Un avión de transporte militar C-130H Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que transportaba 128 personas se estrelló la mañana del lunes 23 de marzo apenas segundos después de despegar de la pista de La Tagua, en el municipio amazónico de Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, dejando al menos 66 muertos, cuatro desaparecidos y decenas de heridos en lo que constituye una de las peores catástrofes de la aviación militar colombiana en décadas. El general Hugo Alejandro López Barreto, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, confirmó la cifra de víctimas mortales y precisó que 57 personas fueron evacuadas del lugar del siniestro, según informó la Associated Press.

La aeronave, fabricada por Lockheed Martin y con matrícula FAC 1016, cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, también en el departamento de Putumayo, cuando sufrió una pérdida de altitud catastrófica durante la fase de ascenso inicial. El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que la aeronave impactó contra el suelo a aproximadamente 1,5 kilómetros de la pista de despegue, provocando la detonación de la munición que transportaban las tropas y un incendio de grandes proporciones que consumió el fuselaje, según reportó Al Jazeera. Entre los 128 ocupantes se contaban 115 efectivos del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial y 2 agentes de la Policía Nacional, de acuerdo con las cifras actualizadas proporcionadas por el mando militar colombiano a Infobae.

Videos geolocalizados por CNN muestran la aeronave despegando del aeródromo de Caucayá y perdiendo altitud rápidamente sobre una zona rural antes de desaparecer entre la vegetación selvática. Un bombero identificado como Eduardo San Juan Callejas declaró a Caracol que el avión pareció sufrir un impacto cerca del final de la pista durante el despegue y que una de sus alas golpeó un árbol mientras se precipitaba, según recogió Reuters. Las detonaciones que se escuchan en las grabaciones difundidas en redes sociales corresponden a la munición a bordo que estalló tras el impacto, descartándose por el momento cualquier agresión externa.

El ministro Sánchez fue categórico al señalar que no existían indicios de un ataque perpetrado por grupos armados ilegales, pese a que Puerto Leguízamo se sitúa en una de las zonas de mayor actividad de disidencias de las FARC y redes de narcotráfico en la frontera colombo-peruana. France 24 reportó que la zona fronteriza ha registrado intensa actividad militar en las semanas previas al accidente, en el marco de operaciones conjuntas colombo-ecuatorianas contra cárteles y milicias vinculadas al tráfico de estupefacientes. El general López Barreto ratificó esta evaluación preliminar, indicando que las Fuerzas Militares responderían con «la más absoluta responsabilidad, humanidad y transparencia», según Interesting Engineering.

La respuesta comunitaria en Puerto Leguízamo resultó decisiva en las primeras horas tras el siniestro. Residentes del municipio amazónico fueron los primeros en llegar al lugar del impacto, trasladando heridos en motocicletas y vehículos particulares hacia los dos únicos centros asistenciales de la localidad, cuya capacidad se vio inmediatamente desbordada. El vicealcalde Carlos Claros informó que los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del municipio y que los heridos recibieron atención de emergencia antes de ser evacuados por vía aérea a ciudades de mayor capacidad hospitalaria, según reportaron tanto NBC News como CBS News. El comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Fernando Silva Rueda, confirmó que se desplegaron dos aeronaves con 74 camas medicalizadas para evacuar a los heridos hacia hospitales de Bogotá y Florencia.

El alcalde de Puerto Leguízamo, Luis Emilio Bustos Morales, señaló las deficiencias estructurales del aeródromo local. La pista de aproximadamente 1.200 metros de longitud opera en condiciones de alta temperatura y humedad extrema —factores que, según The Watchers, reducen la densidad del aire y pueden afectar la generación de sustentación y la eficiencia de los motores durante el despegue—, aunque Noticias Caracol precisó que las autoridades aún no han establecido vínculo causal entre estas condiciones y el accidente.

La aeronave siniestrada tiene una historia directamente vinculada a la cooperación en materia de defensa entre Estados Unidos y Colombia. Según el U.S. State Magazine, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos donó el C-130H a Colombia en 2020 bajo el programa de Artículos de Defensa Excedentes (Excess Defense Articles), siendo la primera de tres aeronaves de este tipo transferidas a Bogotá. La publicación turca Türkiye Today, citando registros de defensa, precisó que el aparato llegó a Colombia en septiembre de 2020, había servido previamente en la Fuerza Aérea estadounidense con el número de serie 83-0488, y tenía un valor estimado de aproximadamente 30 millones de dólares. Entre 2021 y 2023, la aeronave fue sometida a mantenimiento programado en depósito en instalaciones de la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana (CIAC), incluyendo una revisión estructural completa y la actualización de sus motores.

Erich Saumeth, analista colombiano de aviación y asuntos militares, declaró a la Associated Press que la aeronave había sido donada por Estados Unidos en 2020 y sometida tres años después a una revisión exhaustiva en la que se inspeccionaron sus motores y se reemplazaron componentes clave. Saumeth descartó que el accidente obedeciera a carencias de mantenimiento, afirmando que las investigaciones deberán determinar por qué los cuatro motores turbohélice del Hércules fallaron tan rápidamente tras el despegue. Un portavoz de Lockheed Martin expresó las condolencias de la compañía y declaró que la empresa estaba comprometida a asistir a Colombia en la investigación del incidente, según informó The Jerusalem Post citando fuentes de Reuters.

El presidente Gustavo Petro aprovechó la tragedia para reiterar su campaña de modernización del equipamiento militar, atribuyendo los retrasos en la adquisición de nuevas aeronaves y helicópteros a lo que describió como «dificultades burocráticas» dentro del aparato administrativo de las Fuerzas Armadas. Newsweek reprodujo declaraciones del mandatario en las que afirmó haber solicitado la compra inmediata de helicópteros y aviones de transporte de tropas para ampliar la capacidad de movilidad en regiones afectadas por el conflicto. Petro, en la recta final de su mandato, advirtió que no concedería más plazos y que los funcionarios civiles o militares que no estuvieran a la altura del desafío debían ser removidos, según consignó The Jerusalem Post. La declaración adquirió inmediata dimensión política en un país que celebrará elecciones presidenciales el 31 de mayo.

El siniestro se inscribe en un patrón preocupante para la aviación militar en América del Sur. Al Jazeera y France 24 señalaron que a finales de febrero otro C-130 Hércules, esta vez de la Fuerza Aérea Boliviana, se estrelló en la populosa ciudad de El Alto durante un aterrizaje, causando al menos 22 muertos, según Flight Global. Ambos incidentes han intensificado el escrutinio sobre la gestión del ciclo de vida de las flotas de transporte militar heredadas en la región, particularmente en naciones donde las restricciones presupuestarias compiten con la necesidad operativa de mantener la conectividad logística en teatros remotos.

Para Estados Unidos, el desastre de Puerto Leguízamo comporta implicaciones que trascienden lo humanitario. Colombia es el principal socio estratégico de Washington en América del Sur, piedra angular de la arquitectura de seguridad hemisférica y receptor de décadas de asistencia militar estadounidense bajo programas que incluyen el Plan Colombia y sus sucesivos marcos de cooperación. La transferencia de C-130H bajo el programa de Artículos de Defensa Excedentes forma parte de un esfuerzo sostenido por fortalecer la capacidad de proyección de fuerza colombiana en regiones donde las disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional y las redes transnacionales de narcotráfico operan con relativa impunidad. Toda degradación de la capacidad de transporte aéreo militar colombiano repercute directamente en la eficacia de las operaciones antinarcóticos que sirven tanto a los intereses de seguridad de Colombia como a los de los Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa colombiano ha abierto una investigación integral que, según Aviation Business Middle East, examinará los factores mecánicos, las condiciones de carga, los parámetros de rendimiento durante el despegue y los registros de vuelo del aparato siniestrado. El general Silva Rueda indicó que los detalles del accidente aún se desconocen, «excepto que el avión tuvo un problema y cayó a unos dos kilómetros del aeropuerto», según declaraciones recogidas por NBC News. Las causas —ya sean fallas mecánicas, condiciones meteorológicas amazónicas, factores operacionales o una combinación de todos ellos— permanecen indeterminadas mientras las familias de 66 uniformados colombianos aguardan respuestas que ninguna investigación, por rigurosa que sea, podrá restituirles lo perdido.