia no ha cesado con la solemnidad que el documento prometía.

En este contexto de fragilidad extrema, la Cámara de Representantes aprobó esta semana una resolución no vinculante que respalda de manera explícita la estrategia de presión máxima del presidente Donald Trump sobre Hamás. La medida, adoptada con el apoyo mayoritario de la bancada republicana y de un número significativo de demócratas, declara que Estados Unidos condicionará cualquier avance en las negociaciones a la rendición efectiva de las capacidades militares de la organización islamista, a la devolución de todos los rehenes restantes y al desmantelamiento de su infraestructura subterránea en la Franja. La resolución no tiene fuerza de ley, pero su peso político es considerable: traza una línea roja legislativa que dificulta cualquier giro negociador hacia la flexibilidad.

La doctrina de presión máxima no es nueva en el repertorio de la política exterior estadounidense. Trump la aplicó con singular intensidad contra Irán durante su primer mandato, retirando a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 e imponiendo un régimen de sanciones que estranguló la economía iraní sin producir, no obstante, la capitulación estratégica que Washington perseguía. Ahora, trasladada al teatro gazatí, la fórmula enfrenta una dificultad estructural aún más aguda: Hamás no es un Estado con una economía formal susceptible de ser asfixiada mediante instrumentos financieros; es una organización enraizada en el tejido social de un territorio de apenas trescientos sesenta y cinco kilómetros cuadrados donde viven más de dos millones de personas, sometidas a una de las crisis humanitarias más graves del siglo.

Las negociaciones para la segunda fase del acuerdo de alto el fuego, que debería haber abordado la retirada completa de las fuerzas israelíes, la reconstrucción de la infraestructura civil devastada y un mecanismo de gobernanza para la Franja posterior al conflicto, llevan semanas sin avances sustanciales. Las conversaciones en Doha y El Cairo se han topado con un muro de exigencias incompatibles: Israel exige garantías de seguridad que incluyen la permanencia de una zona de amortiguamiento militar dentro de Gaza y la capacidad de realizar operaciones antiterroristas sin restricciones; Hamás rechaza cualquier fórmula que no contemple una retirada total y la reconstrucción plena bajo supervisión internacional. Estados Unidos, que debería ejercer el papel de mediador con capacidad de presión sobre ambas partes, ha optado por una posición que sus críticos consideran desequilibrada: presión máxima sobre un actor y deferencia casi absoluta hacia el otro.

Mientras la diplomacia se fosiliza, la realidad en el terreno contradice con brutalidad cualquier noción operativa de alto el fuego. Esta semana, las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo una serie de ataques aéreos y operaciones terrestres en el centro y el norte de la Franja que, según el Ministerio de Sanidad de Gaza y organizaciones humanitarias internacionales, dejaron decenas de víctimas civiles. Las autoridades israelíes justificaron las operaciones como acciones dirigidas contra infraestructura militar de Hamás y contra combatientes que presuntamente violaban los términos del acuerdo. Las imágenes procedentes del terreno — edificios residenciales reducidos a escombros, hospitales colapsados, familias desplazadas por enésima vez — cuentan una historia que no admite matices retóricos.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas ha reiterado que el acceso de ayuda humanitaria sigue siendo gravemente insuficiente. Los corredores acordados en la primera fase del acuerdo funcionan de manera intermitente y con restricciones que las agencias humanitarias califican de arbitrarias. La Organización Mundial de la Salud ha documentado que varios hospitales del norte de Gaza operan con menos del veinte por ciento de su capacidad, sin suministros quirúrgicos adecuados y con personal médico agotado tras más de un año de conflicto de alta intensidad. El Programa Mundial de Alimentos ha advertido que la inseguridad alimentaria en la Franja alcanza niveles de hambruna en determinadas zonas, particularmente en Beit Hanoun y en los campamentos de Jabalía.

En el Congreso estadounidense, la resolución no vinculante ha generado una fractura reveladora. Mientras la mayoría republicana celebró el voto como una muestra de unidad nacional en torno al presidente, un sector del Partido Demócrata expresó su disconformidad con lo que considera una abdicación del papel mediador de Estados Unidos. La representante por Michigan Rashida Tlaib, de ascendencia palestina, calificó la resolución como una carta blanca para la continuación de las operaciones militares en Gaza. El senador independiente Bernie Sanders, aunque la votación corresponde a la Cámara Baja, emitió un comunicado en el que advirtió que la presión máxima sin contrapeso diplomático no producirá paz sino perpetuación del conflicto.

El gobierno de Israel, por su parte, recibió la resolución con satisfacción pública. El primer ministro Benjamin Netanyahu, que ha apostado su supervivencia política a la prolongación de una postura de seguridad intransigente, agradeció el respaldo de la Cámara y reiteró que Israel no aceptará ningún acuerdo que permita a Hamás reconstruir su capacidad militar. La coalición gubernamental israelí, que incluye a los ministros de extrema derecha Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, ha condicionado su permanencia en el gobierno a la negativa absoluta de cualquier concesión territorial o política a la Autoridad Nacional Palestina en la administración futura de Gaza.

Qatar y Egipto, los mediadores regionales que lograron el acuerdo de enero, han expresado en comunicados diplomáticos su preocupación por el estancamiento de las negociaciones. Fuentes próximas a las conversaciones en Doha, citadas por Al Jazeera y Reuters, señalan que la resolución de la Cámara de Representantes ha endurecido la posición negociadora de la delegación estadounidense, reduciendo el margen de maniobra que los mediadores árabes necesitan para extraer concesiones de ambas partes. La Liga Árabe, en una reunión extraordinaria celebrada en El Cairo, instó a la comunidad internacional a presionar por la implementación completa del acuerdo y denunció lo que calificó de violaciones sistemáticas del alto el fuego por parte de Israel.

Lo que emerge de este cuadro es una paradoja devastadora en su lógica: existe un acuerdo de alto el fuego que las partes invocan como prueba de su voluntad de paz, pero cuya segunda fase nadie parece dispuesto a negociar con la seriedad que exige la magnitud del sufrimiento humano. Existe una resolución legislativa que proclama el compromiso de Estados Unidos con la resolución del conflicto, pero que en la práctica consolida las condiciones para su prolongación. Existe un vocabulario diplomático — alto el fuego, negociaciones, mediación, presión constructiva — que funciona como decorado escenográfico detrás del cual la guerra continúa con su mecánica implacable.

La historia del conflicto israelí-palestino está repleta de acuerdos que fueron celebrados como hitos y que se desmoronaron bajo el peso de su propia insuficiencia: Oslo, Camp David, Annapolis. El acuerdo de enero de 2026 corre el riesgo de inscribirse en esa genealogía de esperanzas frustradas si la comunidad internacional — y en particular Estados Unidos, cuya influencia sobre Israel no tiene equivalente — no asume que la presión máxima sobre un solo actor no es estrategia de paz, sino fórmula de perpetuación. En Gaza, donde los escombros se acumulan sobre los escombros y donde cada semana añade nombres a una lista de víctimas civiles que ya resulta inabarcable, el tiempo no es una abstracción diplomática. Es vida humana que se extingue mientras los negociadores contemplan el reloj.